Las empresas que reciban ayudas públicas no podrán hacer despidos objetivos en los próximos tres meses

por | marzo 29, 2022

El Consejo de Ministros aprueba hoy martes un plan de choque por valor de 16.000 millones de euros que también contempla nueva ampliación de plazos de los créditos ICO para las empresas.

“Hay un mecanismo para proteger a las empresas que son los ERTE y no hay que despedir”, ese ha sido uno de los mensajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en su comparecencia previa al Consejo de Ministros de este martes que aprobará el plan de choque para paliar la actual crisis energética y la guerra en Ucrania.

En este contexto, Sánchez anunció la prohibición del despido objetivo indemnizado con 20 días por año trabajado y el mandato de mantenimiento del empleo para las empresas que acudan a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el próximo 30 de junio.

Los expertos en relaciones laborales consultados por Confilegal esperan con expectación la redacción final de esta medida que entrará en vigor de inmediato.  

COMPRENDE A TODAS LAS EMPRESAS QUE RECIBAN CUALQUIER TIPO DE AYUDA

Al parecer al final la propuesta se extenderá a todas las empresas que reciban cualquier tipo de ayuda directa por la crisis; considerando estas cualquiera de las aprobadas mañana, incluidos la nueva línea de créditos ICO.

Esto, en la práctica, extendería la prohibición a la inmensa mayoría de las empresas que, casi con toda seguridad se beneficiarán de una medida u otra.

Lo que ‘de facto’ implicará que el coste de este despido subirá de 20 días por año trabajado a 33 días, al pasar a ser calificado de improcedente.

Así lo interpretaron mayoritariamente los tribunales superiores de justicia cuando tuvieron que pronunciarse sobre ceses impugnados durante la primera etapa del «prohibido despedir».

Esta norma ya fue aprobada por el Gobierno en marzo de 2020 para los despidos objetivos motivados por la pandemia de Covid y ha estado en vigor hasta finales de febrero pasado.

En la actualidad hay 380.000 empresas pendiente de devolver los créditos ICO

El plan de choque para paliar los efectos de la guerra tiene cinco grandes ejes: medias para de apoyo a familias, trabajadores y refugiados; medidas para apoyar el tejido económico; en materia de transportes; de ciberseguridad; y en materia de energía, para abaratar el precio final de la electricidad a hogares y empresas.

El presidente del Gobierno ha dado un poco más de forma al anuncio realizado la pasada semana por la vicepresidenta, Nadia Calviño, sobre la ampliación del programa de créditos ICO. Una cuestión que ya Confilegal denunciaba recientemente.

En concreto, el Gobierno va a ampliar en otros 10.000 millones de euros la línea de avales para empresas, que se suman a los que ya se otorgaron como respuesta a la pandemia.

La medida incluye además una ampliación en los plazos de devolución y de carencia para los créditos que siguen vivos como respuesta a la COVID-19. Será este martes cuando conozcamos los detalles de la medida. En la actualidad hay 380.000 empresas pendiente de devolver esos créditos.

Demasiado intervencionismo

Román Gil, socio del despacho Sagardoy Abogados, cree que la posición del Gobierno en este tema refrenda el ideario de Unidas Podemos sobre este tema, tanto por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como del secretario de Estado de Empleo,  Joaquín Perez.

“Esas ideas están ahí, pero es incompatible con el mercado laboral que tenemos tan dinámico y en el que la mayor parte de nuestras empresas son de menos de diez trabajadores. Para ellas un despido objetivo puede ayudarles a resolver su coyuntura, si se convierte en improcedente o nulo puede asfixiar su economía”, afirma.

La propuesta de Sanchez «va contra la libertad de empresa, artículo 38 de la Constitución, cuestionable de la propia regulación objetivo que esta en la ley, artículo 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores”.

“Lo que tiene que hacer el Estado es proteger a los trabajadores y darles formación continua y ayuda en la búsqueda de empleo. Me preocupa esta intervención directa en el mercado laboral, una dinámica que empieza a ser muy frecuente”, según Román Gil

Gil recuerda que se lanza un mensaje dañino. “Hemos tenido problemas con la contratación temporal de los trabajadores. Este tipo de medidas transmiten un mensaje de inflexibilidad, desincentivando la inversión tanto española como extranjera. Se genera el miedo a contratar cuando es mejor que las empresas ajusten sus necesidades desde mecanismos de flexiseguridad”.

A juicio de este experto en relaciones laborales, “lo que tiene que hacer el Estado es proteger a los trabajadores y darles formación continua y ayuda en la búsqueda de empleo. Me preocupa esta intervención directa en el mercado laboral, una dinámica que empieza a ser muy frecuente”.

En su opinión “el funcionamiento de los ERTE del Covid ha sido elogiado, pero hay que darse cuenta que se pagó con dinero público. Esto se ha hecho en otros países, Macron, presidente francés hablaba de la socialización de los salarios. Ahora parece que el Estado va a volver a intervenir y hará el despido más caro. Una solución que no ayuda a las pymes, nos tememos”.

SE ENCARECE EL DESPIDO

La medida ya se estrenó con los ERTE al principio de la pandemia. “Las empresas que tuvieron esos ERTE evitaron despedir porque tenían que devolver todo el dinero logrado en bonificaciones de esos trabajadores”, explica Diana Rodríguez, responsable del área de laboral de Marimón Abogados en Madrid.

Hay que darse cuenta «que las empresas no despiden de forma arbitraria. Esta es una medida muy dura que plantea el Gobierno que se inmiscuye en el poder de dirección del empresario”.

Con esta nueva regulación aprobada “ya deja claro que si despides a un trabajador afectado por un ERTE lo que pierdes es la bonificación vinculada a ese trabajador, con lo cual su aspecto es menos restrictivo que antes”

A su juicio, “Por lo menos tenemos un sistema de ERTE mejor que el anterior, generado en la época de la pandemia, el llamado Mecanismo Red que hemos conocido con la reforma laboral y que parece que se activará para las agencias de viaje”.

Con esta nueva regulación aprobada “ya deja claro que si despides a un trabajador afectado por un ERTE lo que pierdes es la bonificación vinculada a ese trabajador, con lo cual su aspecto es menos restrictivo que antes”.

Sin embargo, considera que esta medida de prohibir los despidos es muy invasiva “es importante ver como queda en el Real Decreto. Son dos cuestiones distintas, una es la prohibición de despedir si tienes un ERTE y otra es la prohibición de despedir sin más por causas objetivas”.

Para esta experta “no parece que hiciera falta este tipo de prohibiciones, lo que hay que hacer es controlar la aplicación de la ley vía tribunales o desde la inspección de trabajo. Al final nos iremos al despido improcedente en los casos que se produzca”.

CON EL MECANISMO RED, VALDRÍA

Por su parte Fernando Vizcaíno de Sas, socio responsable del área laboral de ECIJA señala que “la creación del Mecanismo RED, que explica la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre hace impensable que se deban adoptar medidas por la Guerra de Ucrania de protección del empleo que debe ampararse en esta nueva figura”.

“O de una manera palmaria el Gobierno no cree en su propia creación y no piensa que el Mecanismo Red funcione, o no se explica que deba gravarse a las empresas con mayores exigencias como la de impedirla los despidos objetivos por crisis económica”, explica.

Desde su punto de vista “junto con otras medidas de buscar la fijeza en los puestos (desaparición de los contratos por obra o servicio determinado) parece que una prohibición de despedir generaría unas obligaciones de conversión de plantillas y una elevación en los puestos fijos”.

Y precisamente, «en momentos de una inflación alta, crisis de carburantes e inquietud social sobre las condiciones de los mercados, podrían suponer la desaparición de muchas pequeñas y medianas empresas”.

Por todo ello, «no parece una buena medida la de volver a la prohibición de despidos objetivos. Parece más sensato que se arbitren, para hacerlas atractivas, medidas dentro del Mecanismo Red”, concluye.

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