La Iglesia española ha recibido 506 denuncias de abusos en dos años

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La Iglesia española ha recibido 506 denuncias sobre abusos sexuales en los dos primeros años desde que se pusieron en marcha las oficinas para la prevención de abusos a menores. Así lo ha informado hoy el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente de los obispos españoles.

Las denuncias se dirigen contra sacerdotes, curas diocesanos y religiosos.

Argüello ha precisado que de los 506 casos, en 103 de ellos el acusado ya ha fallecido, aunque ha señalado que los casos se investigan aunque el presunto agresor haya fallecido o aunque el caso haya prescrito.

Según ha explicado el portavoz de los obispos, la mayoría de las denuncias, un total de 300, obedecen a asuntos ocurridos hace más de 30 años. Las denuncias se han recibido a través de las 202 oficinas abiertas, 60 en las diócesis y el resto en las congregaciones religiosas.

«Queremos apartar a personas que son indignas, que no haya lobos que se disfracen de corderos y que no se pueda decir que la Iglesia es un lugar inseguro para los niños», ha subrayado Argüello.

La Iglesia española ha encargado una auditoría externa al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, que se ha dado un plazo de un año y que prevé colaborar con el Defensor del Pueblo, según avanzó el presidente de la firma legal, Javier Cremades, cuando se presentó la iniciativa.

 El presidente de Cremades & Calvo-Sotelo, Javier Cremades, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en la rueda de prensa del pasado 22 de febrero en la que desgranaron los detalles de la auditoría, que se realizará en el plazo de un año.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN LIDERADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO

En paralelo, el Congreso aprobó ayer la Proposición No de Ley (PNL) del PSOE y PNV para abrir una investigación sobre los abusos sexuales a menores acaecidos en el seno de la Iglesia católica, que estará liderada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, exministro de Educación socialista. La iniciativa ha sido aprobada con el voto a favor de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Ciudadanos, BNG, JuntXCat, PDeCAT y el PP, el voto en contra de VOX y dos abstenciones de UPN.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha asegurado que la Iglesia está dispuesta a «colaborar con todo el mundo», al ser preguntado por dicha comisión. «Ya dirán qué quieren hacer. Siempre estamos dispuestos a colaborar con todo el mundo», señaló ayer preguntado al respecto a la salida del II Congreso Iglesia y Sociedad, organizado por la Fundación Pablo VI con la colaboración de la Conferencia Episcopal.

Omella insistió en que la Iglesia lo que tiene «muy claro» es la «defensa de las víctimas» y la «transparencia total».

El bufete Cremades & Calvo-Sotelo recibió una veintena de denuncias en la primera semana en la que le fue encargada la auditoría, según informaron a Confilegal fuentes del despacho.

La firma ha puesto a disposición de la población un correo electrónico para que todo aquel que quiera denunciar un caso de abusos en la Iglesia, pueda hacerlo. Es: denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com.

La lista de participantes en la Comisión de Auditoría está completándose. Cremades ya adelantó algunos nombres, entre ellos el de Santiago Santiago Calvo-Sotelo, exauditor de Arthur Andersen; Encarnación Roca, exvicepresidenta del Tribunal Constitucional; Vicente Conde, exmagistrado del Tribunal Supremo y del Constitucional; y Juan Saavedra, expresidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.

Además, en en esta lista figuran dos dos socios del despacho alemán Westpfahl Spilker Wastl, que realizó la Auditoría en la Archidiócesis de Múnich. Cada mes se desplazarán hasta Madrid para aportar su propia metodología.

Asimismo, destacados profesionales de otros despachos jurídicos se han ofrecido a colaborar incorporándose a esa Comisión.

El modelo será «un híbrido» basado en la experiencia de Alemania y de Francia, combinado con el trabajo realizado ya por las oficinas de protección a menores puestas en marcha en todas las diócesis españolas, si bien Cremades ha descartado que vayan a realizar «extrapolaciones demoscópicas».

Investigarán todos los casos «sin límite de tiempo» hacia el pasado, no solo en las diócesis, sino también en las órdenes religiosas y en los colegios religiosos. Además de las denuncias que reciban, para realizar la investigación accederán a todos los listados de afectados de las oficinas puestas en marcha por las diócesis.

El principal objetivo de esta auditoría, según ha precisado el cardenal Omella, es la «ayuda y reparación a las víctimas» estableciendo «nuevos cauces» de colaboración y denuncia adicionales a los que ya existen en las oficinas de la Iglesia. Además, no descartan indemnizaciones a las víctimas. También quieren establecer «un cauce de colaboración estrecho y eficiente» con las autoridades «indistintamente de los instrumentos de los que estas se doten para sus propias investigaciones».

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