Las empresas del IBEX aún pueden mejorar la transparencia en cumplimiento, según un estudio de Transparencia Internacional y CUMPLEN

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La corrupción le está costando a España casi 90.000 millones de euros anuales, un 8 % del PIB, conforme a los estudios realizados en la materia. Sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Esta lacra debilita a las instituciones, lesiona la competencia leal, distorsiona los mercados y afecta de manera claramente desproporcionada a los consumidores y a los sujetos más vulnerables.

Este problema global requiere una respuesta multilateral, holística y coordinada, un enfoque colectivo de prevención y acción.

Esta es una de las conclusiones del informe de Transparencia Internacional España donde aparece  el Índice de Transparencia Corporativa en Integridad, Cumplimiento y Derechos Humanos de las Empresas del IBEX-35 (Informe TRAC-ESPAÑA 2022).

Este informe fue presentado en el 7º Encuentro CUMPLEN -que tuvo lugar en el Real Casino de Madrid- por la presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo, el coordinador del proyecto, David Martínez y la investigadora del proyecto, Dolores García Villaverde.

«Hemos evaluado la publicidad activa de las empresas a través de 100 indicadores y 5 dimensiones diferentes. La dimensión que obtiene una puntuación mayor es transparencia organizacional mercantil y la que obtiene una peor puntuación es cumplimiento normativo, alcanzado apenas un 47%, comentaron estos expertos.

Lucha contra el fraude de manera global

Para estos expertos seria clave desarrollar, entre otras cuestiones, un programa sólido y completo de prevención de la corrupción y el fraude, que incluya todos los tipos detallados en los indicadores del estudio en relación al ámbito objetivo de los programas y acompañarlo de una adecuada transparencia cumpliendo así lo establecido en la Ley 11/2018.

Se trata de informar, al menos sobre: las características sobre el funcionamiento del sistema anticorrupción desplegado por la compañía; la composición, funciones, competencias y ubicación dentro de la organización; el órgano o unidad encargada de dicho programa; las principales herramientas y los sistemas de control, los procedimientos de diligencia debida y prevención de los riesgos con el rigor de detalle establecido en dicha ley; el sistema interno de infracciones o denuncias; una formación específica en este ámbito, así como indicadores clave de resultados no financieros y el seguimiento y actualización del programa.

Según explican desde esta entidad, es el primer informe desarrollado en España bajo la metodología de evaluación TRAC (Transparency in Corporate Reporting o Transparencia en los informes empresariales) de Transparency International (TI), empleada desde 2008 y aplicada tanto a nivel global como a nivel nacional en más de 20 países.

El Índice ha sido elaborado en el marco del Proyecto “Transparencia corporativa en integridad y derechos humanos de las empresas españolas del IBEX-35 (TRAC ESPAÑA 2022)”, que ha sido cofinanciado por CUMPLEN y por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Para Kika Joncour, directora gerente de CUMPLEN, el cumplimiento de las normas por las organizaciones no solo es necesario para luchar contra el fraude y la corrupción sino para instaurar un modelo empresarial respetuoso con los derechos de clientes, trabajadores, accionistas, competidores, etc.

Desde esta Asociación se promueve la implantación de una cultura ética empresarial, y le damos voz y protagonismo al papel que los profesionales del Compliance tienen para que las organizaciones donde trabajan, públicas y privadas, consigan los más altos estándares de cumplimiento normativo.

“Se trata de lograr que las entidades sean todavía más fiables en el mercado, más robustas y gestionen mejor sus riesgos en un entorno competitivo y repleto de incertidumbres”, comenta Joncour.

Esto ha hecho que CUMPLEN promueva diferentes acciones vinculadas a la Responsabilidad Social Corporativa y la Transparencia como es el proyecto descrito, con la intención de irlo repitiendo de forma anual para poder seguir la evolución de los resultados y crear una mejora de las medidas y acciones concretas de lucha contra la corrupción en el ámbito del Compliance.

Hay que ganar en transparencia

Para Joncour, con este tipo de herramientas lo que se pretende es “fortalecer la transparencia en el sector empresarial de España, no solo para las grandes empresas del IBEX 35, sino que sean extrapolables para todo el tejido empresarial y PYMES, en particular”.

Se pretende impulsar una mejora en la transparencia corporativa ya que a través de estos informes anuales, las organizaciones son conscientes de que serán examinadas anualmente y este hecho actúa como un poderoso incentivo para la mejora continua.

“Otra cuestión que se busca con las conclusiones que arroja este informe es fortalecer el compromiso de las empresas con la rendición de cuentas que implica toda declaración activa y pública sobre los principales elementos de sus sistemas de cumplimiento, diligencia debida y programas anticorrupción”.

Junto a ello es importante también tener en cuenta la información de gestión y sobre el impacto de sus actividades, ya que le la rendición de cuentas desempeña un papel fundamental para la mejora efectiva y la generación de valor.

«En CUMPLEN creemos en la cultura de cumplimiento, la ética y la transparencia, por lo que seguiremos trabajando en impulsar proyectos que sumen a los valores que defendemos», subraya Joncour.

Hay espacio para mejorar

 Sobre estas conclusiones, TI-E señala que  el promedio general de la puntuación final de todas las empresas del IBEX-35 en el TRAC-ESPAÑA 2022 se sitúa en un 61,0, lo que deja patente que existe un amplio margen para la mejora de la transparencia en las cinco dimensiones evaluadas.

Por otra parte, en muchos casos existe un cumplimiento deficiente y generalizado en relación con las obligaciones establecidas por la Ley 11/2018, en materia de prevención de la corrupción y derechos humanos, fundamentalmente en distintas de cuestiones:

En ese caso hay que mejorar los procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado.

Junto con ello los principales riesgos vinculados a las principales actividades e impactos de la entidad, desglosados por país, por tipo de riesgo y si son a corto, medio y largo plazo, así como la forma de gestionar dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia para cada materia.

Otra cuestión necesaria es que los indicadores clave de resultados no financieros (KPIs, KRIs, y KCIs)  sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta, y que cumplan con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad.

Esto implica utilizar estándares de indicadores clave no financieros que puedan ser generalmente aplicados, que cumplan con las directrices de la Comisión Europea en esta materia y los estándares de Global Reporting Initiative (GRI) o Iniciativa Mundial de Información, y cuya información presentada sea precisa, comparable y verificable.

Otro dato señalado es que la dimensión que ostenta un mayor cumplimiento es la de Transparencia Organizacional/ Mercantil (con un promedio de 84,0 en el Índice) y la de menor cumplimiento en relación con la publicidad activa es la de Cumplimiento Normativo (con un promedio de 47,0 en el Índice).

Con relación al análisis sectorial, se revela que el sector menos transparente es el de Productos farmacéuticos y biotecnología, que apenas alcanza el 40% de la puntuación máxima a nivel global y obtiene un escaso 32,5 % en relación con los indicadores sobre cadena de suministro.

En el extremo opuesto se encuentra “Petróleo y energía”, que alcanza una puntuación del 68% en el Índice, un sector que desde el derecho comunitario y las exigencias internacionales se le ha impuesto desde hace unos años diversas obligaciones de publicidad activa en determinados aspectos como pueden ser derechos humanos o CbCR13.

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