Plan de Modernización de la Justicia: estado de ejecución en 2026

El Plan Justicia 2030, presentado por el Ministerio de Justicia en 2021 como hoja de ruta para transformar la Administración de Justicia con fondos europeos Next Generation EU, alcanza en septiembre de 2026 su fase decisiva. Con más de 410 millones de euros movilizados vía Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y tres leyes estructurales aprobadas —eficiencia digital, procesal y organizativa—, es momento de hacer balance de lo realmente implantado, lo que sigue en despliegue y lo que ha quedado rezagado respecto al calendario original.

Las tres leyes de eficiencia: aplicación efectiva

La columna vertebral normativa del plan la integran tres textos clave:

• Ley 18/2011, modernizada, sobre uso de las tecnologías de la información en la Administración de Justicia.
• Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que unificó en un solo texto las reformas procesales y organizativas tras el bloqueo parlamentario del Real Decreto-ley 6/2023.
• Ley 11/2023, de trasposición de directivas europeas sobre digitalización de actuaciones notariales, registrales y judiciales transfronterizas.

La LO 1/2025 ha supuesto el mayor cambio estructural desde la LOPJ de 1985. Entre sus medidas más relevantes destaca la implantación de los Tribunales de Instancia, que sustituyen a los juzgados unipersonales y agrupan a los jueces de un mismo partido judicial en un órgano colegiado con secciones especializadas. Según datos del CGPJ de julio de 2026, 431 partidos judiciales ya operan bajo este modelo, aunque persisten dificultades en plazas como Madrid, Barcelona y Sevilla, donde la reorganización interna se ha aplazado hasta el primer trimestre de 2027.

Expediente judicial electrónico: luces y sombras

El objetivo de un expediente judicial electrónico único e interoperable para todo el territorio nacional sigue siendo el gran talón de Aquiles. Conviven aún los sistemas Minerva, Justicia.eus, Avantius, Atlante II, Fortuny y otros propios de comunidades con competencias transferidas. El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) ha certificado avances significativos:

1. Carpeta Justicia operativa en todo el territorio desde marzo de 2025, con más de 6,2 millones de accesos ciudadanos acumulados.
2. Interoperabilidad plena en 12 de las 17 comunidades autónomas para el intercambio de exhortos, oficios y comunicaciones LexNET.
3. Firma electrónica cualificada desplegada al 100% en la carrera judicial y fiscal.

Sin embargo, la auditoría del Tribunal de Cuentas de mayo de 2026 advirtió de que el 34% de los órganos judiciales sigue trabajando con documentos en papel de forma paralela, y que la digitalización retroactiva de archivos históricos apenas alcanza el 18% de lo planificado.

Medidas de agilización procesal

La LO 1/2025 introdujo mecanismos concretos para reducir la litigiosidad:

• Medios adecuados de solución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad en el orden civil para asuntos superiores a 2.000 euros, salvo excepciones.
• Procedimiento testigo y extensión de efectos de sentencias en materias de consumo masivo (cláusulas suelo, IRPH, comisiones).
• Refuerzo del juicio verbal y elevación de la cuantía del monitorio.

Los datos del CGPJ correspondientes al primer semestre de 2026 muestran una reducción del 11,4% en la entrada de asuntos civiles frente al mismo periodo de 2024, atribuida principalmente al filtro previo de los MASC. En contrapartida, el Consejo General de la Abogacía Española ha denunciado disfunciones en la certificación del intento negociador, especialmente cuando interviene procurador o mediador no colegiado.

Refuerzo de plantillas y oficina judicial

El plan contemplaba la creación de cerca de 200 nuevas plazas judiciales y la culminación del despliegue de la Nueva Oficina Judicial en todo el territorio. A fecha de hoy:

• Se han convocado y adjudicado 178 plazas de nueva creación (89% del objetivo).
• La Oficina Judicial está implantada en el 76% de los partidos judiciales, frente al 100% previsto para finales de 2025.
• Los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia siguen reclamando la equiparación retributiva prometida en el acuerdo de 2023, con conflictos abiertos que han generado paros parciales durante 2026.

Fondos europeos: ejecución presupuestaria

Según el último informe de seguimiento del Plan de Recuperación publicado en junio de 2026, la Administración de Justicia ha ejecutado el 68,7% de los fondos asignados en el componente 11. Las principales inversiones se han dirigido a:

• Infraestructura tecnológica y ciberseguridad (134 M€).
• Digitalización de archivos y salas de vistas inmersivas (82 M€).
• Formación continua de operadores jurídicos (41 M€).

Bruselas ha advertido en dos comunicaciones informales sobre el riesgo de descompromiso automático de partidas no ejecutadas antes de agosto de 2026, lo que ha acelerado licitaciones en el último trimestre.

Retos pendientes

A menos de cuatro años del horizonte 2030, quedan pendientes cuestiones estructurales:

• Aprobación definitiva de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en trámite parlamentario desde 2020 y con instrucción a cargo del Ministerio Fiscal como piedra angular.
• Especialización de jueces en violencia sobre la infancia (Ley Orgánica 8/2021) y ciberdelincuencia.
• Culminación de la interoperabilidad total con Fiscalía, Notariado, Registro Civil y Fuerzas de Seguridad.
• Reforma de la planta judicial y revisión de partidos judiciales, aplazada sine die.

Conclusión práctica

Para el operador jurídico —abogado, procurador o graduado social— el escenario actual exige adaptación inmediata: dominar la Carpeta Justicia, acreditar correctamente el intento de MASC, gestionar señalamientos telemáticos en Tribunales de Instancia y trabajar con expedientes íntegramente electrónicos. Para el ciudadano, el plan ofrece mayor accesibilidad, pero la disparidad territorial sigue siendo notable. Conviene revisar antes de cada actuación la guía de servicios electrónicos de la comunidad autónoma competente y verificar si el órgano de destino ya opera bajo el nuevo modelo organizativo, pues los efectos procesales de una comunicación mal dirigida pueden ser irreversibles.