La Universidad Politécnica de Cataluña, condenada por vulnerar su deber de neutralidad ideológica al pronunciarse sobre las actuaciones del Tribunal de Cuentas

por | marzo 31, 2022

La titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 13 de Barcelona ha condenando a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) por violar la libertad ideológica y la libertad de expresión de sus profesores.

En la sentencia 113/2022, de 29 de marzo, que también condena a la UPC al pago de las costas procesales, la magistrada Maria Lourdes Chasan Alemany anula el acuerdo del claustro de esta universidad del pasado 14 de septiembre, en el que este órgano denunciaba la “injusticia” de las actuaciones del Tribunal de Cuentas contra antiguos miembros del Gobierno catalán, entre ellos los profesores Andreu Mas Colell y Albert Carreras de Odriozola, y se “solidarizaba con los afectados”, además de adherirse a una declaración del Instituto de Estudios Catalanes que se expresaba en el mismo sentido.

En su día, Universitaris per la Convivència difundió un comunicado reprobando esta actuación del claustro, muy semejante a otras llevadas a cabo por varias universidades catalanas y por las cuales han sido condenadas en sede judicial.

Ante estos hechos, varios profesores de la UPC –Juan Carlos Aguado, Alejandro Rodríguez, Josep M. Olm, José Juan de Felipe y Santiago Torres, todos ellos miembros de la plataforma ‘Universitaris per la Convivència‘- presentaron un recurso contencioso-administrativo por vulneración de sus derechos fundamentales, alegando que los órganos de la Universidad no pueden emitir declaraciones políticas de contenido partidista, puesto que con ello vulneran su deber de neutralidad ideológica y al tiempo lesionan dos libertades fundamentales: la libertad ideológica y la libertad de expresión.

Así lo ha entendido el Juzgado número 13, siguiendo expresamente el criterio establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en relación a un manifiesto aprobado por el claustro de la Universidad de Barcelona en 2019, en el que se cuestionaba la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los responsables políticos del ‘procés’.

La magistrada ha estimado el recurso presentado por estos profesores contra dicho acuerdo, declarando la nulidad de pleno derecho del mismo por vulnerar las libertades ideológica y de expresión de los recurrentes. La resolución, contra la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ordena publicar en la portada de la página web de la Universidad Politécnica de Cataluña durante el plazo de un mes, en cuanto la misma adquiera firmeza. Además, impone las costas causadas a la Administración demandada hasta el límite de 300 euros.

En particular, y contra lo que sostenía la UPC, el Juzgado aclara que la Universidad, en cuanto Administración Pública, está obligada a mantener la misma neutralidad que se exige a los demás órganos integrantes de ésta y que no cabe entender que «un pronunciamiento de carácter político integre el derecho fundamental a la autonomía universitaria, vinculado a los intereses educativos, científicos y profesionales de la sociedad”.

«Con esta sentencia, la UPC se une al resto de universidades públicas de Barcelona en el dudoso honor de haber sido condenadas por violar libertades públicas fundamentales de sus profesores, alumnos y demás personal», ha señalado la plataforma ‘Universitaris per la Convivència’, que aglutina a más de 200 profesores de todas las universidades catalanas.

«Si la UAB lo fue por denegar la inscripción en su directorio de una asociación de estudiantes constitucionalistas, las demás (UB, UPF, UOC y ahora UPC) lo han sido por emitir declaraciones políticas partidistas», añade.

‘Universitaris per la Convivència’ pidió amparo al Defensor del Pueblo en noviembre de 2019 ante la «instrumentalización nacionalista de las universidades públicas catalanas, que deja a estos centros al margen de la ley y del orden constitucional».

De izquierda a derecha: los profesores Ricardo García Manrique y Chantal Moll de Alba, el Defensor del Pueblo en funciones, Fernando Marugán, la profesora Isabel Fernández, y José Manuel Sánchez, secretario general de la institución.

‘Universitaris per la Convivència’ lamenta que los órganos de nuestras universidades públicas «insistan en actuar de manera claramente ajena a sus funciones y manifiestamente lesiva de los derechos fundamentales de todas las personas que las integran». «Con este tipo de actuaciones, los responsables de las universidades catalanas están perjudicando seriamente la libertad académica», indican.

Añaden que como ya expresaron en el comunicado que reprobaba la moción adoptada por el claustro de la UPC, “sorprende que un claustro universitario ignore de manera tan descarada sus competencias y sus deberes, cuando una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la condena a la Universidad de Barcelona por hechos semejantes”.

Y reiteran los argumentos de entonces: “Una vez más el claustro de una universidad catalana se arroga tercamente un protagonismo que no le corresponde, porque son los ciudadanos los que han de opinar sobre cuestiones políticas y nunca una institución consagrada a la enseñanza y a la investigación. Al hacerlo, no solo viola su deber de neutralidad sino que secuestra la libertad de pensamiento de todos los que integran la comunidad universitaria, al opinar en su nombre. Además, al asumir por vía de autoridad una posición partidista, ejerce una ilegítima dominación ideológica que sin duda dificulta la libre expresión de las ideas por parte de alumnos y profesores, estos sí auténticos titulares de ese derecho”.

Universitaris per la Convivència afirma que seguirá defendiendo las libertades públicas en las universidades catalanas, recurriendo para ello a los tribunales cuando sea necesario, «en el convencimiento de que nadie, tampoco las universidades, está por encima de la ley democrática».

Este colectivo de profesores críticos con la «instrumentalización de los campus por parte del separatimo», se gestó en septiembre de 2018. Sus promotores son dos profesores de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero y Chantal Moll, y una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Isabel Fernández.

El ‘leitmotiv’ de este proyecto era la defensa de la neutralidad política de los órganos de gobierno de las universidades, ahora también se posicionan de manera contundente contra las agresiones a estudiantes constitucionalistas y en defensa de la pluralidad lingüística en las aulas, y expresan su «preocupación por el deterioro de las libertades públicas que se está produciendo en las universidades catalanas».

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