Moncloa y el gobierno catalán acuerdan avanzar en desjudicialización y el Ejecutivo apoya la ley que elimina el 25% del castellano

johnk

El Gobierno de España y el ejecutivo autonómico catalán han acordado hoy «poner fin a la judicialización de la política», no ha habido avances concretos en la reforma del delito de sedición, pero sí acuerdos concretos en medidas de «protección» de la lengua catalana, con el apoyo del Ejecutivo a la nueva ley del catalán que elimina el 25% del castellano. Además, promoverán el uso del catalán en el Senado y en el Parlamento europeo.

Así lo ha detallado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una rueda de prensa tras la tercera mesa de diálogo entre las dos administraciones, celebrada hoy en Madrid.

Según ha informado, se han alcanzado dos acuerdos, muy importantes en opinión del Gobierno. «El primero, para superar la judicialización de la política y para reforzar las garantías del diálogo, y el segundo, para la protección y el impulso de la lengua catalana», ha detallado, y ha asegurado que son acuerdos que dan respuesta «a una mayoría amplia, transversal de la sociedad catalana» y que «deja atrás los bloques que parecían hace poco tiempo irreconciliables».

EN DIRECTO

Rueda de prensa del ministro de @M_Presidencia, Félix Bolaños, tras la reunión de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya, @govern. https://t.co/7EFEIm3v62

— La Moncloa (@desdelamoncloa) July 27, 2022

En la reunión, que ha durado una hora y 45 minutos y se ha producido en un ambiente «amable y constructivo», han participado por parte del Gobierno el ministro Bolaños; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Por parte del ejecutivo catalán han asistido la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà; el consejero de Empresa, Roger Torrent; el de Interior, Joan Ignasi Elena, y la de Cultura, Natàlia Garriga.

«Hoy abandonamos los monólogos y el intento de imponer al otro y abrazamos los acuerdos y el diálogo como forma de hacer política útil», ha declarado Bolaños.

LA DESJUDICIALIZACIÓN

El Gobierno y el ejecutivo catalán entienden que la «desjudicialización» comprende tres principios.

Primero, que la actividad política e institucional debe llevarse a cabo dentro del ordenamiento democrático vigente, y que la superación de la judicialización ha de venir de dos vías. La primera, que la eventual mejora del marco normativo se ha de producir a través del diálogo, del acuerdo y a través de los establecimientos de reforma que ya están establecidos, mientras que la segunda vía para superar la judicialización es que «se renuncia a acciones que saquen la política fuera de las reglas del juego democrático«.

El segundo principio es que estos acuerdos deben ser representativos de mayorías amplias y transversales de la sociedad catalana. «Es decir, fortalecer el diálogo, el reencuentro y los acuerdos, también la seguridad jurídica, con grandes mayorías que superen esos bloques que parecían irreconciliables», ha argumentado Bolaños.

Y tercero, que las instituciones públicas han de preservar en todo momento el interés general y adoptar las máximas garantías, especialmente cuando sus actuaciones afecten al patrimonio y a la situación de personas, y por ello, se han comprometido a seguir dialogando.

PROTECCIÓN E IMPULSO DE LA LENGUA CATALANA

El segundo acuerdo adoptado hoy es en materia lingüística, para «la protección y el impulso» de la lengua catalana a todos los niveles, y que parte también de «dos premisas que son básicas: la primera, el reconocimiento de la diversidad lingüística de España como una riqueza de nuestro país; y la segunda, la necesidad de que esa diversidad lingüística sea una fuente de riqueza, de oportunidades y de derechos de los ciudadanos, tal y como recoge el artículo 3 de nuestra Constitución», ha expuesto Bolaños.

El ministro ha destacado que la protección del catalán, como del resto de lenguas oficiales de nuestro país, es una lengua española, y que, por tanto, el impulso y la protección de la misma es una «obligación» del Gobierno y «una riqueza para la cultura y para nuestro país».

En consecuencia, han acordado que fortalecerán «la protección y el impulso de la lengua catalana en la educación desde una perspectiva pedagógica y centrada en los derechos y libertades del alumnado», reafirman su compromiso con el pleno dominio -oral y escrito- del catalán y del castellano de todos los estudiantes que terminen su etapa escolar en Cataluña.

También reconocen la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno. Y esa política lingüística ha de estar sometida a control, evaluación y a mejora constante, y «sometida al principio de legalidad».

En este sentido, Bolaños ha puesto en valor «la enorme importancia que tiene la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas cooficiales en la enseñanza no universitaria, que aprobó el Parlamento de Cataluña con un consenso por encima del 80% de los diputados allí representados».

«Una ley que en nuestra opinión está perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario», ha declarado.

También ha informado que se preservará el uso de la elección de idioma en las relaciones con las instituciones, para favorecer que la comunicación por parte de la administración sea recíproca en materia oral y escrita.

Bolaños ha señalado, además, que se impulsará un cambio en el reglamento del Senado para habilitar el derecho de los parlamentarios a expresarse en lenguas cooficiales. Asimismo, se solicitará a la Eurocámara que el catalán sea considerado como lengua de uso en las sesiones plenarias. Y ha puesto de manifiesto el compromiso del Ejecutivo en fomentar la presencia de representantes de la Generalidad en todos aquellos foros internacionales centrados precisamente en materia lingüística.

Las reacciones a los anuncios de Bolaños no han tardado en llegar.

ENRIQUE LÓPEZ TACHA DE ‘IGNONIMIA’ LA MESA DE DIÁLOGO Y ACUSA AL GOBIERNO DE TROCEAR ESPAÑA

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, magistrado en servicios especiales, ha tachado de «ignominia» la Mesa de Diálogo del Gobierno con Cataluña y ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de «trocear España».

Así se ha expresado en la Junta y Consejo Local de Seguridad, que se ha celebrado en la Delegación del Gobierno al ser preguntado por esta reunión.

López espera que esta sea la «última o penúltima vergüenza» del Gobierno nacional y que «pronto» se sitúe al PSOE «fuera del Gobierno».

«Están negociando con los que justifican la comisión de delitos contra el orden constitucional español. Están negociando la soberanía popular de España, soluciones penales para estos delincuentes y bilateralmente la financiación (…) Es una vergüenza», ha zanjado.

VOX SUBRAYA QUE EN CATALUÑA NO SE DEBE BLINDAR EL CATALÁN, SINO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LA IGUALDAD

El portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado que la mesa de diálogo, que denomina «mesa de la traición», ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está «rendido» ante los separatistas y ha pedido que dimita y convoque elecciones generales.

Se ha pronunciado así en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en la que ha subrayado que el catalán no necesita más apoyo, sino que «lo único que hay que blindar» en Cataluña es el cumplimiento de la ley y la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de dónde vivan.

Espinosa de los Monteros ha denunciado que esto no ocurre en un lugar donde un niño no puede estudiar en el colegio en el idioma que elijan sus padres.

«El Gobierno está blindado por separatistas y solo queda pedir su dimisión para que dejen de hacer daño a España. España no puede estar en sus manos ni un minuto más», ha concluido.

BAL DENUNCIA QUE SÁNCHEZ PROMETA DAR PASOS A FAVOR DE LA ‘DESJUDICIALIZACIÓN’ EN LA ‘MESA DEL CHANTAJE’ CON ERC

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, abogado del Estado en servicios especiales, también ha acusado al presidente del Gobierno de prometer a los independentistas catalanes dar pasos a favor de la «desjudicialización del conflicto político» en la «mesa del chantaje» y de la «vergüenza» con ERC.

«Me pregunto cómo se desjudicializa en un sistema como el español, que se basa en el imperio de la ley y en la separación de poderes», ha declarado en una rueda de prensa en la Cámara Baja, en la que ha subrayado que el Gobierno ya «utilizó arbitrariamente los indultos con los condenados por el procés», y ha recalcado que lo que ERC está pidiendo ahora es «la amnistía», que es «inconstitucional de acuerdo con lo que prevé la Constitución».

Bal ha criticado que mientras Sánchez promete «avanzar y dar pasos a favor de la desjudialización del conflicto», sigue sin «cumplir» con la sentencia del 25% del castellano y no la recurre ante el Tribunal Constitucional para garantizar el derecho de las familias en Cataluña.

«Se sienta el Gobierno de España a humillar al Estado español a aceptar el chantaje de las imposiciones de ERC de Cataluña», ha denunciado, y ha dicho que esa mesa es un «insulto» a todos los españoles, que ven que «existen privilegios y agravios».

«Sánchez incumple con los españoles que están sacrificándose con la inflación, la cesta de la compra, pagar la factura de la luz o llenar el depósito de coches, pero cumple con los que desafían a la Constitución española», ha lamentado indignado.

Deja un comentario