Pagazaurtundúa lanza la web ‘Cartografía del odio’ para encarar el debate sobre la tipificación del delito de odio como eurodelito

por | abril 4, 2022

La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, lanza la web Cartografía del odio y organiza talleres de trabajo con vistas a encarar el delito de odio como eurodelito.

Pagazaurtundúa defiende «la necesidad de abordar el debate técnico y social pendiente sobre los delitos y discursos de odio, para legislar mejor y proteger los derechos de los ciudadanos y el Estado de Derecho, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, que el pasado mes de diciembre presentó una propuesta para convertir los delitos de odio en delito grave de ámbito europeo, junto a la trata o el narcotráfico.

“Tenemos que poder hablar de este tipo de delitos sin que se convierta ni en un tabú analizarlo ni en una guerra de guerrillas ideológica. Porque si no, en el barullo, las víctimas quedan solas y, lo que es peor, bajo sospecha”, señaló Pagazaurtundúa el pasado viernes en la inauguración de una Jornada sobre Odio e Intolerancia Política celebrada en Barcelona.

Hemos presentado en Barcelona la web https://t.co/m5OnOPl7OQ y lanzado grupos de trabajo para debatir sobre el delito de odio.
Tenemos que protegernos de los discursos de odio porque socavan el pluralismo y la dignidad humana.

— Maite Pagazaurtundúa (@maitepagaza) April 1, 2022

En la jornada intervinieron, entre otros, Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional en la UNED; Félix Ovejero, profesor de Filosofía Política en la Universidad de Barcelona; y Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona.

«El discurso de odio no se encuentra amparado por la libertad de expresión, pero no todos los discursos que nos inquietan son de odio. Es necesario encarar el debate para poder marcar el perímetro de la libertad de expresión y diferenciar discursos hostiles y discriminatorios del odio puro y duro. Diferenciar lo que puede ser abordado desde el reproche social, el derecho administrativo o el penal”, manifestó Pagazaurtundúa.

“Necesitamos, por supuesto, entender y proteger mejor a las víctimas de los delitos por odio de motivación social. Tenemos que protegernos y ser más eficaces contra los discursos de odio porque atentan contra el pluralismo y la dignidad humana, pilares de nuestra democracia”, añadió.

El estudio Cartografía del Odio, que ahora cuenta también con una web en español e inglés, muestra incidentes y discursos de odio al alza, y en España incremento y normalización de discursos de hostilidad ideológica, así como discriminatorios. «España ha sufrido décadas de propaganda terrorista y ahora, por otras circunstancias políticas, la polarización y la hostilidad ideológica ha inundado el debate público. En otros tipos de vulnerabilidad o discriminación social también hay actores normalizando discursos discriminatorios”, ha expuesto Pagazaurtundía.

Según informa, el análisis pormenorizado de los 80.000 datos recopilados revela que «entre 2015 y 2020 existen 225 actos de odio donde no hay una única motivación o grupo atacado, sino que una vez que el odio se manifiesta, se desata en distintas formas y contra personas de diferentes grupos».

Por ejemplo, ha destacado que en 2019 en España se registraron 22 actos en los que los ataques a profesionales de las Fuerzas de Seguridad y/o sus familias se manifestaban simultáneamente como actos de intolerancia política, todos ellos en el contexto de Cataluña. «Para los agresores, las Fuerzas de Seguridad, los políticos constitucionalistas y los miembros del sistema judicial, es legítimo señalar, perseguir y atacar, provocando que muchos de estos incidentes deban ser catalogados como ataque al Estado de Derecho en España», subraya esta eurodiputada, que el pasado mes de enero volvió a advertir a Bruselas de «los ataques al Poder Judicial de los socios del Gobierno».

Las dificultades de categorización y tipificación de todos estos fenómenos relativamente recientes son los que han empujado a Pagazaurtundúa al contraste con expertos del mundo universitario, como el celebrado en Barcelona, para mejorar el análisis y así poder ayudar “a mejorar los criterios acerca de lo que es punible y lo que no lo es, lo que podemos abordar de manera transnacional o no. Y, a la vez, analizar de forma atinada el alcance de la libertad de expresión y su perímetro”.

Pagazaurtundúa presentó el pasado diciembre en Madrid el resultado de este trabajo de dos años de investigación sobre los incidentes y delitos de odio y discriminación registrados de 2015 a 2020 en seis países de Europa, entre ellos España, que «abre los ojos sobre una realidad que crece imparable y que provoca miles de víctimas, aunque nueve de cada diez personas que sufren agresiones por odio en Europa no denuncian».

EL LIBRO PARA DESCARGAR 

Esta eurodiputada creció en un entorno social de intolerancia y odio político y conoce empíricamente el acoso, la hostilidad y la intolerancia. ETA asesinó a su hermano Joseba, militante del PSE, en 2003 tras años de amenazas, acoso y agresiones. 

Tras el crimen, años después Pagazaurtundúa salió del País Vasco. «Nos dimos cuenta de que nuestras hijas estaban viviendo en un entorno muy hostil para identificar el bien y el mal y pensábamos que eso les iba a generar enormes problemas», explicó en una entrevista en Confilegal, en la que reivindicó que «los socialistas, los ‘populares’ y Ciudadanos tendrían que estar unidos en la defensa de la arquitectura democrática de nuestro país».

Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional en la UNED.

Jornada ‘Odio e Intolerancia Política. Análisis jurídico y perspectivas sociales para evitar la discriminación’, con Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional en la UNED; Antonio Hermosa, catedrático de Filosofía Antigua de la Universidad de Sevilla; Manuel Toscano, doctor en Filosofía y profesor titular de Filosofía Moral en la Universidad de Málaga; y Miguel Ángel Quitana Paz, director académico del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP) de Madrid.

Vidal destacó en su ponencia que la cláusula específica de prohibición de la discriminación que se refiere habitualmente a las minorías étnicas, sexuales, religiosas, las personas con discapacidad y los inmigrantes.

“Pero el concepto de minoría étnica no necesariamente debe vincularse a la pertenencia a otra raza; creo que, por ejemplo, en determinados lugares podría considerarse minoría étnica aquel grupo de ciudadanos que, en un entorno separatista, desean continuar formando parte del Estado al que ese territorio pertenece. Se trataría de una minoría que se identifica por la lengua que utiliza, por algunos rasgos culturales y por su sentimiento de pertenencia a la comunidad política de la que desea separarse la aparente mayoría social, en muchos casos artificialmente construida y exagerada. Si bien a veces no será posible llegar a hablar de discurso del odio, sí se trata de acoso discriminatorio”, expuso.

Por su parte, Ovejero destacó en su ponencia que la libertad de expresión es inseparable de la regulación pública. “Porque la libertad de expresión requiere garantías para ejercerse. Por ejemplo, para prevenir frente al odio concreto. Asistir a un mitin de ciertos partidos en determinados lugares o pasearse con una bandera constitucional o reclamar el cumplimiento de las sentencias judiciales en algunas regiones es imposible sin protección policial: el ejercicio de derechos y libertades no se puede sostener en el heroísmo de los ciudadanos”.

“La presencia de puntos de vista contrapuestos, el respeto a las personas y la posibilidad de réplica requieren leyes y los poderes públicos. Dicho de otro modo, sin jueces y policías, sin el Estado, no funciona el vínculo entre la libertad de expresión y la preservación de la democracia”, planteó.

Rafael Arenas resaltó en las conclusiones que debe diferenciarse entre actuaciones o declaraciones de particulares y del poder público: “Este último no goza de la libertad de expresión y está rígidamente ligado a los principios democráticos y demás elementos estructurales de la identidad de la comunidad política en cuanto a tal, resultando necesario rechazar cualquier complicidad con grupos, dentro de esa comunidad política, identificados a partir de elementos como la religión, la raza, la lengua o la ideología”.

“Esta complicidad es especialmente grave cuando implica tolerancia hacia la utilización de la violencia contra otros grupos dentro de la sociedad”, agregó.

Entre los expertos que han colaborado en el trabajo ‘Cartografía del odio’ se encuentra Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, quien insiste en que se avance hacia una legislación integral de protección universal de la víctima del delito de odio, para abordar esta lacra en todos los ámbitos desde la prevención hasta la sanción y la asistencia a la víctima, y que se impulse la educación en valores cívicos para la convivencia democrática. 

«Como decía Elie Wisel, premio Nobel de la Paz y sobreviviente del Holocausto, ‘quien no recuerda, pierde su humanidad’», concluye Ibarra, cuya asociación ha cumplido 30 años de activismo frente a los delitos de odio.

Pagazaurtundúa, figura destacada del asociacionismo cívico de apoyo a las víctimas del terrorismo, ha participado en diferentes movimientos sociales e iniciativas por la libertad tanto en España como en otros países, y lleva décadas combatiendo el terrorismo, el discurso del odio y las identidades obligatorias y excluyentes. También se ha distinguido por su labor de concienciación a nivel internacional de los peligros de la deriva independentista del gobierno catalán.

Su actividad ha sido reconocida con múltiples galardones como el Premio Sájarov a los Derechos Humanos en 2000 -como miembro fundador de ‘¡Basta Ya!’- o la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional en 2003. En 2005 formó parte de una candidatura colectiva al Premio Nobel de la Paz.

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Diferenciar lo que puede ser abordado desde el reproche social, el derecho administrativo o el pe-
nal”, explicó.
“Necesitamos, por supuesto, entender y proteger mejor a las víctimas de los delitos por odio de
motivación social. Tenemos que protegernos y ser más eficaces contra los discursos de odio porque
atentan contra el pluralismo y la dignidad humana, pilares de nuestra democracia”, añadió Pagaza.
“El estudio Cartografía del Odio, que a partir de hoy cuenta también con una web en español e inglés,
muestra incidentes y discursos de odio al alza y, desde luego, en España incremento y normalización
de discursos de hostilidad ideológica, así como discriminatorios. España ha sufrido décadas de pro-
paganda terrorista y ahora, por otras circunstancias políticas, la polarización y la hostilidad ideológica
ha inundado el debate público. En otros tipos de vulnerabilidad o discriminación social también hay
actores normalizando discursos discriminatorios”, apuntó.
El análisis pormenorizado de los 80.000 datos recopilados revela que entre 2015 y 2020 existen 225
actos de odio donde no hay una única motivación o grupo atacado, sino que una vez que el odio se
manifiesta, se desata en distintas formas y contra personas de diferentes grupos. Por ejemplo, en
2019 en España se registraron 22 actos en los que los ataques a profesionales de las Fuerzas de
Seguridad y/o sus familias se manifestaban simultáneamente como actos de intolerancia política,
todos ellos en el contexto de Cataluña. Para los agresores, las Fuerzas de Seguridad, los políticos
constitucionalistas y los miembros del sistema judicial, es legítimo señalar, perseguir y atacar, provo-
cando que muchos de estos incidentes deban ser catalogados como ataque al Estado de derecho
en España.
Las dificultades de categorización y tipificación de todos estos fenómenos relativamente recientes
son los que han empujado a Pagaza al contraste con expertos del mundo universitario, como el ce-
lebrado hoy en Barcelona, para mejorar el análisis y así poder ayudar “a mejorar los criterios acerca
de lo que es punible y lo que no lo es, lo que podemos abordar de manera transnacional o no. Y, a la
vez, analizar de forma atinada el alcance de la libertad de expresión y su perímetro.”
Durante esta jornada de trabajo, Pagaza contó con la presencia, entre otros, de Carlos Vidal, catedrá-
tico de Derecho Constitucional en la UNED; Félix Ovejero, profesor de Filosofía Política en la Univer-
sidad de Barcelona y Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Vidal, en su ponencia destacó que la cláusula específica de prohibición de la discriminación que se
refiere habitualmente a las minorías étnicas, sexuales, religiosas, las personas con discapacidad y los
inmigrantes. “Pero el concepto de minoría étnica no necesariamente debe vincularse a la pertenencia
a otra raza; creo que, por ejemplo, en determinados lugares podría considerarse minoría étnica aquel
grupo de ciudadanos que, en un entorno separatista, desean continuar formando parte del Estado
al que ese territorio pertenece. Se trataría de una minoría que se identifica por la lengua que utiliza,
por algunos rasgos culturales y por su sentimiento de pertenencia a la comunidad política de la que
desea separarse la aparente mayoría social, en muchos casos artificialmente construida y exagerada.
Si bien a veces no será posible llegar a hablar de discurso del odio, sí se trata de acoso discriminato-
rio”, expuso.3
Por su parte, Ovejero, destacó en su ponencia que la libertad de expresión es inseparable de la
regulación pública. “Porque la libertad de expresión requiere garantías para ejercerse. Por ejemplo,
para prevenir frente al odio concreto”. Asistir a un mitin de ciertos partidos en determinados lugares
o pasearse con una bandera constitucional o reclamar el cumplimiento de las sentencias judiciales
en algunas regiones “es imposible sin protección policial: el ejercicio de derechos y libertades no se
puede sostener en el heroísmo de los ciudadanos”.
“La presencia de puntos de vista contrapuestos, el respeto a las personas y la posibilidad de réplica
requieren leyes y los poderes públicos. Dicho de otro modo, sin jueces y policías, sin el Estado, no
funciona el vínculo entre la libertad de expresión y la preservación de la democracia”, planteó.
Por último, Rafael Arenas resaltó en las conclusiones que debe diferenciarse entre actuaciones o de-
claraciones de particulares y del poder público. “Este último no goza de la libertad de expresión y está
rígidamente ligado a los principios democráticos y demás elementos estructurales de la identidad de
la comunidad política en cuanto a tal, resultando necesario rechazar cualquier complicidad con gru-
pos, dentro de esa comunidad política, identificados a partir de elementos como la religión, la raza,
la lengua o la ideología”. “Esta complicidad es especialmente grave cuando implica tolerancia hacia la
utilización de la violencia contra otros grupos dentro de la sociedad”, agregó.

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