No hay pasividad en la gestión de los Fondos Next Generation, asegura el socio de PwC José Amérigo

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La voz del consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid Javier Fernández-Lasquetty se hizo oír ayer sobre la falta de eficacia del Gobierno central para la gestión de los fondos europeos.

Fernández-Lasquetty apuntó que el “mayor ejemplo” se da en la gestión de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

En este caso, señaló, a pesar de estar todos aprobados, hasta el mes de abril solo se han sacado a convocatoria pública poco más de 4.000 millones de euros de los 30.000 previstos; un 13,5% del total, y de estos la mayoría están aún sin resolver.

José Amérigo, socio de derecho público de PwC, y uno de los integrantes de la Oficina de Fondos Europeos que esta firma legal puso en marcha en el verano de 2020, sin embargo, opina que “no he visto pasividad en la Administración. Todo lo contrario, aunque si se agilizan algunos procedimientos todos saldremos ganando”.

En el verano del año 2020 PwC puso en marcha esta oficina como unidad de negocio cuenta con ocho socios de la firma con diversas especialidades, que siguen trabajando de forma coordinada con el equipo de fondos europeos de PwC España con más de 20 años de experiencia en líneas de financiación europeas.

También colaboran estrechamente con PwC Europe, la sociedad de PwC con sede en Bruselas que presta servicio a las instituciones europeas y con el resto de equipos de la red internacional de la firma que están asesorando a las Administraciones Públicas y empresas de los diferentes Estados miembros en proyectos relacionados con el Fondo de Recuperación.

El equipo, liderado por Silvia Lacarra, socia de la división de estrategia PwC y miembro del Comité Ejecutivo de la firma en España, está formado por otros siete socios: Álvaro Benzo, socio de la Unidad de Regulación Financiera de PwC, experto en la Comisión Europea y ex miembro de la Troika;  el propio José Amérigo, socio de Regulatorio en PwC Tax and Legal Services, letrado del Consejo de Estado en excedencia y ex secretario general técnico del Ministerio de Justicia como experto en reformas normativas;

 Junto a ellos Maribel Morillo e Isabel Benito, socias de la división de Consultoría y expertas en financiación europea; Jordi Esteve, responsable del área de Económica de PwC y ex asesor en la Oficina Económica de Presidencia; Óscar Barrero, socio del sector energía en PwC; y Armando Martínez Polo, socio responsable de Tecnología y Transformación Digital en PwC.

Amérigo explica a Confilegal como ha ido evolucionando la actividad de esta iniciativa.

José Amérigo, socio de derecho público de PwC, y uno de los integrantes de la Oficina de Fondos Europeos que esta firma legal puso en marcha en el verano de 2020.

“En el primer año, el trabajo se centraba en identificar posibles proyectos que estuvieran conectados con los objetivos del Plan que el Gobierno entregó en Bruselas, en ese momento en elaboración para participar en la interlocución con la administración, canalizada desde las manifestaciones de interés”.

En el verano del 2021 hasta este momento “el plan de aprobó en abril y se envío con posterioridad a las autoridades comunitarias donde se evaluó favorablemente en julio de 2021 por el Consejo. El trabajo es diferente. Ahora nos centramos en identificar convocatorias que les sea interesante a los clientes así como la colaboración en presentar proyectos”.

La estructura de trabajo inicial transversal se ha mantenido. “Se trata de dar un asesoramiento integral y completo a los clientes en esta materia”.

Este experto en derecho público aclara que los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES) de los que se han aprobado once, aun no están todos operativos “todo lo que se pueda agilizar, bienvenido sea. Hay que darse cuenta que de un PERTE a otro hay muchas diferencias”.

A este respecto, distingue dos grandes categorías de proyectos: “los PERTE de cadena de valor y los temáticos. En los primeros, los más vinculados al Ministerio de Industria, es donde se vislumbra con una mayor claridad la capacidad de tracción de los proyectos. El más paradigmático y avanzado es el del vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEC) , en el estamos como asesores”.

 “Sin embargo, hay otros Pertes, los llamados temáticos, donde la cadena de valor no tiene esa relevancia y que incluyen una pluralidad de ayudas no necesariamente conectadas, como en el Perte de la salud de vanguardia”, apunta.

Asesores de Seat y Volkswagen

También indica que desde “PwC seha asesorado a Seat y al Grupo Volkswagen para acceder a la adjudicación del primer PERTE aprobado en España. Ha sido el primero que ha ido marcando las pautas en diferentes estadios”.

Ambas firmas han impulsado un consorcio con otras 61 empresas para poner en marcha la iniciativa ‘Future: Fast Forward’ para acelerar el desarrollo de la movilidad eléctrica en España a través de la fabricación de vehículos eléctricos.

Al mismo tiempo destaca que “la labor de PwC se ha centrado en dos aspectos: asesorar a Seat en el diseño del modelo de gobierno del proyecto y maximizar las inversiones de la compañía con el apalancamiento de los fondos europeos”.

En principio este PERTE prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en 2021-2023, con una contribución del sector público de 4.300 millones y una inversión privada de 19.700 millones.

Preparar un plan adicional

José Amérigo es consciente que la crisis energética y la invasión de Ucrania introduce un elemento de incertidumbre en este contexto europeo que no estaba contemplado en el momento que se empezaron a dar esas ayudas.

“Hay que darse que cuentas que esas ayudas europeas tienen que ejecutarse en un contexto en el que esas dificultades adicionales existen por causas diferentes a la pandemia. Habrá que ver que efecto tiene la inflación en la ejecución de estos Fondos Next Generation”, aclara.

Recuerda que a nuestro país le han asignado 140.000 millones de euros. A través del Plan de Recuperación que presentó en abril del 2021, luego validado, puso de manifiesto como se iba a gastar 72.000 millones de euros que iba a recibir sin necesidad de devolución”.

«El debate está ahora en si se amplia la solicitud a la parte que tendría que devolverse en forma de préstamo”.

Señala que “el dinero que Europa ofrece se compromete no tanto en la justificación de gastos sino cumpliendo hitos y objetivos. Muchos de ellos son reformas que se entienden que están alineada con los objetivos de los Fondos Next Generation”.

Así, si se da un vistazo a la lista de objetivos cumplidos en diciembre del año pasado “muchos de ellos eran naturaleza normativa, que no suponen un coste en si mismo, pero pueden establecer las pautas de un contexto normativo diferente, como ha pasado con la reforma laboral”.

Plan adicional a Bruselas

Este jurista cree que es bastante posible que el Gobierno tendrá que presentar un plan adicional “que complemente al plan presentado en abril del 2021 para poder recibir esos 70.000 millones de euros en créditos que estén vinculados a distintos hitos y objetivos. Pueden ser para proyectos nuevos o para dotar a proyectos ya en marcha”.

Otra de las medidas que llama la atención de la gestión de estos Fondos Europeos tiene que ver con la necesidad de contar con Planes antifraude siguiendo dos órdenes ministeriales de septiembre del 2021.

Asi señala que la Orden Ministerial 10/30 de 2021 concreta las obligaciones de nuestro país y establece que “los estados deben establecer medidas para el buen uso de los fondos europeos. Eso obliga a que dichas entidades gestoras aprueben planes antifraude según el articulo 6 de dicha Orden”.

Para este experto, “esta normativa está basada en la filosofía del ‘Compliance’ que, hasta ahora, estaba más asentada en el sector privado cuando se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de la que quedan excluidas las administraciones públicas. A eso responde la Orden y es muy positivo que esas herramientas tengan más recorrido en el sector público”.

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