Marta Castro (VOX): ‘La implicación de la gente de Oltra en el caso de su exmarido la dirige al banquillo’

por | marzo 8, 2022

«La implicación de la gente de Oltra en el caso de su exmarido la dirige al banquillo». Así lo manifiesta la vicesecretaria jurídica de VOX, Marta Castro, que analiza en Confilegal esta causa contra varios cargos de la Consejería de Igualdad de la Comunidad Valenciana por un posible desamparo de la menor que fue víctima de abusos por parte del exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en la que VOX ejercita la acusación popular.

Destaca que son unos hechos gravísimos que afectan a una menor que no está en su entorno familiar y que tiene que estar tutelada por la Consejería que, a su juicio, «abandonó sus funciones y permitió la intervención directa en los abusos sexuales por parte de la vicepresidenta, Mónica Oltra».

13 INVESTIGADOS

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia investiga a 13 de personas con diferentes cargos en la Consejería de Igualdad de la Comunidad Valencia -funcionarios y altos funcionarios- por presuntamente encubrir los abusos sexuales que sufrió entre 2016 y 2017, en un centro, una menor tutelada a manos de un educador, Luis Eduardo Ramírez Icardi, el exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y que está condenado a cinco años de prisión por estos hechos.

El pasado viernes, el juez amplió la investigación a cinco personas de la Consejería, entre los que figura su ‘número dos’ de Oltra, Rosa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia. También la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza; el secretario territorial, Jesús Esquiu; la jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad, María Amparo Nogués; y la técnico de la Sección del Menor, Ana Victoria García Tarín.

La inclusión de estos nuevos cargos en la causa se produce después de haber sido oídas las declaraciones y ante la documentación aportada por ocho de los primeros investigados: las directoras territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas en Valencia y Castellón en el momento en que ocurrieron los hechos, y una psicóloga y el jefe de la Sección del Menor de la Consejería. También están siendo investigadas una funcionaria de la Consejería que instruyó una información reservada sobre los abusos, una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores Víctimas de Abusos sexuales de la Consejería, y la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.

Las declaraciones ante el juez, según señala la vicesecretaria jurídica de VOX, han ido de abajo arriba: primero el director del centro Niño Jesús, donde ocurrieron los abusos; después, el técnico de la Consejería; la directora territorial de la Consejería, Isabel Serra; ha declarado también otro director que también se encargaba de llevar todos estos expedientes, Francisco Soriano.

Según el juez instructor, de la documentación aportada y las declaraciones se desprende que es «un hecho difícilmente controvertible que cuando desde la Dirección General se solicita a la Dirección Territorial que se abra un Expediente Informativo o Información Reservada sobre los hechos, los mismos se habían judicializado semanas antes y ello había sido debidamente comunicado a la Dirección Territorial constando registro de entrada del Auto dictado con su sello correspondiente en todas y cada una de las hojas del citado Auto».

«Se quiera admitir o no, se emprendió una investigación paralela a la que se estaba siguiendo, ya en ese momento, por el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia y debe ser esclarecido el motivo de tales actuaciones», señala.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en una imagen de archivo. Foto: Rober Solsona/EP

SEGÚN VOX, HA HABIDO OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA, OCULTACIÓN DEL EXPEDIENTE Y ENCUBRIMIENTO AL AUTOR DE LOS ABUSOS

En opinión de la vicesecretaria jurídica de VOX, desde el gobierno valenciano se omitieron «todas las funciones de control, tutela e investigación» «permitiendo que la menor fuera abusada» y «eludiendo cualquier investigación al respecto». Castro señala que los investigados sabían que el educador que cometió abusos a la menor era el marido de Oltra, como han declarado ante el juez.

«Ya habíamos comprobado, con las declaraciones, que había mucha causa penal porque los funcionarios que están querellados están amparándose en excusas y justificando lo injustificable, que es la obstrucción a la Justicia, la ocultación del expediente y el encubrimiento del autor de los abusos, que es el exmarido de Oltra, pero con las declaraciones del pasado jueves, el vuelco ha sido mayor porque ya los altos cargos que están declarando no están amparando ese silencio en el que Oltra parecía ampararse», expone

Entiende que «con las manifestaciones y los documentos que han aportado los investigados comunicando que Oltra ya tenía conocimiento de las actuaciones penales con anterioridad al 4 de agosto, cuando ella dijo que lo había conocido, sino ya en julio, se pone en evidencia que todos los funcionarios actuaban siguiendo estrictas órdenes o con unas instrucciones para ocultar que el autor de los abusos de la niña menor era su exmarido».

Recuerda que la defensa de Oltra partía de la base de que ni ella ni su entorno más cercano conocían los hechos. Tampoco, por lo tanto, las gestiones que habían ido haciendo los técnicos y funcionarios de la Administración hasta ese 4 de agosto.

«Estoy segura de que el asunto avanzará y que conseguiremos que Oltra esté sentada en el banquillo», afirma Castro.

Los abusos a la menor, según ha quedado probado por la Justicia, se produjeron a finales de 2016, cuando Luis Eduardo Ramírez estaba casado con Oltra, vicepresidenta de la Generalitat desde junio de 2015, y por estos hechos fue condenado a cinco años de prisión por la Audiencia Provincial de Valencia, a inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante un plazo de 10 años, y a cinco años de libertad vigilada, con obligación de participar en cursos formativos de educación sexual.

La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en septiembre de 2021, y se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo. En este proceso, la Fiscalía reprochó a la Consejería de Igualdad que silenciara durante cuatro meses la denuncia que la menor hizo en 2017 contra el educador.

La investigación de esta nueva causa procede de una denuncia de la víctima, que ahora es mayor de edad, y de una querella de la exdirigente de VOX Cristina Seguí, que ejercita la acusación popular como presidenta de la asociación Gobierna-te. VOX ejercita la acusación popular desde el pasado mes de febrero. Han iniciado un proceso contra la Consejería por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno sobre lo sucedido.

Marta Castro sostiene que «se demuestra la dejación de funciones de Oltra, que, además, presuntamente comete un delito para encubrir al marido». Afirma que «las prácticas de la Consejería de Oltra se demuestran ilícitas e irregulares».

«Desde que alguien tiene una noción de que puede haber un delito, además uno tan grave como es el de abusos a menores dentro del centro, en teoría se pone en marcha un protocolo y van comprobándose todas las diligencias y dando cuenta de ellas a quien tenían que dar cuentas. Y ahí, en una cosa tan grave, no exime el protocolo, pues tiene que pasar la revisión de los técnicos, entre ellos psicólogos especialistas en abusos, hasta que llega a la dirección territorial y la directora general. Luego será la directora general la que conforme entienda que tiene que actuar, dará cuenta a otra», expone Castro.

Como el caso de un abuso de una menor es un hecho gravísimo, VOX entiende que «lo más lógico es el conocimiento de ello por parte de la máxima responsable de la Consejería». Lo que han ido declarando los investigados, según informa, es que «algunos fueron haciendo el protocolo y dando parte a sus inmediatos superiores», pero destaca que «ya desde el inicio, se aprecian ciertas acciones que no tienen nada que ver con el protocolo, que tampoco está muy claro que exista y de qué manera». Según precisa, «ciertas acciones parecen más tendentes a ocultar que el educador implicado es el marido de Oltra, porque no se daba cuenta ni de la manera de la que se tiene que dar cuenta a los superiores».

«Esa es la conclusión porque la obstrucción y el encubrimiento es claro. Si en el centro conocían quién era ese educador, que era el marido de Oltra, no queda duda de que esa información subió rapidísimo hacia la consejera», asevera.

Según Castro, «los directores territoriales han declarado que no recuerdan en qué momento lo conocieron, pero la directora del centro sabía que era él desde el principio; la psicóloga también; el director territorial, Francisco Soriano, también dijo que conocía que era el marido de Oltra».

Por otra parte, señala «el total abandono del procedimiento». «No sabemos si hacen así con todos o solamente con este porque era el marido de Mónica Oltra. Me temo que lo hagan con todos, porque han llegado a afirmar que esto era algo rutinario», manifiesta Castro, que no da crédito de que a los investigados «les parezca rutinario un abuso de menores en su Consejería, y un procedimiento en el que la protección a la menor tiene que ser el primer objetivo, porque no olvidemos que tiene la tutela de la misma».

«Se la quitan a los padres por estar en desamparo y resulta que más desamparo se encuentran con la propia Consejería. Esa es la impresión general», afirma.

Marta Castro, a la salida del Juzgado el pasado jueves, junto a José Gosalbez, vicesecretario jurídico de VOX Valencia.

Además, destaca que «en este caso, han tratado de evitar que se conociese y saliese a la luz negando la credibilidad de la niña. «Y esto lo han conseguido en base a unos informes psicológicos. Unos, no especialistas y otros especialistas, es decir de profesionales de la psicología que llegan a poner en un informe profesional que no es creíble la niña, para justificar que no dan parte a la Fiscalía», expone Castro.

Añade que «todo se desmonta luego cuando Fiscalía, por unas declaraciones de la menor, empieza a investigar y resulta que le llega a la Consejería en julio la petición de que remitan el expediente de todo lo que han hecho sobre este asunto, porque, ya en febrero, todos sabían lo que verbalizaba la niña, que eran los abusos de este señor. Y es la GRUME (Grupo de Menores, Brigada Provincial de Policía Judicial) de la Guardia Civil la que lo manda al Ministerio Público».

Entonces, la Fiscalía lo remite a un Juzgado y el juez impone unas medidas de alejamiento, y, según VOX, «además de cumplirlas tarde, mal y deficientemente, la Consejería lo que hace es cambiar al educador de planta». «Por eso, el juez, muy gráficamente, les preguntaba el otro día «¿O sea que ponen al zorro a guardar a las ovejas?», apunta Castro, e insiste en que «ni lo comunican a Fiscalía en tiempo ni al tribunal con las medidas, y van retrasando esa comunicación para tratar de imponerse y que el asunto no salga a flote».

«Si los funcionarios sólo pueden defenderse diciendo que desconocían los hechos y seguían las instrucciones para ocultar que el autor del aberrante delito de abusos a menores es el exmarido de Oltra, todo acaba en una persona. Ya no solo por seguir el orden de jerarquía, que ante un hecho tan relevante tiene que llegar al jefe máximo», apunta.

OLTRA DICE QUE ES UNA CACERÍA DE FUNCIONARIOS POR PARTE DE LA ‘EXTREMA DERECHA’

Preguntada por lo manifestado por Oltra sobre que se trata de una cacería de funcionarios por parte de la «extrema derecha», Castro entiende que Oltra «quiere dotar de un matiz político estas actuaciones, cuando lo que realmente se está analizando es en rigor unos delitos gravísimos, como son la dignidad y la integridad psicológica y física de una menor». «Cree que es la última excusa que puede poner, llevarlo a un matiz ideológico para quitarse toda la gravísima responsabilidad por la que ya tendría que haber dimitido», agrega.

Destaca que «no hubo colaboración con la Justicia por parte de los funcionarios, porque no lo comunicaron a la Fiscalía». Además, recalca que «Oltra, la instructora y la jefa de servicio» han dictado resoluciones y los psicólogos documentos «dirigidos y absolutamente falsos». «Unos quitaban credibilidad a la niña, alegando que como estaba en tratamiento con TDAH no podía tener mucha credibilidad, y los otros han dictado resoluciones sabiendo que ya había un procedimiento penal iniciado, una investigación en Fiscalía, y las dictaron para cubrirse el expediente y mandar algo al Ministerio Público, comunicar lo que habían hecho, algo absolutamente irregular», manifiesta.

VOX destaca la gravedad de los hechos, porque son las «personas más vulnerables bajo el sistema de tutelas y deben estar protegidas», y sostiene que «Oltra es una indigna representante pública que debería haber dimitido de todas sus funciones».

Los tres grupos de la oposición en Las Cortes -PP, Ciudadanos y VOX- han pedido la dimisión de Oltra y consideran que si no lo hace, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, debería cesarla.

Para VOX, «tiene que dimitir Oltra, pero también tienen responsabilidades los funcionarios». El partido de Santiago Abascal espera conseguir sentar en el banquillo a Oltra.

VOX también se pregunta cómo se estará actuando en otros casos de abusos que no salen a la luz pública.

Castro recuerda que en En Baleares, el líder de VOX, Jorge Campos, también denunció un caso de menores tuteladas prostituidas ante la Fiscalía y están luchando para que afloren documentos.

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