Juzgados de Violencia sobre la Mujer: cómo operan y su carga

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) son órganos judiciales especializados creados por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Su implantación supuso un cambio estructural en la respuesta judicial frente a la violencia machista, al concentrar en un mismo órgano competencias penales y civiles vinculadas a un mismo núcleo familiar. Más de veinte años después, estos juzgados son una pieza esencial del sistema, pero también uno de los eslabones más tensionados por la sobrecarga de asuntos. Para encontrar un abogado especializado en esta materia, el directorio informacionlegal.es recoge perfiles verificados de profesionales en toda España.

Origen y marco normativo

Los JVM se regulan principalmente en los artículos 43 a 56 de la LO 1/2004, que introdujeron modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) —en concreto, los artículos 87 bis y 87 ter—. La reforma respondió a la necesidad de dar una respuesta integral, especializada y coordinada a un tipo de violencia con perfiles propios, superando la fragmentación previa entre jurisdicción penal y civil.

Desde su entrada en funcionamiento el 29 de junio de 2005, la red se ha ido ampliando. Actualmente existen algo más de 100 juzgados exclusivos en las principales ciudades, complementados por Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencia compatible en partidos judiciales de menor tamaño. La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como "ley del solo sí es sí") atribuyó también a estos juzgados el conocimiento de determinados delitos contra la libertad sexual cuando la víctima sea o haya sido pareja del agresor, ampliando aún más su ámbito.

Competencias: penales y civiles

La gran singularidad de los JVM es la acumulación de competencias. En el orden penal, instruyen:

• Delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, integridad moral, libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro cometido con violencia o intimidación, siempre que se hayan producido contra quien sea o haya sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad.
• Delitos contra los derechos y deberes familiares cuando la víctima sea alguna de las citadas o los descendientes.
• El enjuiciamiento de delitos leves atribuidos por ley.
• La adopción de las correspondientes órdenes de protección (art. 544 ter LECrim).

En el orden civil, conocen —de forma exclusiva y excluyente— de procesos de filiación, maternidad y paternidad, nulidad, separación y divorcio, relaciones paterno-filiales, adopción, guarda y custodia de hijos menores o alimentos, cuando concurran simultáneamente: que alguna de las partes sea víctima de violencia de género, que la otra parte sea imputada como autor y que se hayan iniciado actuaciones penales o dictado orden de protección.

Esta acumulación evita la revictimización y decisiones contradictorias, aunque exige a los jueces una doble especialización poco frecuente en la carrera judicial.

Funcionamiento diario

El trabajo cotidiano en un JVM se articula en torno a varias fases clave:

1. Recepción del atestado policial, habitualmente en régimen de guardia de 24 o 72 horas.
2. Servicio de guardia especializado, con presencia de Fiscalía, letrado del turno de oficio de violencia y equipo psicosocial forense.
3. Declaración de la víctima —a menudo con prueba preconstituida conforme al art. 449 bis LECrim tras la reforma de la LO 8/2021 de protección integral a la infancia— y del investigado.
4. Adopción, en su caso, de la orden de protección en el plazo máximo de 72 horas, con medidas penales (prohibición de aproximación, comunicación) y civiles (uso de vivienda, pensión, custodia provisional).
5. Instrucción penal y, en paralelo, tramitación de las medidas civiles.

La Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) aporta informes de riesgo determinantes, junto al sistema policial VioGén, que clasifica el nivel de amenaza y activa la protección correspondiente.

La carga de trabajo: cifras que preocupan

Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, en 2024 se presentaron más de 199.000 denuncias, la cifra más alta de la serie histórica, con un incremento sostenido en los últimos ejercicios. Los datos provisionales de 2025 apuntan a superar los 205.000 asuntos, lo que sitúa la media diaria en torno a 560 denuncias.

Este volumen se traduce en:

• Módulos de entrada muy superiores a los recomendados por el CGPJ (fijados en unos 500-600 asuntos anuales por juzgado exclusivo, cifra superada ampliamente en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga).
• Retrasos en la instrucción y en la celebración de juicios, con esperas medias que en algunos partidos superan los 12 meses.
• Saturación de las UVFI, con demoras en la emisión de informes clave.
• Dificultades para garantizar una atención individualizada a víctimas y menores.

El CGPJ ha reclamado reiteradamente la creación de nuevas plazas, refuerzos estructurales y la mejora de medios materiales. La Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del servicio público de Justicia, ha introducido cambios organizativos —con los nuevos Tribunales de Instancia— que integran los JVM como secciones especializadas, lo que abre un escenario de reorganización cuyo impacto real está por evaluar.

Retos pendientes

Entre los principales desafíos destacan la especialización efectiva de todos los operadores (jueces, fiscales, letrados, forenses), la coordinación con los servicios sociales y sanitarios, la implantación generalizada de la prueba preconstituida para menores, y la ampliación del uso de dispositivos telemáticos de control. Asimismo, sigue siendo urgente reforzar la asistencia letrada inmediata y de calidad desde el momento de la denuncia.

Conclusión práctica

Para quien deba acudir a un JVM —como víctima, denunciado o profesional— conviene recordar tres claves: actuar con asistencia letrada especializada desde el primer momento, conocer que la orden de protección debe resolverse en 72 horas y que en ese mismo acto se pueden fijar medidas civiles urgentes, y comprender que el juzgado concentra todas las decisiones penales y civiles vinculadas al conflicto. Pese a la sobrecarga, los JVM siguen siendo la vía más garantista y coordinada del sistema; exigir su adecuada dotación es una responsabilidad colectiva que trasciende al mundo jurídico.