Los afectados por la talidomida recurren al Supremo ante la pasividad del Gobierno para no indemnizarlos

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La Asociacion de Víctimas de la Talidomida (AVITE), que reúne a todos los afectados por este fármaco fallido en España, siguen su particular vía crucis en búsqueda de una indemnización que no acaba de llegar. La relacion con el Gobierno no existe y la única vía que está abierta por el momento es la judicial, como ha venido comentando Confilegal en estos tres últimos años. 

Con fecha 14 de septiembre de 2022 -y a través de su letrado Ignacio Martínez-, AVITE ha elaborado un escrito de preparación de recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la sentencia de 11 de marzo de 2022 del tribunal de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

En dicho fallo se tumbaba el deseo de este colectivo de ser indemnizado ante la pasividad del Gobierno por impulsar el Real Decreto-ley de 2018 del que se sabe poco y provisionado únicamente con 20 millones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año.

Este recurso de casación se interpone ante la respuesta de la Audiencia Nacional denegando el complemento de sentencia que reclamaba AVITE tras recibir el pasado mes de marzo dicha sentencia negativa.

El asesor jurídico de esta asociación explica a Confilegal que el recurso de casacion en contencioso tuvo una reforma hace años.

Lo primero que hay que hacer es presentar un escrito de preparación siguiendo unos cánones determinados. No puede superar los 30.000 caracteres y debe tener un tipo de letra concreta”.

Si se admite ese recurso, ya se formaliza la casación aunque la reforma realizada lo que ha hecho es poner a la altura del recurso de amparo del Tribunal Constitucional estos recursos de casación ante la Sala Contenciosa del Supremo.

“Es muy difícil que se admiten pero nosotros pensamos que éste si entrará”, apunta Martínez

Como argumentos este jurista señala que “con esta reforma de dicho recurso lo que se pretende que no sea una tercera instancia, sino que el Supremo solo lo vea en aquellos casos que implican a muchos afectados, como es este asunto, o bien que no exista jurisprudencia sobre la materia, cuestión que también nos afecta directamente”.

La interposición del recurso hay que hacerla treinta días hábiles de haber recibido el complemento  de la sentencia, pero el Tribunal Supremo no tiene plazo para pronunciarse sobre la admisión del mismo.

En el caso de que se admitiera se abriría otro plazo para formalizar el recurso de casación también siguiendo unas directrices concretas.

Martínez cree que la situación es clara “si hay una ley que el propio Gobierno incumple pese a que en su dia señaló la necesidad que fuera urgente, es que no se están haciendo las cosas bien. Ya llevamos cuatro años de espera y los que aún están por llegar”.

En este periodo de tiempo han fallecido algunos afectados por talidomida, de un grupo ya que supera los sesenta años con patologías importantes. Sin embargo, tal y como señalaron en la Convención que organizó Avite el pasado mes de mayo su ánimo es seguir luchando hasta el final.

Este jurista comenta que “ya lo explicamos en la demanda ante la Audiencia Nacional y lo incluimos de nuevo en este recurso ante el Supremo. Ni hay Real Decreto-ley ni puede haberlo con la Ley de Presupuestos actual. Solo se habla de 20 millones de euros cuando los números del Instituto Carlos III que ha hecho todos los reconocimientos son más de 100 millones”:

A su juicio tendría que haber una Ley de Presupuestos futura no sabemos cúando saldría que multiplicase por cinco dicha cantidad inicial del 2018, pero no creemos que se haga nada por el momento”.

Para este experto el fallo de la Audiencia Nacional, al igual que su complemento es bastante decepcionante. “Se ha dilatado este asunto otros seis meses sin ninguna justificación”.

Inaccion total

Desde Avite su presidente José Riquelme, explica a este medio que hace ya más de cuatro años que la Disposición Adicional . 56ª de la Ley 6/2018 ordenaba que el Gobierno, previa la aprobación de un real decreto para ello, pagase ayudas a favor de los afectados por la talidomida en España, así como que le reclamase a Grünenthal , fabricante del producto, una parte adicional, y no ha hecho ni una cosa ni otra” .

 Ello dio pie a que Avite demandase al Gobierno ante la Audiencia Nacional  lo que se resolvió con la sentencia que ahora se recurre, que desestimó la demanda por entender que 

”Dicha norma no establece pues, una fecha determinada para la elaboración del Real Decreto, ni siquiera establece de manera inequívoca una orden para que se dicte…; aunque reconoce al mismo tiempo que …lo anterior no puede desvirtuar que la clara voluntad de legislador fue la de que se procediera a la ejecución del mandato contenido en la referida DA 56 de la Ley 56/2018 (sic)».

En esta demanda, AVITE demostró que en cuanto a la petición de que a Grünenthal, responsable material del daño  esta entidad , A demostró que el Gobierno no había hecho absolutamente nada.

“En este sentido la sentencia lo reconocía, pero lo excusaba con un argumento inadmisible: …ciertamente según consta en la prueba practicada no entabló conversaciones al respecto Al mandato de la Ley 6/2018 lo que expresa es un mero deseo de llegar a un acuerdo con dicha empresa, siempre dependiendo de la voluntad de la misma (sic)”, comenta Riquelme.

Un fallo contrario a Derecho

Avite recurre ahora al Tribunal Supremo por entender que dicho fallo judicial “ es completamente contraria a Derecho, pues no solo avala el incumplimiento sin motivo del mandato legal del Gobierno como no pagase las ayudas a quienes tan perentoriamente las necesitan, sino que además le permite soslayar igualmente el mandato directo que establecía de recabar de Grünenthal la colaboración económica necesaria complementaria”, aclara Martínez.

Este experto recuerda los términos literales empleados ya hace años por la propia Administración en la memoria justificativa de urgencia en la tramitación que acompañaba al proyecto del citado Real Decreto, nunca aprobado:

”Por todo lo anterior, y derivado del interés general que se desprende de la aprobación a la mayor premura posible de una norma (en este caso con forma de real decreto) que recoja estas ayudas, de manera que entren en vigor a la mayor premura posible los mecanismos para la valoración y concesión de estas ayudas, dirigidas al colectivo de personas afectadas por la Talidomida».

Mientras tanto desde AVITE se insiste en que  el Gobierno, en plena contradicción con sus palabras de hace cuatro años sigue sin hacer nada, varios afectados con derecho a ayuda ya han muerto esperando, y la inmensa mayoría de cientos de víctimas de la talidomida que siguen vivas, y que sufren carencia de extremidades, etc., así como vejez anticipada, siguen desasistidas.

“Esto choca con el tratamiento que se ha hecho a otros afectados a en el resto del mundo, donde los talidomídicos han visto sus pretensiones atendidas hace decenios -España sigue siendo la triste excepción internacional como mantuviese tras 60 años desasistidos a sus compatriotas, subraya Rafael Basterrechea, vicepresidente de AVITE.

Desde su punto de vista “si el Poder Legislativo ordena pagar al Poder Ejecutivo, y éste no lo hace, solo una sentencia del Poder Judicial que lo obligue, en ejercicio obligado de su función constitucional, puede impedir la más completa indefensión de los afectados por la talidomida en España”.

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