Defensor del Pueblo y justicia: informes y recomendaciones 2025

El Defensor del Pueblo, institución regulada en el artículo 54 de la Constitución Española y desarrollada por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, ejerce un papel fundamental en la supervisión de la actividad de las administraciones públicas, incluida la Administración de Justicia. Aunque no puede revisar el contenido de las resoluciones judiciales (en virtud del principio de independencia judicial), sí está habilitado para fiscalizar el funcionamiento administrativo de juzgados y tribunales, así como la actuación de los órganos de gobierno del Poder Judicial en materias no jurisdiccionales. Quien considere vulnerados sus derechos fundamentales por una resolución judicial dispone de otra vía: el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sujeto a requisitos y plazos específicos.

En los últimos informes anuales presentados ante las Cortes Generales, especialmente los correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y el avance de 2025, la institución ha intensificado su atención sobre las disfunciones del sistema judicial español, formulando recomendaciones de alto calado dirigidas al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las comunidades autónomas con competencias transferidas.

Las dilaciones indebidas: una queja recurrente

Uno de los ejes prioritarios de los informes recientes ha sido el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución. El Defensor del Pueblo ha constatado que las quejas relacionadas con la lentitud judicial representan más del 35% de las recibidas en el área de Justicia, según los datos publicados en el informe anual de 2024.

Entre las situaciones denunciadas destacan:

• Señalamientos de juicios civiles y mercantiles con horizontes de dos a tres años en partidos judiciales saturados como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.
• Retrasos sistemáticos en la ejecución de sentencias, especialmente en jurisdicción social y contencioso-administrativa.
• Demoras en la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia, pese a la digitalización del procedimiento.
• Acumulación de asuntos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y en los Juzgados de lo Mercantil tras la reforma concursal de 2022.

La institución ha recomendado al Ministerio de Justicia un plan estructural de refuerzo de plantillas, no meramente coyuntural, así como la aceleración del despliegue de los Tribunales de Instancia previstos en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Asistencia jurídica gratuita y tutela judicial efectiva

Otro bloque relevante de recomendaciones se refiere al derecho a la asistencia jurídica gratuita (Ley 1/1996). El Defensor del Pueblo ha alertado sobre:

1. La disparidad de baremos entre comunidades autónomas para retribuir el turno de oficio, con diferencias de hasta el 60% por una misma actuación.
2. Los retrasos en el pago a los letrados adscritos al turno, que en algunas autonomías superan los seis meses.
3. La necesidad de revisar los umbrales económicos de acceso al beneficio, desfasados respecto al coste real de la vida y al SMI vigente.

La Recomendación formulada en 2024 al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes insta a una reforma integral del sistema retributivo y a garantizar la sostenibilidad de un servicio que, recuerda la institución, es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la tutela judicial efectiva.

Centros penitenciarios y derechos de las personas privadas de libertad

En su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el Defensor del Pueblo emite informes específicos sobre centros de privación de libertad. El informe del MNP de 2024 puso el foco en:

• Sobreocupación en determinados módulos de centros como Madrid VII (Estremera) o Brians 2 (Barcelona).
• Deficiencias en la asistencia sanitaria penitenciaria, especialmente en salud mental, pese a las previsiones de la Ley General de Sanidad y la transferencia pendiente en varias comunidades.
• Carencias en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en los centros de menores con medidas judiciales.

La institución ha reiterado la necesidad de culminar la transferencia de la sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de Salud, obligación que data de la Ley 16/2003 y que sigue sin cumplirse en la mayoría de territorios.

Digitalización, lenguaje claro y atención al ciudadano

El Defensor del Pueblo ha valorado positivamente avances como el expediente judicial electrónico y la generalización de las sedes judiciales electrónicas, pero ha advertido sobre la brecha digital que sufren colectivos vulnerables. Entre sus recomendaciones figuran:

• Garantizar atención presencial efectiva en oficinas judiciales para quienes no pueden o no saben relacionarse telemáticamente.
• Mejorar el lenguaje claro en notificaciones y resoluciones, en línea con la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
• Reforzar la interoperabilidad entre los distintos sistemas autonómicos de gestión procesal.

Eficacia de las recomendaciones

Conviene recordar que las resoluciones del Defensor del Pueblo —sean recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes legales o advertencias— no son vinculantes, pero gozan de notable autoridad moral e institucional. Según los datos de seguimiento publicados, aproximadamente el 70% de las recomendaciones dirigidas a la Administración de Justicia son aceptadas total o parcialmente, aunque su implementación efectiva sigue siendo desigual.

Conclusión práctica

Para abogados, procuradores y ciudadanos, los informes del Defensor del Pueblo constituyen una herramienta diagnóstica de primer orden sobre las disfunciones reales del sistema judicial. Ante una situación que vulnere derechos fundamentales en el ámbito administrativo de la justicia —dilaciones excesivas, falta de respuesta a escritos, demoras en la asistencia jurídica gratuita— resulta recomendable:

1. Agotar las vías internas (quejas ante el órgano judicial, Sala de Gobierno del TSJ o Servicio de Inspección del CGPJ).
2. Presentar queja ante el Defensor del Pueblo a través de su sede electrónica, de forma gratuita y sin necesidad de abogado.
3. Conservar la documentación acreditativa de las gestiones realizadas.

La supervisión externa que ejerce esta institución, lejos de ser un mero trámite simbólico, contribuye a visibilizar problemas estructurales que de otro modo permanecerían invisibles en el ruido cotidiano de los tribunales.