Litigiosidad y acceso a la justicia en España: datos clave 2026

España figura, año tras año, entre los países europeos con mayor tasa de litigiosidad. Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe La Justicia Dato a Dato, en 2024 ingresaron en los órganos judiciales españoles más de 6,7 millones de asuntos, lo que sitúa el ratio en torno a los 140 asuntos por cada 1.000 habitantes. Esta cifra contrasta con la media europea, que ronda los 80, y obliga a reflexionar sobre la salud del sistema judicial, las barreras económicas reales y las reformas pendientes tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La fotografía actual: cifras de litigiosidad

Los datos del CGPJ correspondientes al ejercicio 2024-2025 confirman varias tendencias estructurales:

• Jurisdicción civil: concentra cerca del 35% del total de asuntos, con un fuerte peso de los procedimientos monitorios y de los litigios sobre cláusulas abusivas en contratos bancarios.
• Jurisdicción penal: representa aproximadamente el 50% del volumen total, aunque buena parte se resuelve mediante diligencias previas archivadas.
• Jurisdicción social: mantiene una alta presión, con más de 400.000 asuntos anuales, vinculados a despidos, reclamaciones de cantidad y seguridad social.
• Jurisdicción contencioso-administrativa: la más colapsada en términos de duración media, con asuntos que superan los 18 meses de tramitación en primera instancia.

La tasa de pendencia se sitúa de media en 0,7, lo que significa que al cierre de cada año queda sin resolver el 70% del trabajo ingresado, un indicador que viene deteriorándose desde la pandemia.

Comunidades autónomas: una justicia desigual

La litigiosidad no se distribuye de manera homogénea. Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana lideran sistemáticamente el ranking de asuntos por habitante, mientras que Navarra, La Rioja y el País Vasco presentan tasas notablemente inferiores. Estas diferencias responden a factores socioeconómicos —desempleo, vivienda, peso del sector turístico— pero también a la dotación desigual de medios materiales y personales en las distintas comunidades con competencias transferidas en justicia.

El informe del Observatorio de la Justicia y de los Abogados del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) advierte de que la duración media de un procedimiento civil puede oscilar entre los 6 meses en algunos partidos judiciales y los 24 meses en otros, sin que esta disparidad responda exclusivamente al volumen de entrada.

El acceso a la justicia: barreras reales

La Constitución Española garantiza en su artículo 24 el derecho a la tutela judicial efectiva, y el artículo 119 impone la gratuidad de la justicia cuando así lo disponga la ley respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos. Sin embargo, varios indicadores muestran fricciones significativas:

1. Justicia gratuita: en 2024 se reconocieron más de 950.000 expedientes de asistencia jurídica gratuita, conforme a la Ley 1/1996, de 10 de enero. Aun así, los umbrales económicos —vinculados al IPREM— excluyen a una franja creciente de clase media trabajadora que no puede asumir los costes de un procedimiento.
2. Tasas judiciales: tras la STC 140/2016, las tasas para personas físicas quedaron eliminadas. Las personas jurídicas siguen abonándolas conforme a la Ley 10/2012, lo que continúa generando debate sobre la proporcionalidad.
3. Costes indirectos: honorarios profesionales, periciales y desplazamientos suponen, según el CGAE, un coste medio que oscila entre 1.500 y 6.000 euros en un procedimiento civil ordinario.
4. Brecha digital: la implantación de LexNET y los sistemas autonómicos de gestión procesal ha mejorado la eficiencia, pero deja atrás a sectores poblacionales con escasa alfabetización tecnológica, especialmente en el ámbito rural.

Los MASC: ¿solución al colapso?

La Ley Orgánica 1/2025 ha introducido como requisito de procedibilidad en el orden civil el intento previo de un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC): mediación, conciliación, opinión de experto independiente u oferta vinculante. El objetivo declarado es reducir la litigiosidad en al menos un 20% en el medio plazo.

Los primeros datos del año 2025 muestran que el impacto está siendo desigual:

• En materia de familia y arrendamientos, la mediación previa está logrando acuerdos en torno al 30% de los casos.
• En reclamaciones bancarias y de consumo, el cumplimiento del requisito se ha convertido, en la práctica, en un trámite formal que apenas evita la demanda posterior.

La STS 1234/2025, de la Sala Primera, ha aclarado los efectos procesales del incumplimiento del MASC, exigiendo una interpretación flexible que no genere indefensión.

Retos pendientes

El diagnóstico compartido por jueces, abogados y procuradores apunta a varias prioridades:

• Refuerzo de plantillas judiciales: España cuenta con 12 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 21 de media europea (datos CEPEJ 2024).
• Especialización de órganos en cláusulas abusivas, violencia sobre la mujer y mercantil, ya iniciada pero con resultados desiguales.
• Inversión tecnológica real que vaya más allá del expediente digital y permita inteligencia artificial aplicada a la gestión de asuntos repetitivos.
• Revisión de los umbrales de justicia gratuita para adaptarlos al coste de vida actual.

Conclusión práctica

Para el ciudadano y el profesional del derecho, las cifras de litigiosidad no son meras estadísticas: condicionan plazos, estrategias procesales y expectativas razonables. Antes de iniciar un procedimiento conviene valorar seriamente las vías extrajudiciales —ahora obligatorias en muchos supuestos civiles—, calcular con realismo los costes y los tiempos, y consultar con un letrado sobre la viabilidad económica de la pretensión. El acceso a la justicia en España sigue siendo un derecho garantizado, pero su ejercicio efectivo exige información, planificación y, cada vez más, voluntad de explorar soluciones acordadas antes de acudir a los tribunales.