Luis Ortega Alcubierre: «El exceso de burocracia en la ejecución de las sentencias impide que se recuperen 10.500 millones de euros»

johnk

El pasado mes de febrero el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) hizo público el «Estudio sobre la ejecución de las sentencias judiciales», elaborado por SigmaDos. En el mismo se decía que solo 1 de cada 4 sentencias con trascendencia económica se ejecutaban en España.

Es decir, el 25 %. Solo 3.500 millones de euros de los 14.000 concedidos a una de las partes en las sentencias dictadas por los jueces en toda España; 10.500 quedan sin recuperarse. Sin hacerse justicia, a pesar de existir una sentencia firme.

En aquella presentación tomó parte Luis Ortega Alcubierre, vicepresidente de la Unión Internacional de Hussiers y Funcionarios Judiciales, organización de la que forma parte el CGPE.

Ortega Alcubierre, que tomó parte en las XII Jornadas Nacionales de la Juntas de Gobierno de los Colegios de Procuradores, celebradas entre el jueves y el sábado pasados, fue muy crítico con la actual situación. Especialmente por la inacción de los poderes públicos en poner un remedio a esta sangría de millones de euros teniendo los medios y la inteligencia para hacerlo.

Lo hizo en el marco de la mesa redonda en la que tomó parte, titulada «La ejecución de sentencias en España», y después en conversación con Confilegal.

¿Cuál es la verdadera razón por la que no se ejecutan, no se recuperan, esos 10.500 millones de euros?

Porque hay un exceso de burocracia en la ejecución que impide una acción directa sobre los bienes de los ejecutados. El impulso que se hace sobre los embargos no es un impulso directo del agente de ejecución contra el ejecutado, sino que es un impulso que va del agente de ejecución, o procurador en nuestro caso, al juzgado. Y del juzgado, con todas las ramificaciones que tiene de secretarios, funcionarios, etcétara, hasta que consigues que se haga la medida.

Voy a ponerselo en términos futbolísticos, para que se me entienda mejor. El ejecutante, en la mayoría de los países, juega en equipos de Primera División. Sus jugadores son determinantes. Sus equipaciones son las mejores. Sus delanteros marcan goles y sus tácticas son precisas.

En España nos movemos en categorías inferiores. Y, además, practicamos el «tiqui taca». Pasa el Juzgado. Pasa el letrado de la Administración de Justicia. Nuevo regate. De vuelta al funcionario. Un nuevo par, de punto neutro. Entra el procurador. Y mientras tanto el ejecutado roba el balón y se va del campo.

O sea que de este desbarajuste el que se beneficia es el que ha perdido el juicio, ¿no?

El partido está claramente favoreciendo al ejecutado, que puede conocer previamente las medidas solicitadas, la posibilidad de camuflar sus bienes en activos inmateriales. Y de eso, ¿quién es el responsable?

Lo repito: el exceso de burocracia, que no de garantías. Porque estamos hablando de una ejecución de sentencia firme. Son demasiados pases intermedios. Falta de control preciso, falta de contacto real con el ejecutante y carencia de recurso procesal.

Cómo hacen en el resto de los países europeos?

La figura de Hussiers de Justice o del agente de ejecución en general lo que hace es recibir directamente del tribunal un auto ejecutivo, que ejecuta directamente. Puede ser en Portugal, en Francia, en Bélgica.

Él toma las medidas directamente para los embargos, para las anotaciones, para las subastas. Y si hay algún problema porque se ha excedido, porque lo ha hecho mal, el ejecutado puede recurrir al juez de garantías. Pero no hay más pasos intermedios.

El agente de ejecución hace el embargo, toma la medida oportuna, en el caso de que no sea una deuda pecuniaria, y ya directamente se ejecuta. Con lo cual, se ahorran un montón de pasos. Y la eficacia es más de un 50 % superior a la que hay en España.

Luis Ortega Alcubierre, el vicepresidente español de la Union Internationale des Hussiers de Justice et Officers Judiciaries, a la que pertenece el Consejo General de Procuradores de España. La foto fue tomada en el Palacio de Congresos de Huesca, donde se celebraron las XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno de la procura. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

O sea tenemos un sistema que funciona bien, pero su talón de Aquiles es la ejecución. ¿Qué habría que hacer para que eso funcione?

Con todo mi respeto para los funcionarios, entiendo que no es su función vigilar el estado de una ejecución. Porque ellos no tienen detrás un cliente. No tienen detrás una responsabilidad. No tienen detrás a nadie que les empuje. Tampoco cobran, es cierto.

Un agente de ejecución particular, profesional, tiene la obligación, cara a su cliente de ejecutar esa sentencia. Y si no la ejecuta tiene una responsabilidad pecuniaria, deontológica, profesional. Un funcionario se limita a tener unas órdenes de ejecución por el orden que le llegan y ejecutarlas, siempre que no tenga un problema, como estar de baja o que no pueda por alguna circunstancia.

Es decir, es la falta de interés de la Administración de Justicia de que no se recuperen esos 10.500 millones de euros. Antiguamente los secretarios judiciales, hoy letrados de la Administración de Justicia, cobraban de aranceles. Aceleraba el funcionamiento de la justicia...

Yo me acuerdo que, en tiempos de mi padre, el secretario judicial era el mayor amigo del procurador. Precisamente porque el secretario cobraba, muchas veces, de la tasa judicial. Pero tampoco es eso.

La cuestión es que yo no le puede pedir a un funcionario que se tome un interés, como el que me puede exigir mi cliente. Él tiene que cumplir un trabajo y yo no puedo marcar el ritmo. Yo no le puedo decir, «embarga antes esto» o «anota este embargo que se me va a colar otro». Y ahora puede pasar.

Si los funcionarios trabajaran de maravilla nosotros no estaríamos en esta situación. Pero yo quiero competir con ellos.

Hay una Comisión Mixta en el Ministerio formada por secretarios judiciales y procuradores que ahora están trabajando sobre una propuesta para que ustedes ejecuten. ¿Qué habría que cambiar para que ustedes asumieran las ejecuciones y todo fuera mucho más rápido?

Lo que hemos venido haciendo siempre. Hemos llegado casi hasta el final y no lo hemos conseguido. Dijimos que la ejecución, si realmente tenía que hacerse por el letrado de la Administración de Justicia y el procurador, pues que uno lo hiciera en la sede del tribunal y otro en la calle, con su cliente, y cercano al ejecutado.

Existe una prevención por parte de los letrados judiciales. Piensan que se pierden poderes. No entiendo por qué. Dale al procurador poder y medios suficientes para acceder a datos de bienes, para gravar embargos directamente e impedir que cada cosa deje de ser un peloteo entre uno y otro.

También hablan de protección de datos también. ¿Qué más da que yo tenga acceso a los datos de un ejecutado, con mi clave, con mi autorización judicial, a que lo haga un funcionario? ¿Es que el funcionario va a guardar el secreto más que yo? Es que ahora lo ve el letrado de la Administración de Justicia, el funcionario, el procurador de la parte contraria, dos letrados. Si lo hago directamente, me enteraré yo.

El tema crucial es el de la ejecución. Si tenemos la ejecución, como nuestros primos europeos, vamos a dar un impulso de eficacia enorme. No solo lo hacemos con la representación; la ejecución nos daría el plus de eficacia que necesita un estado en la notificación

Ha hablado también de una cosa muy interesante, en la que no se suele reparar: la ejecución de los bienes digitales…

Este es un problema gravísimo que tenemos en el mundo entero. Y de hecho, la Unión Internacional, de la que soy vicepresidente, ha creado un código de la ejecución digital recomendando cambios a los estados en sus legislaciones. ¿Por qué? Pues porque ahora la gente muchas veces deposita sus bienes en archivos digixtales, en bitcoins o cosas intangibles que tienen su valor como una base de datos o un dominio de Internet.

¿Cómo puedes hacer eso? Nosotros recomendamos que los activos de Internet digitales en moneda estén declarados y estén registrados, de manera que, al menos, puedas accdeder a ellos y embargarlos.

Un dominio de internet y una base de datos valen un dinero. Las empresas pagan muchísimo dinero por tener una base de datos de clientes de otro. ¿Cómo se puede embargar? Esa es una cuestión que estamos tratando y que, de hecho, el código de la ejecución digital ha tratado en profundidad.

Lo mismo que hizo el Código mundial de la ejecución presentado en Madrid, en el Congreso de los Hussiers, este es específico para la ejecución digital.

En estas jornadas se ha hablado de la desaparición de los aranceles mínimos y de elevar los máximos, porque ha habido una depreciación del IPC en un 48 % en los últimos veinte años. Y se ha hablado de que se han presentado varios recursos –del CGPE y de varios colegios–, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la modificación del Real Decreto 1373/2003, por el que se eliminaron los aranceles mínimos estableciendo un techo máximo de 75.000 euros para los máximos. ¿Qué efectos pueden tener esos recursos? ¿Se le puede dar una vuelta a la decisión de la Comisión Europea?

Yo, que he estado en todas las negociaciones con la Comisión Europea desde hace años, mí me sorprende mucho que nos hayan impuesto este “castigo” de los aranceles. Porque yo no he visto que a los franceses les hayan quitado las tarifas, que es como allí llaman a los aranceles mínimos.

Creo que los aranceles mínimos son defendibles porque hay decisioines antiguas de la Comisión Europea que dicen que por qué la calidad del trabajo debe valorarse a cero por mucha libre competencia que haya.

Y en cuanto a los máximos es un tema tan residual que a mí preocuparía poco. Porque pasa una cosa, si yo pacto con el cliente que me tiene que pagar una cantidad, nadie va contra sus propios actos. Me la pagará.

Lo del máximo es complicado. Lo del mínimo quizá sería defendible por agravio comparativo con otros países.

Luis Ortega Alcubierre considera que el Gobierno tiene en sus manos acabar con este estado de cosas tan perjudicial para España. Foto: Confilegal.

¿Quién animó el interés por los aranceles de los procuradores en la Comisión Europea?

Esto se produjo a raíz de una demanda de un abogado español, referido a la reserva de actividad. Luego fueron apareciendo cosas. La ley ómnibus, la proporcionalidad. La Comisión Europea debió coger toda la legislación sobre procuradores y dijo: ‘¿Dónde está el mal? Pues vamos a por ellos’.

Y yo sigo insistiendo. En Bélgica tienen tarifas, igual que en Francia. Y están hechas por decreto. Y nadie se ha rasgado las vestiduras.

En Francia la tarifa tipo, no sé si son 0,70 euros, que se va multiplicando en función del trabajo que hagas.

¿Nuestros gobiernos no han protegido bien a los procuradores?

Más bien nos han ignorado. Mi padre juró de procurador en 1934 y ya le dijeron entonces que esto no tenía ningún futuro. Tengo en el despacho su título de procurador, firmado por Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, que, como era costumbre entonces, suscribía todos.

Después de 600 años que tiene el colegio de procuradores de Zaragoza, algo hacemos, hay que reconocerlo. Yo creo que el Gobierno no sabe quiénes somos. El problema es que hay tal cantidad de abogados que hay que darles de comer a todos. ¿Cómo? Quitando trabajo a los procuradores, a los notarios, a los registradores, a todo el mundo.

Y al final en Europa todos terminaremos siendo abogados, con la paradoja de que habrá abogados procesalistas, que es lo que somos los procuradores, abogados de no se qué, como los notarios. Es un tema semántico. El problema es que ahora estamos en la competencia por la competencia que es el credo máximo de la Comunidad Europea. Todo gratis, o lo más barato, tengan la titulación que tengan.

Sin embargo, la función del procurador seguirá existiendo, aunque desaparezca la procura, es evidente.

Va a seguir existiendo siempre que sepa evolucionar. Por eso estamos insistiendo en el tema de la ejecución que es el tema de nuestra profesión. El problema es que el salto y de calidad sería tan grande, asumiendo las funciones que tienen otros países… Es adecuarnos a Europa. Nos han pedido esa adecuación para todo. Pues para la ejecución vamos a adecuarnos también.

La ejecución, ¿y qué más?

El tema crucial es el de la ejecución. Si tenemos la ejecución, como nuestros primos europeos, vamos a dar un impulso de eficacia enorme. No solo lo hacemos con la representación; la ejecución nos daría el plus de eficacia que necesita un estado en la notificación.

En otros países los agentes hacen levantamientos de actas, más pequeñas. Actas para juicios. En Portugal, en Bélgica, en Francia. Se llama el «constat». Todas esas funciones hay que asumirlas y querer hacerlas.

Yo, que he estado en todas las negociaciones con la Comisión Europea desde hace años, mí me sorprende mucho que nos hayan impuesto este “castigo” de los aranceles. Porque yo no he visto que a los franceses les hayan quitado las tarifas, que es como allí llaman a los aranceles mínimos

Es la primera vez en 600 años que tienen que reinventarse…

Nos han obligado a la territorialidad, al arancel… Denos la ejecución y contribuiremos a la eficacia de la justicia, como pide la Comisión Europea. Un funcionario, por muy probo que sea, no puede llevar a cabo una ejecución. Un juzgado de Madrid en la sección de ejecuciones lo hará o no lo hará. Pero un juzgado en Matalascabaras entiendo que el letrado judicial no tiene esa potestad.

En Portugal, cuando salieron los agentes de ejecución el cambio en la recaudación fue brutal. En un año recuperaron una auténtida millonada. Y no se ha hundido la justicia. No ha pasado nada.

Para crear esa figura hay que encajarla con los letrados judiciales, ¿no? Eso es casi como cuadrar el círculo…

Claro, tenemos que encajarlo. Porque el procurador hacía todos los actos sin dar cuenta más que en caso de conflicto. ¿Cómo se hace para que actúen también los secretarios? Ese es el problema. Los letrados judiciales tienen más funciones que la ejecución. Hacen tasaciones de costa, ordenan el procedimiento. ¿Por qué tienen que mantener estas funciones si la ineficacia está probada? Los 10.500 millones de euros son la prueba patente y evidente. El cuerpo del delito.

Si yo voy a hacer una ejecución por mi cuenta voy a actuar ante el juez de garantías cuando haya un problema.

Veo muy difícil hacer un tándem. Pero podría hacerse. El procurador haría la gestión y de la burocracia se encargaría el letrado judicial.

¿Es usted optimista?

No, yo ya he estado en no sé cuantas negociaciones con el Ministerio. Estuve en la de hace dos o tres años. Nada que reprochar. En aquella ocasión no se cerraron por los sindicatos. Siempre hay alguien que no le parece bien. Y le digo una cosa: o se da un paso adelante o seremos el penúltimo país de Europa en ejecuciones. Si las cosas siguen así no vamos a avanzar ni un milímetro. Y los que han perdido en los tribunales de justicia habrán ganado porque nadie les va a reclamar un dinero que no es suyo.

Deja un comentario