La Fiscalía archiva la investigación sobre los contratos vinculados al hermano de Ayuso

por | junio 23, 2022

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante «la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales».

Así lo ha acordado en un decreto, con fecha de hoy, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, dando carpetazo a los hechos denunciados por PSOE, Podemos y Más Madrid.

En el decreto, Luzón destaca que no realiza «pronunciamiento alguno en lo concerniente a los posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y cohecho, en escrupuloso respeto del marco competencial de la Fiscalía Europea, según quedó establecido en el Decreto de la Fiscal General del Estado de 28 de marzo de 2022».

Contra lo acordado no cabe recurso alguno, «sin perjuicio de poder ejercitar las acciones penales ante los órganos judiciales que considere
competentes».

Luzón ordena que se comunique lo resuelto al investigado, Tomás Díaz Ayuso, a los fiscales europeos a cargo del procedimiento FEU número 23/22 y al juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, en funciones de juez de garantías de dicho procedimiento.

A través de dos decretos del pasado 3 de junio, la Fiscalía Europea acordó las investigaciones tras una denuncia presentada en abril por el grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid sobre posibles irregularidades en los contratos concedidos a las sociedades Vindoré 24k, dedicada a la comercialización de vinos espumosos a los que se añaden partículas de oro, y Air Global Media, que tendría como actividad principal la radiodifusión.

La Fiscalía Europea asumió la competencia porque los contratos se nutrieron de fondos europeos, al tiempo que ha visto indicios de «un incremento artificial del precio».

La Comunidad de Madrid respondió a la noticia publicando en Twitter los datos de los contratos con fechas y precios, y subraya que «está todo correcto».

La información que ha publicado:

LA DENUNCIA DE UNIDAS PODEMOS

Según Unidas Podemos, a Vindoré se le habrían otorgado desde la CAM tres contratos entre marzo y abril de 2020 por un total de 7.740.000 euros para obtener material quirúrgico asistencial, de protección individual y de curas para abastecer al pabellón número 10 de IFEMA, donde se instaló un hospital de campaña para los enfermos covid.

En el caso de Air Global Media habría conseguido cuatro contratos entre mayo y junio de 2020 para la adquisición de material quirúrgico asistencial y de curas, mascarillas y monos, tanto para el hospital de IFEMA como para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), por un total de 10.060.500.

En ambos casos, los contratos se habrían tramitado mediante el procedimiento de emergencia, el órgano de contratación habría sido el SERMAS, y el órgano gestor habrían sido los órganos centrales y la subdirección general de gestión de los fondos europeos FEDER.

Unidas Podemos asegura en su denuncia que Vindoré habría obtenido unos beneficios «desmesurados», teniendo en cuenta la partida de aprovisionamiento y, en particular, la referida a «otros gastos de explotación», que ascendería a 10.772.635 euros.

Aunque no se excluye que una parte de dichos pagos se pudieran corresponder con pagos de transporte, señala que la CAM habría sufragado el flete de vuelos con material de protección sanitaria que podrían referirse al material suministrado por Vindoré, añadiendo que en cualquier caso el coste del transporte no sería por un importe tan elevado como 10 millones de euros.

Sobre Air Global manifestó que habría multiplicado casi 50 veces su cifra de negocios durante el estado de alarma, advirtiendo de que podría haberse usado como sociedad instrumental para recibir los contratos de emergencia y ocultar el reparto de pagos de comisiones millonarias.

La Fiscalía Europea explicó que, una vez iniciadas estas pesquisas, se centrará en «la comprobación de los hechos y la concreción de posibles indicios de la comisión de hechos delictivos, cuyos contornos aparecen en este momento difusos, sin que se disponga de elementos que determinen en este momento procesal la concreta imputación de ninguna persona».

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