Problemas de operativa para las empresas que tributan en refugios fiscales

Antigua y Barbuda, Belice y Seychelles han sido las últimas incorporaciones a la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, que asciende a un total de 16. A estos refugios financieros, que se distinguen por su opacidad legal y donde la carga tributaria es escasa o nula, recurren un elevado número de empresas, también españolas.

Según el Global Tax Evasion Report 2024, el 15,6% de los beneficios empresariales de las multinacionales españolas se desvía a paraísos fiscales. Además, las grandes fortunas españolas acumulan 140.000 millones de euros en territorios offshore, una cantidad que supone el 11% del PIB.

Domiciliar una compañía en una jurisdicción donde la transparencia brilla por su ausencia es una estrategia que busca maximizar la rentabilidad, pero lleva aparejados inconvenientes. Alba Rodríguez, socia y abogada del despacho Círculo Legal Madrid señala que, antes de optar por esta vía, “hay que considerar los riesgos legales y de cumplimiento, las dificultades en las relaciones bancarias y el impacto negativo en la reputación y la percepción pública”.

Infiernos tributarios

Una de las consecuencias directas de la evasión fiscal es la erosión del estado del bienestar en los países con una fiscalidad menos atractiva. “Los denominados infiernos tributarios se ven perjudicados porque pierden una cantidad importante de recaudación vía impuestos”, indica Rodríguez. En este sentido, la Hacienda española deja de ingresar alrededor de 3.400 millones de euros anuales.

Para hacer frente a esta pérdida de dinero, los países contrarios a la laxitud fiscal ponen el acento en una política continua de desincentivación del uso de las sociedades offshore con el fin de “proteger sus ingresos fiscales y combatir el fraude, la evasión y los abusos fiscales”, puntualiza la abogada.

En 2021, la OCDE acordó un impuesto mínimo global del 15% sobre las multinacionales, una medida que entró en vigor el pasado mes de enero y que se calcula que podría generar unos ingresos fiscales de 200.000 millones de dólares. Sin embargo, muchos lo consideran insuficiente, reclamando una reforma más ambiciosa.

Mayor control

Para Rodríguez, “la planificación fiscal internacional responsable y el cumplimiento de la normativa vigente deben ser prioritarios en la estrategia corporativa para asegurar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de la empresa”.

La letrada insiste que en “residir en un paraíso fiscal no es sinónimo de irregularidades, pero sí es una amenaza para la estabilidad económica global”, por eso aconseja a las compañías “valorar si merece la pena exponerse a las dificultades que afectarán a la operativa de sus relaciones comerciales”.

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