Una candidatura alineada con el separatismo y otra en clave crítica le disputan la reelección a Maria Eugènia Gay al frente del ICAB

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La polarización política define las elecciones al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).

Pese a que los dos aspirantes con más opciones de llegar al decanato se desmarcan de etiquetas ideológicas, la campaña entre constitucionalistas y separatistas se ha impuesto a las propuetas de programas en los comicios del próximo 3 de junio.

“No entraremos en un debate polarizador porque, además, sería perjudicial para la institución”, exponía María Eugènia Gay este lunes pasado en el acto de presentación de su candidatura, que plantea ampliar las ayudas a los juristas jóvenes y senior, profundizar en la digitalización del colegio y promover la lengua catalana en la Administración de Justicia.

La decana, favorita a la reelección, prefiere mantener el tono institucional y centrar el debate en la gestión de sus cuatro primeros años al frente del ICAB, organismo con gran capacidad de influencia, antes que buscar el enfrentamiento directo con sus competidores.

La principal candidatura alternativa es la encabezada por Gonçal Olivero, que ha denunciado la parcialidad del ICAB por «generar confusión entre un electorado al que se le pone difícil discernir los actos colegiales con los actos electorales».

Como socio de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Oliveros es considerado el candidato del separatismo.

Su campaña mantiene una fuerte crítica contra el equipo de la junta de gobierno colegial saliente, al que reprocha no pronunciarse contra la supuesta vulneración de los «derechos fundamentales» de los líderes independentistas.

Gonçal Oliveros, candidato al ICAB y socio de la Asamblea Nacional Catalana, entidad independentista de la que fue presidente Jordi Sànchez, quien cumple condena por el juicio del «procés».

«La independencia de Cataluña no se juega en estas elecciones», defiende Oliveros, para quien el colegio debe romper con la ‘neutralidad’ estática. «Si en un momento dado hemos de decir algo que suponga una manifestación contundente, tendrá que ser pensada rigurosamente y estudiada desde el punto de vista del derecho». afirma.

Desde las filas de su candidatura, donde figura Anna Boza como aspirante al vicedecanato, consideran beneficioso para los colegiados y la propia institución posicionarse en cuestiones como la condena de Pablo Hasél.

Como socio de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Oliveros es considerado el candidato del nacionalismo. Posicionamiento con el que procura mantener distancias ante un impacto electoral más que calculado. «Todo lo que sea estar en los medios ayuda, porque fomenta el que la gente vote. Pero por otro lado nos perjudica, porque hay compañeros que razonablemente nos votarían y no lo van a hacer porque piensan que vamos a proclamar la república», razona.

Según este letrado, las principales líneas de trabajo de su candidatura se centran en optimizar los recuros económicos, suprimir gastos innecesarios y mejorar los servicios para los colegiados del ICAB. Respecto a la mayor eficiencia, considera que deben respetarse las cuotas en un momento de precariedad y que una fuente de ingresos paralela puede ser la formación para otros colectivos.

«Vamos a crear una oficina de atención al colegiado, no para recibir quejas sino para informar de ayudas, subvenciones y trámites», indica Oliveros. Otra de sus propuestas principales tiene que ver con la necesidad de atajar los retrasos que se sufren diariamente en los juzgados de toda España.

«Hay que amparar a los compañeros para que sepan que detrás tienen un consejo que les apoya. Y aquí es muy importante asumir una labor de ‘lobby’ para la profesión».

En su opinión, existe una desafección entre el ICAB y sus asociados, reflejada en la participación inferior al 20% registrada durante las anteriores elecciones del 2017. «Tenemos que poner el colegio al servicio de los compañeros y no de la carrera profesional».

LA CANDIDATURA CRÍTICA

En esta misma idea del distanciamiento colegial abunda Vanessa González, que concurre por segunda vez como representante del turno de oficio. En esta ocasión cuenta con José Delgado para el cargo de vicedecano y Concepción Cortés para el de secretaria.

Vanessa González, candidata al decanato del ICAB y representante de ALTODO Cataluña.

«Me presento porque creo que es un momento en el que toca hablar de la profesión. Quieren sustraernos el colegio de abogados, tanto poderes políticos como élites, que consideran que el ICAB es la joya de la corona», sostiene González, muy crítica con la gestión de la actual junta, a la que acusa de no haber sabido reaccionar tras la declaración del primer estado de alarma.

«Se tardó mucho tiempo que las asistencias se pudieran hacer por videoconferencia».

En su programa apuesta por impulsar la transparencia de la institución, empezando por el encargo de varías auditorias. «Es necesario que se sepa cómo se ha gestionado el presupuesto de los últimos años. La mayor parte se invierte en personal, pero hay demasiada gente con contratos que, realmente, no representan el grueso del trabajo ni de las necesidades de los servicios que se prestan al colegiado».

También plantea propuestas de ahorro de cara a reducir gastos superfluos, una reducción de las cuotas y una reforma estatutaria que garantice la participación de todos los colegiados en los procesos. Asimismo, González aboga por una defensa del ICAB frente a injerencias externas.

«Será neutral a cualquier posicionamiento político y hay que respetar la pluralidad y libertad ideológica de sus miembros. No se puede consentir que nadie diga que es la joya de la corona y tiene que servir de instrumento para los intereses de los políticos independentistas», asevera.

Como representante de ALTODO Cataluña, reclama más recursos para el turno de oficio. «El dinero tiene que ser para el beneficio de los colegiados y deberían destinarse más fondos a la gestión del turno. Me comprometo a negociar personalmente los modulos de oficio, que son indignantes. Es necesario prestar mucha más al colegiado y contar con personal para justificar las actuaciones».
González hace extensible esta última demanda al resto de letrados para que reciban una defensa corporativa en el ejercicio de su profesión. «El ICAB tiene que ser un referente y el garante de los derechoss de las personas colegiadas que lo sostienen», concluye.

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