Lesmes se plantea dimitir para forzar la renovación del CGPJ

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El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha reclamado hoy, en el acto de apertura del año judicial, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se reúnan «con urgencia» para llegar a un acuerdo «en las próximas semanas» que ponga una solución definitiva a lo que ha descrito como “situación insostenible” de la Justicia renovando el órgano de gobierno de los jueces o restituyéndole en la plenitud de sus competencias.

Y ha advertido que de no ser atendido ese llamamiento, “será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan” porque “resultaría inadmisible mantenerse impávido en esta responsabilidad ante esta situación insostenible e inaceptable”.

Fuentes jurídicas aseguran que el presidente del CGPJ está dispuesto a dimitir, pero que, de momento, no es una decisión tomada, sino una opción, y apuntan que no dejaría el cargo hasta que las negociaciones en el Consejo estén encaminadas a un acuerdo para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden.

De dimitir, en el CGPJ le sustituiría el vocal más antiguo, Rafael Mozo, y en el Tribunal Supremo asumiría su cargo el magistrado más antiguo, que es el presidente de la Sala de lo Civil, Francisco Marín.

En el marco de su discurso, ante el Rey Felipe VI, autoridades del Gobierno e instituciones del Estado y compañeros de la judicatura, Lesmes ha hecho referencia a los “remedios excepcionales” propuestos desde algunos sectores para salvar la situación de bloqueo del órgano, “trasladando en ocasiones la responsabilidad a quien no la tiene”.

Así, frente a quienes abogan por la dimisión colectiva de los miembros del CGPJ, ha señalado que resultaría inadmisible, “pues llevaría a la paralización total del Consejo con la imposibilidad material y jurídica de desarrollar su misión constitucional”, pero ha admitido que una renuncia individual sí sería «admisible».

Lesmes ha denunciado en su intervención que la Justicia española «está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarla a la inoperancia y minar la confianza que los ciudadanos tienen en ella», y ha añadido que el escenario político de los últimos años, caracterizado por la permanente falta de entendimiento de los grupos mayoritarios, “está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española”.

DENUNCIA LOS EFECTOS DEVASTADORES DE LA REFORMA DE LA LOPJ QUE LIMITA FUNCIONES AL CGPJ

También ha denunciado los efectos “devastadores” de la ley que impide al CGPJ realizar nombramientos judiciales y ha dicho que el “estropicio” en el Tribunal Supremo no tiene parangón “en toda la historia de nuestra democracia» y tiene unos «efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial”.

En este sentido, ha señalado que el número de vacantes en el Tribunal Supremo ascenderá a 20 en los próximos meses -lo que supone el 25% de sus efectivos-, que 49 de las 116 presidencias de tribunales que existen en España no están desempeñadas por un titular y que el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar, al no poder ser repuestas las vacantes.

ALERTA DEL RIESGO DE QUE LA DESJUDICIALIZACIÓN DEL ‘PROCÉS’ PROVOQUE IMPUNIDAD

Por otra parte, ha alertado del «riesgo» de que la «desjudicialización» del ‘procés’ provoque impunidad y «una huida de la ley».

El presidente del CGPJ ha recordado que “el respeto al Derecho comporta, ineludiblemente, el respeto a la decisión judicial, pues solo a través de ella se garantiza la efectividad de las normas jurídicas». «Entenderlo de otra manera es considerar el Derecho como mera retórica oportunista que puede ser cambiada a conveniencia mediante el simple trámite de neutralizar por diversos procedimientos las sentencias judiciales que no son conformes con el interés político del momento”, ha añadido.

En este sentido, ha hecho referencia al reciente discurso político que aboga por la “desjudicialización” en referencia a los hechos acontecidos en Cataluña en 2017 y que habla, “sin rubor alguno, de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias, como si fueran estos los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad”.

De materializarse esa desjudicialización, ha advertido que se pondría en riesgo el principio de igualdad en la aplicación de la Ley a todos los ciudadanos, “pues no otra consecuencia tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política”.

El valor Estado de Derecho en nuestra democracia, ha agregado, “supone antes que nada el reconocimiento de la primacía del Derecho, al que deben sujetarse todos los poderes públicos y las personas privadas, ya que en las democracias se gobierna a través de las leyes, obra de la voluntad general, de manera que nuestro Estado no será democrático si no garantiza el respeto al Derecho». «Ni es lícito contraponer principio democrático con principio de legalidad, ni admisible que una autoridad pública invoque su origen democrático para infringir la ley”, ha sentenciado.

Al hablar del ‘procés, Lesmes ha reivindicado «la labor de los jueces españoles y, muy especialmente, por encontrarse en esta sede, la de los magistrados del Tribunal Supremo, en defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento».

También ha aludido a la lucha contra la corrupción, en la que los jueces “han actuado eficazmente, con plena independencia, sin más criterio rector u orientación que aquellos que la propia Ley establece y sin que las críticas interesadas en este campo hayan conseguido debilitar a nuestra Justicia ni corroer la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales, pese a que no es infrecuente que quien ayer aplaudía la sentencia que condenaba a su rival hoy desacredita la que le afecta a él, cuando a menudo ha sido dictada por los mismos magistrados”.

Ha explicado que estas y otras actuaciones han determinado que la imagen que la ciudadanía tiene del Poder Judicial haya experimentado una gradual y llamativa mejoría en la última década, “hasta el punto que de los tres poderes clásicos de Montesquieu, el judicial lleva obteniendo regularmente durante los últimos años una evaluación ciudadana más positiva que el Gobierno y el Parlamento, siendo considerado además por más del 70% de los ciudadanos la garantía última de sus derechos y libertades”.

En este contexto, ha recalcado que, «según la Constitución, la democracia española está indisolublemente unida al Estado de Derecho y éste a la existencia de un Poder Judicial independiente».

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