El fiscal suizo Yves Bertossa ha decidido archivar la investigación en torno a una donación de 100 millones de dólares por parte de Arabia Saudí al Rey emérito, Juan Carlos I, y que el monarca habría donado a su vez a Corinna Larsen.
El Ministerio Público ha ordenado la clasificación parcial del procedimiento dado que la investigación «no permitió establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad».
Por lo tanto, exonera a todos los investigados, incluida Larsen, diversos gestores, como Arturo Fasana y Dante Canonica, y banqueros.
En esta causa no constaba como investigado el Rey emérito.
La Fiscalía abrió una investigación por supuesto blanqueo de dinero el 6 de agosto de 2018 a raíz de la publicación en la prensa de artículos en los que se indicaba que Juan Carlos I podría haber ocultado en cuentas bancarias de Suiza dinero recibido en comisiones ilegales ligadas a la obtención de un contrato para que empresas españolas construyeran el tren La Meca-Medina.
Según explica el Ministerio Fiscal, la instrucción ha permitido establecer que Juan Carlos I «recibió efectivamente el 8 de agosto de 2008, en la cuenta de la Fundación Lucum abierta en Mirabaud & CIE SA en Ginebra, la suma de 100 millones de dólares por parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí». Y añade que el procedimiento también puso en evidencia otros pagos recibidos por el emérito o Corinna Larsen: 1.895.250 dólares, en especies, además de otros 5 millones de dólares y 2 millones de dólares más provenientes de Kuwait y de Bahréin.
En las investigaciones también se identificaron otros tres pagos a Corinna Larsen por un total de casi 9 millones de dólares, procedentes de Kuwait y Baréin.
«Todas estas transferencias no fueron suficientemente documentadas por los acusados», relata la Fiscalía, y señala que la cuenta de la fundación Lucum se cerró en junio de 2012 y su saldo de 65 millones de euros se transfirió a una cuenta de una sociedad gestionada por Larsen en las Bahamas.
El Ministerio Público ha decidido el archivo parcial del proceso al no encontrar cargos suficientes. Las costas del procedimiento, fijadas en 200.000 francos suizos, deben correr a cargo de los demandados.
No obstante, la Fiscalía ha resuelto que el uso de esa fundación Lucum y de otras sociedades de los encausados «demostrarían una voluntad de ocultación». «Los montantes concernidos, el origen de los bienes, la ausencia de documentación adecuada justificando las transferencias, las pretendidas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí en favor de Juan Carlos I y luego de este último en favor de Corinna), así como la cronología de los acontecimientos constituyen indicios de cargo de los acusados», explica.
La Fiscalía suiza ha condenado al banco Mirabaud & CIE a una multa de 50.000 francos suizos y al pago de las costas del procedimiento, estimados en otros 150.000 francos, ya que la instrucción ha permitido establecer que el banco habría omitido desde julio de 2018 la comunicación pertinente de la cuenta personal de Corinna Larsen a la Oficina de Comunicación en materia de Blanqueo de Dinero.
Corinna Larsen ha señalado en un comunicado que hoy «finalmente» ha sido exonerada de toda responsabilidad en esta investigación llevada a cabo por el fiscal suizo durante tres años, y ha señalado que su inocencia «era evidente desde el principio».
«Este episodio ha servido para dañar aún más mi imagen en el marco de la campaña continua de desprestigio contra mi persona por parte de ciertos intereses españoles. Mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes», asegura.
Larsen ha demandado al Rey emérito ante los tribunales londinenses. Afirma que el CNI, y el que fuera director del mismo, Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el de Juan Carlos I la pusieron tanto a ella como a personas de su entorno «bajo vigilancia física que incluía vehículos y personal vigilancia, invadir su propiedad en la que residía y espiar en sus teléfonos y ordenadores».
Declara haber sufrido «gran angustia, ansiedad, privaciones de sueño y preocupación por su propia seguridad física y la de sus hijos». Además, dice que «ha sido objeto de una continua amenaza de daño físico, intrusión y vigilancia» por parte del Rey emérito, por lo que también ha pedido que el monarca no se pueda acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias.
En la vista celebrada la semana pasada, la defensa del Rey emérito aseguró que Juan Carlos I «goza de inmunidad» y que la justicia británica no es competente para atender la demanda presentada por Corinna Larsen, quien pide una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental.