VOX ha presentado 33 recursos ante el Constitucional en esta legislatura

por | marzo 23, 2022

VOX ha recurrido hoy ante Tribunal Constitucional (TC) dos de las últimas acciones del Gobierno, la Ley de ingreso mínimo vital y los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que, a su juicio, acaban con la necesaria caja única de la Seguridad Social. Con este son ya 33 los recursos presentados por el partido de Santiago Abascal en lo que va de legislatura.

En una rueda de prensa a las puertas del Constitucional, el secretario general de VOX, Javier Ortega; la secretaria general del Grupo Parlamentario VOX, Macarena Olona; la vicesecretaria jurídica, Marta Castro, y el diputado por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, han denunciado la inconstitucionalidad de la disposición adicional quinta de la Ley del ingreso mínimo vital y la disposición final trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que «entregan al País Vasco y a Navarra las competencias de materia de Seguridad Social con relación al ingreso mínimo vital», y que, según afirman, «supone una frontal vulneración de la caja única de la Seguridad Social”.

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VOX recurre ante el Tribunal Constitucional la ruptura de la caja única de la Seguridad Social.

@Macarena_Olona «Es una indigna cesión del Gobierno al independentismo vasco quiere destruir todo lo que huela a España». pic.twitter.com/fj5ZlTAvbS

— Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) March 23, 2022

En su recurso de inconstitucionalidad, VOX destaca jurisprudencia del TC (sentencia 7/2016, de 21 de enero) que dice que «el designio perseguido con el acantonamiento del ‘régimen económico’ dentro de la competencia exclusiva del Estado no ha sido otro que el de preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de ‘un régimen público’, es decir, único y unitario de Seguridad Social» que «garantice la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social».

“Debe tenerse en cuenta que en el momento de aprobarse la Constitución había sido ya creada la Tesorería General para hacer efectivos los principios de solidaridad financiera y de unidad de caja”, añadió el tribunal de garantías en dicha resolución.

Con esta jurisprudencia, los 52 diputados de VOX han recurrido la Ley de ingreso mínimo vital y la de Presupuestos. La secretaria general del grupo parlamentario VOX y abogada del Estado en servicios especiales ha explicado que recurren por la «evidente ruptura que supone lo que el Tribunal Constitucional ha convenido en denominar la caja única de la Seguridad Social que debe ser única para toda España y para todos los españoles».

Olona ha tachado de «indigna» y «política» esta cesión de la competencia sobre el ingreso mínimo vital a los territorios forales, y ha insistido en que «por primera vez en la historia desde la aprobación de la Constitución» un Gobierno «rompe voluntariamente el marco constitucional de distribución de competencias en este ámbito».

Según expone VOX en el recurso, “es el legislador estatal el que directamente infringe la Constitución al atribuir fuera de los cauces constitucionalmente previstos, a concretas Comunidades competencias que la Constitución reserva inexorablemente para el Estado”.

“Se rompe por primera vez desde la aprobación de la Constitución, el régimen económico de la Seguridad Social para atribuir la totalidad de funciones y servicios de una prestación pública a cargo de la Seguridad Social a las haciendas forales del País Vasco y Navarra”, denuncia VOX, que recuerda que “la particularidad de los regímenes forales se cine a su contenido estrictamente tributario y, de ningún modo, alcanza al régimen económico de la Seguridad Social, que se financia a través de una caja única de la que se extraen recursos para atender a las prestaciones públicas con carácter general en el territorio nacional”.

De esta forma, critica que el Gobierno de Pedro Sánchez «pisotea de nuevo la Constitución, mostrando un desprecio inaceptable al estado de Derecho y lo hace, además, con el único fin de mantenerse en el poder, habida cuenta de que estas disposiciones se redactaron con un único y claro propósito: el de conseguir el apoyo del nacionalismo vasco a los Presupuestos Generales del Estado».

La secretaria general de VOX ha asegurado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social con carga a la «caja única» deberían ser los únicos que gestionasen la prestación asistencial que se estableció a través del ingreso mínimo vital.

Olona ha recordado que los propios letrados de la Seguridad Social ya denunciaron en comunicado público a través de su asociación profesional que se trataba de una cesión inconstitucional. Y ha insistido en que se produce una «fragante vulneración» por parte del Gobierno de España al atribuir a País Vasco y Navarra la competencia exclusiva que se reserve al Estado.

En su declaración, ha subrayado que es el recurso número 33 que han presentado los diputados de VOX en lo que va de legislatura ante el Constitucional.

LOS RECURSOS

El primero fue contra la fórmula de juramento de los diputados separatistas en el Congreso (13 de febrero de 2020), al que siguió un recurso contra la Inclusión de Pablo Iglesias en el CNI (26 de marzo de 2020), y el recurso contra el primer estado de alarma (28 de abril de 2020).

Después recurrió la suspensión de plazos del Congreso durante la pandemia (11 de mayo de 2020), contra el «cordón sanitario» aplicado a VOX en el Parlamento Vasco (19 de octubre de 2020), el uso del bable en el parlamento asturiano (19 de octubre de 2020), la denegación de los diputados de VOX en Baleares de visitar un centro educativo (5 de noviembre de 2020) y presentó el recurso de inconstitucionalidad contra el segundo estado de alarma y su prórroga de seis meses (6 de noviembre de 2020), y uno de amparo contra el segundo estado de alarma (6 de noviembre de 2020).

También presentó uno amparo tras el veto de la Mesa del Congreso a tramitar la propuesta de VOX para suprimir el Impuesto de Sucesiones (24 de noviembre de 2020), y un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Murcia sobre el Mar Menor (24 de noviembre de 2020).

Ya en 2021 presentó un recurso de amparo por la renovación del CGPJ (19 de febrero 2021), al que siguieron sendos recursos de inconstitucionalidad contra la ‘Ley Celaá’ y la exclusión del castellano como lengua vehicular (25 de marzo de 2021), la Ley Garzón de vivienda (16 de abril de 2021), por la paralización de los nombramientos del CGPJ en funciones (22 de abril de 2021) y contra la Ley gallega de salud (10 de mayo de 2021).

También recurrió la negativa a conceder a VOX el senador autonómico por Cataluña que le corresponde tras los resultados electorales en Cataluña (1 de junio de 2021). Además, presentó sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de eutanasia (16 de junio de 2021), la ‘Ley riders’ (2 de julio de 2021); contra el Decreto 5/2021 del Gobierno de las Islas Baleares que entró en vigor el 7 de mayo (11 de agosto de 2021); contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (1 de septiembre); contra la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (7 de septiembre de 2021); y contra la Ley Orgánica 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (7 de septiembre de 2021).

A estos siguieron recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Canaria 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales; la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19 aprobada por el parlamento vasco; contra el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (interinos) (6 de octubre de 2021); el artículo Segundo.Dos del Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (4 de noviembre de 2021); y contra el Decreto-Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias (16 de diciembre de 2021).

En lo que va de 2022 ha presentado ya un recurso de inconstitucionalidad a la Ley 5/2021, de 5 de noviembre de la Generalitat, reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad Valenciana (9 de febrero de 2022); otro de inconstitucionalidad contra el decreto de plusvalía municipal -Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (10 de febrero de 2022); ha recurrido en amparo la votación en Pleno de la reforma laboral por infracción procedimental (17 de febrero de 2022); la sentencia 1293/2021, de 2 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que deslegitima a la formación para recurrir el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado (11 de marzo de 2022), a los que se suma el de hoy.

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