La Comunidad de Madrid aprueba la licitación para la construcción de la Ciudad de la Justicia

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La Comunidad de Madrid autorizó la semana pasada la licitación para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid.

El complejo, ubicado en Valdebebas -al norte de la ciudad-, concentrará los 356 órganos judiciales dispersos en la actualidad por 28 inmuebles de la ciudad, muchos de ellos de alquiler.

Terrenos en Valdebebas donde se levantará la Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid.

El objetivo del ejecutivo madrileño con la nueva Ciudad de la Justicia es centralizar los edificios judiciales en una única sede, más moderna y que resuelve el déficit de espacios; generar infraestructuras de reserva para futuras ampliaciones de la planta judicial de Madrid; mejorar la eficacia y el funcionamiento de los órganos judiciales al eliminarse la dispersión de sedes; disponer de infraestructuras más modernas y funcionales para que los operadores jurídicos puedan ofrecer la mejor calidad en el servicio, y infraestructuras judiciales «plenamente accesibles (accesibilidad universal)».

También, optimizar los recursos reduciendo los costes asociados al arrendamiento de sus sedes, a su mantenimiento, conservación de las instalaciones, así como los costes asociados de sus servicios comunes; y contribuir a lograr la estabilidad y/o sostenibilidad presupuestaria y financiera promoviendo la reducción de costes, derivados del funcionamiento operativo del servicio, obteniendo una infraestructura que revertirá en público finalizada la concesión.

«Esta gran infraestructura se convertirá en el principal hito del Plan Justicia 21×21, una iniciativa de modernización y humanización de la Administración de Justicia en Madrid diseñado por el Gobierno autonómico», ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, magistrado en servicios especiales.

El ejecutivo madrileño calcula que dará servicio diario a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector.

Según explica, la fórmula elegida por la administración regional para la Ciudad de la Justicia, respaldada en los correspondientes estudios de viabilidad y tras el cumplimiento de los necesarios trámites de consulta e información públicas, consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años: redacción de los proyectos un año; ejecución de las obras tres años, y explotación de las obras 36 años.

El canon asciende, como máximo, a 49.350.000 euros -más IVA-, cantidad que no será sometida a revisión -y sólo en un 20% de la misma- hasta el octavo año del contrato. Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.

SUPONDRÁ UN AHORRO DE 20 MILLONES ANUALES Y SERÁ UN PROYECTO DE FUTURO

Según ha informado el consejero, esta cifra supondrá para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid «un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 millones que invierte anualmente el Gobierno autonómico» en la prestación de este servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo.

López ha destacado que con la construcción de la Ciudad de la Justicia «habrá otras mejoras cuantitativas y cualitativas en la prestación de un servicio público tan esencial para los ciudadanos, entre ellas, solventar el déficit de espacios y la antigüedad de los edificios, generando espacios de reservas para futuras ampliaciones de la planta judicial de la capital».

Asimismo, indica que la Ciudad de la Justicia incluirá una «constante adaptación y evolución» en materia de tecnologías de la información y de la comunicación, así como la aplicación de planes de gestión y protocolos de actuación. Además, apunta, se dota de una mayor seguridad jurídica tanto a la Administración autonómica como al adjudicatario.

El complejo contará con dotaciones como aparcamientos, edificios para usos profesionales, centros deportivos, de ocio y salud, cafeterías y una escuela infantil, «todo ello encaminado a la conciliación laboral y familiar y para mejorar la calidad de vida de sus usuarios».

Uno de los principales criterios que van a tener en cuenta los técnicos de la Consejería a la hora de valorar las ofertas que se presenten es «la accesibilidad universal: la supresión de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad para personas con discapacidad física, auditiva, visual y cognitiva, uno de los objetivos del Plan Justicia 21×21 de modernización y humanización de las infraestructuras judiciales».

También sumarán puntos las propuestas que se comprometan a alcanzar los máximos objetivos en materia de eficiencia energética. Entre ellos, que el 100% de la electricidad que se consuma y suministre en la Ciudad de la Justicia proceda de fuentes de energía renovables y de cogeneración.

Según ha informado el consejero, el Banco Europeo de Inversiones valora de manera muy positiva este proyecto, y el ejecutivo regional está trabajando con esta entidad para ofrecerlo como opción de financiación para el futuro adjudicatario de las obras

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