La procura española reclama más competencias para proteger a las víctimas

por | marzo 31, 2022

«Las reformas legislativas tan ambiciosas para las que trabaja este Gobierno, sobre todo las Leyes de Eficiencia Procesal, Organizativa y Digital, y la reforma de la LECRIM, deben extremar su protección, empatía y sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables porque no debe perderse la perspectiva de una realidad que se encamina sin tregua hacia la especialización y la tecnología pudiendo excluir irremediablemente a la víctima del sistema”. Esta fue la gran conclusión de la jornada «Por una representación integral de las víctimas en los Juzgados”, que tuvo lugar ayer en el Senado.

En la misma participaron el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, el presidente del Consejo General de Procuradores (CGPE), Juan Carlos Estévez; la presidenta de la Comisión de Igualdad del CGPE, Eva García; el catedrático de Derecho Procesal, Nicolas Gonzalez Cuellar; la magistrada de Barcelona y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), Zita Hernandez Larrañaga; la magistrada del juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Albacete, Cira García Domínguez; la psicóloga Sonia Vaccaro; e Isabel Giménez García, juez en Barcelona y coordinadora de la Asociación.

Durante su intervención, Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE, recordó que “la Procura observa que el periplo judicial para una víctima de violencia doméstica y de género y en general para cualquier persona en una situación especial de vulnerabilidad es, sino inexpugnable, cuando menos de muy difícil abordaje, afectados de carencia y de un tratamiento desigual en la realidad judicial de nuestro país y ve muy necesaria una representación integral, personal y profesional para las víctimas desde el minuto uno hasta concluir la actividad judicial, por un procurador o una procuradora formados en perspectivas de género”.

El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, durante su intervención.

La razón de llamar su atención con este este Acto, subrayó la moderadora de la jornada y presidenta de la Comisión de Igualdad del CGPE, Eva García, se encuentra en un artículo. El 32 de la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito, Literalmente dice: “los poderes públicos deben fomentar la cooperación con los colectivos profesionales especializados en el trato, atención y protección a las víctimas, fomentando a tal efecto la participación de estos colectivos en los sistemas de evaluación del funcionamiento de las normas, medidas y demás instrumentos que se adopten para la protección y asistencia a las víctimas”. 

«En este contexto, el profesional de la Procura, un operador jurídico de carácter híbrido porque es un profesional liberal que se postula como representante procesal del ciudadano, reclama una pequeña parada, un punto de inflexión para que reflexionemos sobre una realidad que se está produciendo cada día en los juzgados y tribunales de nuestro país, y es que las víctimas más vulnerables, las víctimas de violencia de género, de delitos de trata de seres humanos, de abusos sexuales, y las víctimas menores de edad o con discapacidad, en su derecho a justicia gratuita tienen derecho únicamente a que se les nombre un abogado desde la denuncia, pero no un procurador», explicó.

«Y ello es un agravio comparativo», añadió García, «con otras Jurisdicciones como la Civil, porque mientras en la Civil el carácter de los derechos que se ventilan inciden en la esfera privada y la postulación procesal por un profesional de la Procura es preceptiva para la mayoría de procedimientos,  contribuyendo a la celeridad, profesionalización y homogeneidad del proceso, en la Penal se protegen derechos fundamentales y el interés trasciende de lo privado para convertirse en una responsabilidad de todos, principalmente de los poderes públicos que deben garantizar a los ciudadanos el cumplimiento de derechos y principios esenciales proclamados en nuestra C.E. como el de tutela judicial efectiva y el de seguridad jurídica».

Para concluir, la presidenta de Igualdad del CGPE, recordó que “las reformas legislativas tan ambiciosas para las que trabaja este Gobierno, sobre todo las Leyes de Eficiencia Procesal, Organizativa y Digital, y la reforma de la LECRIM, deben extremar su protección, empatía y sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables porque no debe perderse la perspectiva de una realidad que se encamina sin tregua hacia la especialización y la tecnología pudiendo excluir irremediablemente a la víctima del sistema. Doble garantía, señorías, defensa letrada para las víctimas, pero también y de forma simultánea, representación profesionalizada e integral por procurador”.

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