Los insultos de Pablo Iglesias al juez del caso Dina, en manos de la Fiscalía de Madrid

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Los insultos del exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, hacia el magistrado del caso Dina, Manuel García-Castellón, al llamarle «prevaricador» y «mediocre» el pasado abril, están en manos de la Fiscalía de Madrid, que recibió la semana pasada de la Fiscalía General del Estado (FGE) un escrito que recoge los hechos para determinar si constituyen o no un presunto delito de injurias o calumnias.

El caso fue remitido por la Audiencia Nacional.

Desde la Fiscalía General, dirigida por Dolores Delgado, se remitió la comunicación a la delegación de Madrid al considerar que es la competente para estudiar el caso, dado que es donde presta servicio García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional.

Este juez estuvo a cargo del denominado ‘caso Dina’, la pieza número 10 del ‘caso Tándem’, también conocido como ‘caso Villarejo’, en la se investiga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica desde que a Dina Bousselham -exasesora de Iglesias- le robaron el móvil en un centro comercial en 2015 hasta que parte de su contenido apareció publicado en la prensa.

Las declaraciones de Iglesias que ahora investiga la Fiscalía de Madrid tuvieron lugar el pasado 19 de abril, en el marco de la presentación de su libro, editado por el periodista Aitor Riveiro, sobre varias entrevistas con el exlíder de Podemos, según ha publicado El Confidencial.

El exvicepresidente aseguró que el magistrado no había logrado su objetivo de terminar con él. «La historia tiene que dirimir si pasa a la historia como un juez mediocre, que es lo que piensan buena parte de sus compañeros por la debilidad de sus instrucciones y las diferentes respuestas que obtuvo, o si por al contrario pasa a la historia como un prevaricador», declaró Iglesias.

EN 2020 DENUNCIÓ LA CAMPAÑA DE ‘DESPRESTIGIO E INTIMIDACIÓN’ QUE SUFRÍA TRAS PEDIR AL TS QUE INVESTIGARA A IGLESIAS

García-Castellón denunció en octubre de 2020 ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la campaña de «desprestigio personal y profesional e intimidación» que estaba sufriendo tras pedir al Tribunal Supremo (TS) que investigara a Iglesias.

«En las últimas horas he podido constatar en redes sociales la consecuencia evidente de esta premeditada campaña, materializada en amenazas directas contra mi integridad física e intromisiones ilegítimas contra el honor y la dignidad personal vertidas en redes sociales y dirigidas a constreñir de una forma grave e intolerable en un Estado de Derecho el ejercicio de la actividad profesional, y como ejemplo vivo de lo que puede suceder a quien tome decisiones no alineadas en un determinado sentido», informó el magistrado al órgano de gobierno de los jueces.

Explicaba al CGPJ que esa campaña pretendía restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica, sino de “una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política”.

García-Castellón destacó que los mensajes contra su persona eran repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes, “entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional”.

Manifestó que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se había visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel y recordó que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo “no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida”.

En el escrito enviado al CGPJ incluyó la denuncia y un extracto de los mensajes publicados que la han motivado. Le llaman facha, prevaricador, corrupto o mafioso. En otro de ellos se sugería que está sobornado por el entonces líder del PP.

LA APM INSTÓ AL CGPJ QUE AMPARARA A ESTE MAGISTRADO

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de las cuatro existentes y a la que está afiliado García-Castellón, pidió al CGPJ que amparara al magistrado del caso Dina y a que tomara «las medidas idóneas» para velar por la independencia del Poder Judicial, y por el adecuado y correcto funcionamiento del Estado de Derecho.

La APM afirma que la crítica a las resoluciones judiciales es una manifestación de la libertad de expresión y el adecuado entendimiento de la Justicia como servicio público. No obstante, subraya que la crítica «no puede amparar descalificaciones infundadas, que persiguen el descrédito de los jueces y magistrados y que desborda el ejercicio del cualquier derecho, sobre todo si se trasciende al insulto y la coacción o la amenaza».

PAGAZAURTUNDÚA HA DENUNCIADO

El pasado mes de enero, la eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, también denunció ante el comisario de Justicia, Didier Reynders, «las constantes llamadas a la desobediencia, las críticas abiertas a las instituciones, la Justicia e incluso a las bases del Estado de Derecho por parte de los socios del Gobierno», y le pidió que tenga todo ello en cuenta en su próximo informe sobre el Estado de Derecho en España.

Exige que se asegure la independencia judicial.

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