Lesmes asumirá la presidencia de la Comisión de Asuntos Económicos del CGPJ

por | marzo 24, 2022

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes Serrano, asumirá la presidencia de la Comisión de Asuntos Económicos del órgano de gobierno de los jueces tras el cese del vocal Rafael Fernández Valverde por jubilación. Así lo ha acordado hoy el Pleno del CGPJ por asentimiento.

El cese de Rafael Fernández Valverde se produjo el pasado 5 de marzo como consecuencia de su jubilación forzosa, por haber cumplido 72 años, la edad establecida en la ley.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la pérdida de la condición de magistrado del Tribunal Supremo tras la jubilación tuvo como consecuencia el cese de Fernández Valverde como miembro del CGPJ por tratarse de un vocal de origen judicial.

El artículo 582.2 de la LOPJ establece a este respecto que los vocales de origen judicial también cesarán cuando dejen de estar en servicio activo en la carrera Judicial, así como cuando por jubilación u otra causa prevista en esta Ley Orgánica dejen de pertenecer a la Carrera Judicial.

La designación del nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, competencia que corresponde al Pleno del CGPJ, debe hacerse de forma inmediata pues, tal y como prevé el artículo 609.3 LOPJ, dicha Comisión “deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes”.  

El presidente del TS y del CGPJ ha dado cuenta hoy al Pleno de la comunicación que le ha remitido la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, informándole de la decisión de la Mesa de la Cámara Baja de que, estando el Consejo en funciones, “no procede realizar la propuesta de nombramiento para la sustitución” del vocal Fernández Valverde.

Rafael Fernández Valverde era desde noviembre de 2003 magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Rafael Fernández ingresó en la Carrera Judicial en 1976, y ejerció como juez en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Aracena, Sanlúcar de Barrameda y La Orotava. Tras ascender a magistrado, estuvo destinado en los juzgados de primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria.

Magistrado especialista de lo Contencioso-Administrativo, pasó a desempeñar su labor en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias donde permaneció de 1989 a 2001. En diciembre de 2001 fue nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, donde ejerció hasta noviembre de 2003, cuando fue nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial bajo la presidencia de Javier Delgado Barrio y de Lesmes.

ADVERTENCIA DE COLAPSO

Esta jubilación es la segunda en lo que va de año en el Supremo. Se suma a la del magistrado Segundo Menéndez Pérez, quien tiene previsto abandonar sus funciones el próximo 15 de abril, cuando se elevarán a ocho las vacantes sin cubrir en esta Sala.

En octubre de 2021, la Sala de Gobierno del Supremo aprobó un informe del Gabinete Técnico en el que se avisaba de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales implicaría que al año se realizaran 1.000 sentencias menos. Avisó que salvo en la Sala de lo Penal, a la que la falta de cobertura de vacantes no le afecta en el futuro inmediato, en el resto de ellas la situación es muy preocupante de no cubrirse con urgencia las plazas vacantes. Advirtió de «colapso» ante la «avalancha» de recursos que se prevé.

En la Sala de lo Social hay tres vacantes actualmente y otras dos previstas (incluida su presidenta) para antes de octubre de 2022, en Sala de lo Militar, una plaza vacante y otra más prevista para este año, y en la Sala de lo Civil hay una vacante sin cubrir.

El pasado mes de febrero, el Supremo pidió a la ministra de Justicia, Pilar Llop, medidas urgentes para garantizar su funcionamiento mientras no se puedan cubrir vacantes ante las necesidades que arrastra desde hace años y la situación creada por la imposibilidad del CGPJ en funciones de efectuar nombramientos por la Ley 4/2021, que en octubre provocará que tenga un 20% de sus plazas vacantes.

La ministra, por su parte, solicitó a Lesmes un informe para determinar cuáles de las necesidades del Supremo son fruto del aumento de la litigiosidad y cuáles del bloqueo en la renovación del CGPJ.

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