Responsabilidad penal de las personas jurídicas en España

La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una de las transformaciones más profundas que ha experimentado el Derecho penal español en las últimas décadas. Desde su introducción por la Ley Orgánica 5/2010, que rompió con el principio societas delinquere non potest, hasta la consolidación operada por la Ley Orgánica 1/2015, las empresas conviven hoy con un régimen específico de imputación penal que ha obligado a rediseñar sus estructuras internas de control.

Este marco no solo afecta a grandes corporaciones. Cualquier sociedad mercantil, fundación o asociación puede verse sometida a un proceso penal por delitos cometidos en su seno, con consecuencias que van desde la multa hasta la disolución. Comprender su alcance resulta esencial tanto para juristas como para administradores y directivos.

El artículo 31 bis del Código Penal: piedra angular del sistema

El artículo 31 bis CP establece dos vías de imputación diferenciadas para la persona jurídica:

• Por delitos cometidos por representantes legales, administradores o personas con facultades de organización y control (letra a), actuando en nombre o por cuenta de la entidad y en su beneficio directo o indirecto.
• Por delitos cometidos por empleados sometidos a la autoridad de los anteriores (letra b), cuando el incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control haya permitido la comisión del delito.

Este doble modelo, conocido como modelo de autorresponsabilidad, fue clarificado por la STS 154/2016, de 29 de febrero, que sentó las bases interpretativas al considerar que el fundamento de la responsabilidad reside en un defecto estructural en los mecanismos de prevención de la propia entidad.

Delitos que pueden generar responsabilidad

No todos los delitos son atribuibles a personas jurídicas. Rige un sistema de numerus clausus. Entre los más relevantes destacan:

• Estafa y otros fraudes (art. 251 bis).
• Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis).
• Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 328).
• Blanqueo de capitales (art. 302.2).
• Cohecho y tráfico de influencias (arts. 427 bis y 430).
• Corrupción en los negocios (art. 288).
• Financiación del terrorismo (art. 576).
• Delitos informáticos y contra la intimidad (arts. 197 quinquies y 264 quater).

Programas de compliance: la clave para la exención

El mayor incentivo del sistema es la posibilidad de eximir de responsabilidad a la persona jurídica que haya implementado un programa de cumplimiento normativo (compliance) eficaz. El art. 31 bis, apartados 2 y 4, exige que dicho programa cumpla varios requisitos:

1. Haber sido adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión del delito.
2. Contener medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza.
3. Estar supervisado por un órgano autónomo con poderes de iniciativa y control (el llamado compliance officer u órgano de cumplimiento).
4. Que los autores hayan eludido fraudulentamente los modelos de organización.
5. Que no haya existido omisión o ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión.

La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado proporciona pautas interpretativas fundamentales sobre la eficacia de estos programas, exigiendo que no sean meros documentos cosméticos, sino instrumentos vivos, con evaluación periódica de riesgos y cultura de cumplimiento real.

Penas aplicables a las personas jurídicas

El artículo 33.7 CP enumera el catálogo de penas:

• Multa por cuotas o proporcional.
• Disolución de la persona jurídica.
• Suspensión de actividades hasta cinco años.
• Clausura de locales y establecimientos hasta cinco años.
• Prohibición de realizar actividades en cuyo ejercicio se cometió el delito.
• Inhabilitación para obtener subvenciones, contratar con el sector público o gozar de beneficios fiscales.
• Intervención judicial para salvaguardar derechos de trabajadores o acreedores.

La gravedad de estas sanciones justifica la inversión creciente de las empresas en estructuras preventivas.

Entidades excluidas

El artículo 31 quinquies excluye del régimen al Estado, Administraciones Públicas territoriales e institucionales, organismos reguladores, agencias y entidades públicas empresariales, así como a partidos políticos y sindicatos (aunque estos últimos sí responden desde la LO 7/2012). También quedan fuera las organizaciones internacionales de derecho público.

Evolución jurisprudencial reciente

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha ido perfilando el modelo. Tras la citada STS 154/2016, resoluciones como la STS 221/2016, la STS 583/2017 o la STS 747/2022 han reforzado la idea de que el Ministerio Fiscal debe acreditar no solo el hecho delictivo, sino también el defecto organizativo que lo posibilitó. Esta carga probatoria ha sido objeto de debate doctrinal, pero refuerza el papel del compliance como línea de defensa esencial. En la práctica, la defensa penal de la empresa puede apoyarse en abogados especializados en delitos económicos, que valoran si el programa de cumplimiento puede acreditarse ante el tribunal.

Recomendaciones prácticas

Para cualquier empresa que opere en España, resulta imprescindible:

• Realizar un mapa de riesgos penales adaptado al sector y tamaño.
• Documentar políticas, procedimientos y canales de denuncia (reforzados tras la Ley 2/2023 reguladora de la protección de personas informantes).
• Formar periódicamente a directivos y empleados.
• Revisar y actualizar el modelo tras cambios normativos o incidentes.
• Certificar el sistema conforme a estándares como la UNE 19601 sobre compliance penal.

Conclusión

La responsabilidad penal de las personas jurídicas no es una amenaza abstracta: es un riesgo real que puede comprometer la viabilidad de una empresa. Contar con un programa de compliance sólido, dinámico y auditado no es solo una exigencia legal potencial, sino una herramienta estratégica de gestión. Para el abogado, dominar esta materia se ha convertido en una competencia imprescindible; para el empresario, en una inversión que puede marcar la diferencia entre la continuidad y la extinción de su proyecto.