Robles critica la «lentitud» de la Justicia y pide al Supremo y al Constitucional que reflexionen sobre ella

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido al Tribunal Supremo (TS) y al Constitucional (TC) que reflexionen ante la «lentitud» de la justicia en España.

Este escenario, para Robles, es el «verdadero problema» y no la concesión de indultos con carácter «puntual» que están previstos en la ley.

En una entrevista concedida a Europa Press, la ministra ha hecho alusión a procesos como los ERE en Andalucía y, aunque ha manifestado su respeto por la Sala de lo Penal del Supremo, ha manifestado que resulta difícil entender que se pueda adelantar un fallo y todavía no se conozca el contenido de la sentencia.

«Tenemos que hacer una reflexión muy seria porque la justicia que es lenta es menos justicia», ha argüido, sin hacer referencia alguna a que la sentencia, aunque redactada y escrita, no se ha hecho pública porque las dos magistradas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo, que formaban parte del tribunal no habían redactado su voto particular. Y no se puede entregar la sentencia sin dicho voto particular.

De la misma manera, Robles ha mostrado «cierta preocupación» por el retraso que hay en el TC.

«No es aceptable que en casos como, por ejemplo, la ley del Aborto el TC no haya resuelto todavía», ha criticado la titular de Defensa.

Con todo, la también magistrada en excedencia ha enfatizado que en España hay un «problema que va más allá de los indultos» y es que la justicia es «muy lenta».

A su juicio, el indulto «tiene que tener una aplicación extraordinaria, pero está establecido en la ley para casos concretos» y ha precisado que, en ocasiones «siempre excepcionales», «el indulto es un complemento de la propia sentencia».

EL PP «VULNERA» EL MANDATO CONSTITUCIONAL

Para Robles, la lentitud de la justifica entronca con el bloqueo para renovar el órgano de elección de jueces. «Es absolutamente incomprensible», ha criticado Robles, que ha arremetido contra el PP por tener al CGPJ «como rehén».

«Todos pensábamos que Alberto Núñez Feijóo, cuando llegara iba a tener esa visión de Estado de la que él hace gala, y todavía no se ha procedido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Eso no es aceptable porque es un incumplimiento absoluto de la Constitución y eso nos debería preocupar mucho», ha advertido.

En esta clave, ha lamentado que el PP esté «incumpliendo un mandato constitucional». «Es algo que tendría que inquietar porque es una vulneración clarísima de los mandatos de la constitución y es un menosprecio hacia uno de los poderes del Estado como es el Poder Judicial», ha añadido.

A renglón seguido, ha afeado que incluso Pablo Casado «hacía gala» de la no renovación del CGPJ y espera que Fejóo tenga sentido de Estado y no tarden «ni un minuto más» en desbloquear el Consejo.

Eso sí, la ministra confía en que en septiembre se proceda al menos a la renovación parcial del Constitucional, que sólo depende del del CGPJ y del Gobierno. «No podemo

La ministra de Defensa, la magistrada en excedencia Margarita Robles, cree que «no se debe tener miedo» a reformar el Código Penal para adaptarlo a la realidad social del momento, pero siempre con «sosiego y calma» y evitando hacerlo «en caliente» o para «un caso concreto».

Así se ha expresado en una entrevista con Europa Press sobre la reclamación de los independentistas para modificar los delitos de rebelión y sedición del Código Penal y la posibilidad de que eso pudiera facilitar el regreso a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y otros independentistas huidos de la Justicia española.

«A reformar el Código Penal nunca hay que tener miedo porque el Código Penal es una respuesta a las exigencias de la realidad social», explica puntualizando que hace esta reflexión «con carácter general» y sin relacionarlo expresamente con las aspiraciones de los independentistas.

Robles, jurista de profesión, explica que la realidad de 2022 es «completamente diferente» a la de 1995, fecha de la que data el Código Penal, por lo que «no hay que tener miedo a hacer unas modificaciones».

Y aunque dice que no quiere hablar de ningún delito concreto, sí apunta que ahora «la forma de atentar contra la seguridad del Estado no tiene que ser necesariamente de una forma física, sino que puede ser mediante el uso de amenazas híbridas o de otro tipo».

Así, avisa de que cualquier reforma debe hacerse siempre en respuesta a una exigencia social. «El Código Penal es la Constitución en negativo, tiene que ser la excepción y no la regla. Por tanto, no hay que tener miedo cuando la realidad se impone y haya cambios en el Código Penal hacerlo con absoluta normalidad», insiste.

«NADA PEOR» QUE REFORMAR SIN PRUDENCIA

Pero remarca que cualquier modificación tiene que realizarse «con mucho sosiego, tranquilidad y calma». «Yo, que vengo del mundo del derecho, sé que no hay nada peor que se puedan hacer modificaciones del Código Penal sin el sosiego y sin la prudencia necesarias porque no responde luego a la realidad social y a las exigencias», advierte.

De esta manera, rechaza la petición del presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, apremiando a PSOE y a ERC a abordar la reforma del delito de sedición porque cree que su derogación «facilitaría el posible retorno» de los políticos independentistas en el extranjero.

Esta modificación fue uno de los compromisos alcanzados entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña en la reunión de la mesa de diálogo celebrada la pasada semana, en la que sin embargo se constató la dificultad para alcanzar la mayoría parlamentaria que lo permita.

«PRUDENCIA Y SENTIDO DE ESTADO»

Robles insiste en que se trata de asuntos que se deben abordar «con mucha prudencia y sentido de Estado» e intentando «llegar al máximo acuerdo», ya que el Código Penal es «una de las leyes más importantes de cualquier democracia».

«Las reformas del Código Penal tienen que hacerse porque son una necesidad social, nunca para un caso concreto. Siempre hemos dicho que no hay que legislar ni en caliente ni para un caso concreto; hay que legislar atendiendo a una realidad social», zanja la ministra.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró partidario a la reforma del Código Penal para los delitos de rebelión y sedición, pero aseguró que no ve mayoría parlamentaria para hacerlo y que, si la hubiera, el Gobierno la plantearía «como no puede ser de otra manera».

Este compromiso se sitúa dentro del acuerdo para la «desjudicialización» que también salió de la mesa de diálogo con Cataluña y que Sánchez sostuvo que no se trata de una cuestión «de opinión política», sino que España tiene que «homologarse» en ese tipo de delitos a otros países como democracia «consolidada que es».

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