Los trabajadores de la Embajada y los consulados en Gran Bretaña denuncian a España ante el Parlamento Europeo

por | abril 21, 2022

El personal laboral sin convenio de la Embajada de España en el Reino Unido y de de los consulados generales en Londres, Manchester y Edimburgo ha denunciado ante el Parlamento Europeo la extrema precariedad en la que desempeñan sus funciones y el incumplimiento de varios principios y derechos por parte de la Administración española.

Los trabajadores denuncian, además, el incumplimiento de la legislación europea aplicable a los empleados públicos tras el Brexit.

Este personal, con el apoyo de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, inició una huelga indefinida el pasado 14 de marzo para reclamar la mejora de sus condiciones laborales y su adecuación a la situación del Reino Unido tras el Brexit.

Este colectivo supone el 79,51 % del total de profesionales destinado en la Embajada y los consulado sigue en huelga, con lo que la actividad de estas oficinas es mínima desde hace algo mas de un mes.

La plantilla la conforman 25 funcionarios (funcionarios y diplomáticos) y 97 laborales que están ahora en huelga.

La medida, aprobada por la mayoría de los trabajadores, llegaba tras meses de negociaciones en las que no se ha logrado responder a las demandas del colectivo que, a través de numerosos escritos ha puesto en conocimiento tanto del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la directora general del Servicio Exterior, la situación de precariedad en la que se encuentran muchos de los trabajadores, agravada por el impacto del Brexit en la economía británica.

Los demandantes enviaron una carta al actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que no tuvo respuesta ninguna, según comentan. Igual pasó con otra carta enviada a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y al presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

“Estamos abandonados. Este Gobierno no nos hace ningún caso”, declaran a Confilegal.

Estos profesionales no son personal funcionario ni diplomático.

En el caso del Reino Unido, la mayoría de los trabajadores que conforman el colectivo son emigrantes españoles residentes en el país, aunque también forman parte del personal trabajadores procedentes de Latinoamérica o Reino Unido.

Todas las categorías laborales están convocadas a seguir esta convocatoria: personal de servicio, cocineros, ordenanzas-chóferes, auxiliares administrativos, auxiliares bilingües u oficiales administrativos, entre otros.

Los 97 trabajadores convocados a la huelga pertenecen al colectivo del personal laboral sin convenio en el exterior, es decir, trabajadores residentes en el Reino Unido que han sido contratados de forma local.

La convocatoria de huelga incluye a todas las categorías laborales de este colectivo, desde el personal de servicio al personal administrativo.

Mediante la plataforma change.org, los trabajadores han iniciado una recogida de firmas para denunciar “la deficiente gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en Reino Unido, como resultado de recortes abusivos que han precarizado los servicios ofrecidos a la ciudadanía, así como las condiciones de trabajo de sus empleados”.

Los trabajadores manifestándose ante el consulado español en Londres.

CONGELACIÓN SALARIAL DESDE HACE CATORCE AÑOS

El personal laboral sin convenio en el exterior sufre la congelación salarial desde el año 2008, una situación especialmente preocupante para los trabajadores del Reino Unido donde, tras la salida del país de la Unión Europea, la inflación se ha disparado alcanzando su punto más alto en los últimos 30 años.

Solo en los primeros meses del año se ha registrado una subida del 5,4 % con respecto al 2021 y, de acuerdo con la previsión del Banco de Inglaterra, superará el 7 % a finales del año fiscal (primavera de 2022).

Según los datos publicados por el Banco de Inglaterra, la inflación en Reino Unido ha aumentado a una media anual de 2,6 %, lo cual equivale a una inflación acumulada que ronda el 30 % desde 2008, momento en el que se produjo la última actualización anual salarial de este colectivo.

En este contexto, las diferencias retributivas entre el personal laboral de una misma categoría administrativa representan un agravante adicional, ya que paradójicamente los trabajadores y trabajadoras con mayor antigüedad perciben salarios más bajos que aquellos de reciente contratación, pese a que el elevado coste de vida en el Reino Unido afecta a la totalidad de empleados por igual, con independencia de su fecha de incorporación. Los trabajadores denuncian, además, el incumplimiento del salario mínimo interprofesional establecido en Reino Unido, que afecta a los trabajadores con contratos más antiguos.

Además, los trabajadores denuncian que varios compañeros se encuentran por debajo del salario mínimo interprofesional establecido en el Reino Unido.

“Nos parece incoherente que el Gobierno actual apruebe subidas del salario mínimo interprofesional en España y no respete el salario mínimo interprofesional de otros países, permitiendo que algunos de los trabajadores de la Administración Española en el exterior se encuentren bajo el umbral de la pobreza”, indican fuentes del colectivo.

“Nos sentimos abandonados por el Ministerio y la Administración Española en general, somos el punto de referencia de miles de ciudadanos españoles en Reino Unido tras el Brexit y no tenemos ni siquiera un convenio que nos ampare”, explican a Confilegal

DISCRIMINACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL

En materia de Seguridad Social, los trabajadores reclaman el derecho a optar por la cotización en el sistema de Seguridad Social español tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El sistema de Seguridad Social británico opera como un sistema de mínimos y son las empresas quienes tienden a ofrecer en los contratos a sus trabajadores mejoras del sistema de Seguridad Social público como, por ejemplo, la paga total del salario en caso de enfermedad o baja por maternidad.

La Administración española en el exterior no provee a sus trabajadores de esos beneficios adicionales. Así, el sistema de mínimos de la Seguridad Social británica establece una paga de un máximo de 96.35 libras esterlinas a la semana en caso de enfermedad (Statutory Sick Pay), independientemente del sueldo o las cotizaciones que haya realizado el trabajador, del tipo de enfermedad o de la duración de ésta, lo que supone menos de 400 libras esterlinas al mes (aproximadamente 450 euros).

Según los datos del INE, hay más de 176.000 españoles residiendo actualmente en el Reino Unido. Las autoridades británicas elevan esta cifra a más de 300.000.

Los principales trámites que demandan los ciudadanos españoles son la renovación de pasaporte y las inscripciones en el Registro Civil Consular. “No somos suficientes trabajadores para atender la demanda y hay miles de ciudadanos esperando para conseguir una cita, el Brexit ha generado una avalancha”, indican estas mismas fuentes.

PETICIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

En concreto, los trabajadores reivindican en su petición al Parlamento Europeo la equiparación salarial entre el personal laboral de la misma categoría y denuncian que la Administración española está aplicando una doble escala salarial sin una razón objetiva, equitativa y proporcionada

Además, los trabajadores exponen ante el Parlamento Europeo la discriminación que sufre la gran mayoría del personal laboral español respecto de compañeros de su misma categoría y centro de trabajo, en cuanto al régimen de seguridad social aplicable a cada uno.

La legislación europea después del Brexit, en lo que a Seguridad Social se refiere, deja claro que los empleados públicos han de estar sujetos a la legislación del Estado que les emplea, es decir, en el caso de los empleados públicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que trabajan en el Reino Unido, esto se vincula a la legislación española.

En el caso del personal laboral en el Reino Unido, este principio solo se respeta para una mínima parte de los trabajadores.

Los trabajadores denuncian que los sistemas de seguridad social entre ambos países no son equiparables y la corrección del sistema de mínimos británico que cubre el sector privado no es cubierto por la Administración española respecto a sus empleados públicos en el exterior, lo que supone una doble discriminación, respecto a los trabajadores regulados por el sistema británico y respecto al resto de los empleados públicos de la Administración española regulados por el régimen de Seguridad Social española.

Por todo lo anterior, los trabajadores solicitan al Parlamento Europeo mediante la petición presentada que inste a la Administración española y al Gobierno de España a remediar debidamente las vulneraciones a los derechos laborales que el personal laboral padece, dando una respuesta satisfactoria, conforme a la norma, a las reivindicaciones del colectivo.

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