El delito de estafa en España: tipos y jurisprudencia reciente

El delito de estafa es uno de los ilícitos patrimoniales más frecuentes en los juzgados españoles. La digitalización de la economía, el auge del comercio electrónico y la sofisticación de las técnicas de engaño han multiplicado los procedimientos por esta figura, obligando a los tribunales a adaptar su interpretación a nuevas realidades como el phishing, las estafas con criptomonedas o los fraudes mediante inteligencia artificial.

Regulación legal y elementos del tipo

La estafa se encuentra regulada en los artículos 248 a 251 bis del Código Penal, tras la reforma operada por la LO 14/2022, de 22 de diciembre. El artículo 248 CP define el tipo básico: cometen estafa quienes, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Para consultar la redacción completa de estos preceptos y de los artículos que los rodean, puede revisarse el texto del Código Penal español artículo por artículo.

La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo (por todas, STS 763/2022) exige cuatro elementos:

• Engaño bastante: idóneo, precedente y causante del error.
• Error en la víctima como consecuencia directa del engaño.
• Acto de disposición patrimonial realizado por la propia víctima.
• Ánimo de lucro y perjuicio patrimonial evaluable económicamente.

El requisito del engaño bastante ha sido matizado por la doctrina del deber de autoprotección: si la víctima omite mínimas diligencias exigibles, el engaño puede considerarse insuficiente para integrar el tipo.

Modalidades de estafa en el Código Penal

Estafa básica (art. 249 CP)

Se castiga con prisión de seis meses a tres años cuando la cuantía defraudada excede de 400 euros. Si es inferior, constituye delito leve con multa de uno a tres meses.

Estafa agravada (art. 250 CP)

La pena se eleva a prisión de uno a seis años y multa cuando concurren circunstancias como:

• Recaer sobre cosas de primera necesidad o vivienda.
• Realizarse con simulación de pleito o empleo de proceso judicial.
• Cuantía superior a 50.000 euros o afectación a numerosas personas.
• Abuso de relaciones personales o credibilidad empresarial.
• Estafa procesal.
• Comisión mediante cheque, pagaré o letra de cambio.

Si concurren dos o más agravantes, o la cuantía supera los 250.000 euros, la pena se sitúa entre cuatro y ocho años de prisión.

Estafa informática (art. 249.1.b CP)

Tras la reforma de 2022, se sanciona expresamente a quienes, con ánimo de lucro y valiéndose de manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de activos patrimoniales. Este tipo abarca las cada vez más frecuentes estafas de phishing, smishing y suplantación bancaria.

Otras modalidades

El artículo 251 CP tipifica la estafa impropia, que incluye la doble venta, la enajenación de cosa ajena como propia o el otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de otro. Además, el artículo 251 bis contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Jurisprudencia reciente relevante

STS 279/2023: phishing y responsabilidad de la entidad bancaria

El Tribunal Supremo ha reforzado la línea de considerar que en los casos de phishing el banco puede responder civilmente frente al cliente cuando no acredite haber adoptado medidas de autenticación reforzada conforme al RD-ley 19/2018 (transposición de la Directiva PSD2).

STS 517/2023: el deber de autoprotección

La Sala Segunda ha reiterado que el principio de autoprotección no puede llegar al extremo de exonerar al defraudador cuando el engaño es sofisticado. Rechaza así aplicaciones extensivas que dejaban desprotegidas a víctimas que confiaron en documentación aparentemente veraz.

STS 121/2024: estafa con criptoactivos

El Supremo ha confirmado condenas por estafa agravada en esquemas piramidales con criptomonedas, considerando que el uso de plataformas digitales opacas y promesas de rentabilidad irreal integra el engaño bastante, aunque las víctimas tuvieran cierto conocimiento del riesgo especulativo.

STS 654/2024: estafa procesal

Se ha precisado que la estafa procesal (art. 250.1.7º CP) exige que el engaño se dirija al juez mediante alegaciones o documentos falsos idóneos para inducir una resolución que perjudique patrimonialmente a la contraparte o a un tercero.

Diferencias con figuras afines

Conviene distinguir la estafa de:

• Apropiación indebida (art. 253 CP): el sujeto recibe lícitamente el bien y luego lo hace suyo.
• Administración desleal (art. 252 CP): abuso de facultades de administración con perjuicio patrimonial.
• Incumplimiento civil: cuando no existe engaño precedente, sino imposibilidad sobrevenida de cumplir.

La frontera entre el ilícito civil y el penal se ubica precisamente en la existencia de dolo antecedente: solo hay estafa cuando el engaño precede al acto de disposición.

Prescripción y consecuencias accesorias

El plazo de prescripción varía según la pena máxima:

• Estafa básica: 5 años.
• Estafa agravada del art. 250.1 CP: 10 años.
• Estafa hiperagravada del art. 250.2 CP: 15 años.

Además de la pena privativa de libertad, la condena conlleva responsabilidad civil (restitución, reparación e indemnización) y, en su caso, inhabilitación especial o comiso de bienes.

Conclusión práctica

Si ha sido víctima de una estafa, conserve todas las comunicaciones, extractos bancarios y documentación relacionada, y presente denuncia lo antes posible ante Policía Nacional, Guardia Civil o directamente en el juzgado de guardia. En fraudes digitales, comunique de inmediato el hecho a su entidad bancaria para intentar bloquear la operación y reclamar el reintegro conforme a la normativa PSD2. Si es investigado por este delito, resulta esencial contar con asistencia letrada especializada desde la primera declaración, pues la delimitación entre incumplimiento civil y dolo defraudatorio suele ser determinante para el resultado del procedimiento.