La AN reabre la causa por el atentado de ETA en Santa Pola (Alicante) para identificar a los autores intelectuales

por | marzo 29, 2022

El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón ha acordado la reapertura de la investigación del atentado de ETA contra la Casa Cuartel de Santa Pola (Alicante), el 4 de agosto de 2002, en el que fallecieron un hombre y una menor de edad.

En el auto, el magistrado pide un informe a la Jefatura de Información de la Guardia Civil y a la Comisaría de General de Información de la Policía de cuantos datos obren su poder que permitan relacionar con los hechos a los que fueran jefes del aparato militar Juan Antonio Olarra, alias ‘Juanvi’, y Ainhoa Múgica, ‘Olga’; del aparato logístico, Félix Ignacio Esparza ‘Navarro’; del aparato político Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’, del aparato internacional Ramón Sagarzazu, ‘Ramontxo’ y de la tesorería María Soledad Iparaguirre, ‘Anboto’.

Acuerda la reapertura a raíz de una querella de la asociación Dignidad y Justicia, y con el informe favorable de la Fiscalía. Esta asociación, presidida por Daniel Portero -hijo del que fuera fiscal superior de Andalucía, Luis Portero, asesinado por ETA en octubre del 2000 en Granada-, persigue sentar en el banquillo a los responsables intelectuales de los asesinatos de la banda terrorista.

El magistrado justifica su decisión ante la existencia de «nuevos elementos o circunstancias a valorar» y que pueden guardar «directa vinculación con los hechos iniciales que motivaron la incoación del procedimiento penal». «En el presente caso, esa vinculación o relación es palmaria, atendiendo a las circunstancias fácticas expresadas en los hechos de esta resolución, así como a las diligencias de investigación policial que se presentan (y en su momento se aportaron) para incoar la causa penal», expone en la resolución, contra la que cabe recurso de reforma.

Fue el pasado 11 de marzo cuando el Juzgado acordó abrir diligencias previas a raíz de la querella de Dignidad y Justicia contra los seis jefes de ETA que presuntamente componían el máximo órgano de dirección -el ZUBA- en el momento del ataque. Días después, el Ministerio Fiscal presentó un informe en el que defendía la necesidad de dictar auto de reapertura de la causa, además de solicitar los citados informes que el magistrado ya ha requerido a los departamentos de Información del Instituto Armado y de la Policía Nacional.

Dignidad y Justicia solicitaba en su querella que se llamase a declarar a todos ellos y que se prohibiese salir de España y se retire el pasaporte a ‘Navarro’, ‘Txango’ y ‘Mikel Antza’. En el caso de este último, esa medida ya fue aprobada por la Audiencia Nacional el pasado mes de diciembre, cuando compareció por su presunta implicación en el asesinato de Gregorio Ordóñez.

Por el ataque contra la Casa Cuartel de Santa Pola, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, ‘Iosu’, y Óscar Celarain Ortiz, ‘Peio’, al considerar probado «sin ningún género de duda» que fueron los autores del atentado, que se saldó con el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego Alaminos, de 57.

Para Dignidad y Justicia «es imposible» que semejante ataque «se hiciese espontáneamente y a espaldas de la ZUBA, y que ésta no diese su visto bueno, a una masacre de la trascendencia política y social de más de medio centenar de personas, dirigida contra familias enteras, niños, ancianos, de la guardia civil y en pleno agosto en una localidad turística costera».

En la querella señala que «el comando ejecutor no tenía absolutamente nada por si mismo, ningún medio», sino que «todo le fue suministrado». «Pocas veces habrá sido así y con características tan singulares y claras que el comando fue el mero receptor», afirma.

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia.

Esta asociación destaca que la ZUBA era el «máximo ente organizado» que decidía continuar «o no una u otra campaña de atentados contra uno u otro colectivos». Así, afirma que adoptando decisiones de forma colegiada decidían «literalmente la vida o la muerte de personas concretas».

«Ciertamente, nuestros querellados uno a seis no fueron ‘meros mecanógrafos que pasaron a limpio’ un texto del comando de la tienda de campaña que explosionó el coche-bomba cargado de explosivos en Santa Pola. Sino que, colegiadamente, ellos eran el ZUBA, ellos conjuntamente eran ‘ETA personificada’, eran ‘la voluntad de ETA’ aquel 4 de agosto de 2002», insiste.

Esta asociación también ha presentado varias querellas contra las diferentes cúpulas de ETA que dirigían la organización en los momentos en los que se produjeron estos atentados cuyos ejecutores no son conocidos. La Audiencia Nacional ha comenzado a investigar a estos dirigentes terroristas a través de la doctrina de la autoría mediata, por la que no solo es culpable quien aprieta el gatillo, sino también quien da la orden de matar, en el marco de los casos de la T4, Querol o Miguel Ángel Blanco, entre otros.

Actualmente, varios exjefes de ETA están siendo investigados para tratar de determinar si son autores intelectuales de asesinatos o ataques perpetrados por la banda.

Así, el magistrado Alejandro Abascal investiga si ‘Mikel Antza’ e ‘Iñaki de Rentería’ fueron los encargados de dar la orden del asesinato de Gregorio Ordóñez, por el que ya fueron condenadas tres personas como autores materiales; el magistrado Manuel García-Castellón ha reabierto la investigación el asesinato de Miguel Ángel Blanco para determinar quienes fueron los responsables de planear y ordenar su muerte; y el magistrado Santiago Pedraz tomará declaración a una decena de exdirigentes etarras, entre ellos también ‘Iñaki de Rentería’, en el marco del caso por el asesinato del juez Francisco Querol.

DIGNIDAD Y JUSTICIA PRESENTA EL LIBRO ‘379. LOS CRÍMENES DE ETA SIN RESOLVER’

Dignidad y Justicia presentará esta tarde el libro ‘379. Los crímenes de ETA sin resolver’, que pone por primera vez nombre y apellidos a todas las víctimas asesinadas por la banda terrorista cuyo caso aún no ha sido aclarado. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas, en el Centro Cultural de los Ejércitos, situado en el número 13 de la madrileña Gran Vía.

El trabajo, coordinado por el presidente y por el vicepresidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero y Víctor Valentín Cotobal, ha contado con la colaboración de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.

Esta asociación pretende así exponer con claridad una realidad que ya está siendo investigada por una comisión especial del Europarlamento, que ha enviado una delegación a España para pedir explicaciones sobre hasta qué punto las autoridades competentes están investigando esta impunidad masiva.

En la misma línea, el Defensor del Pueblo está elaborando ya informes con el fin de avalar la cifra adelantada por Dignidad y Justicia en colaboración con la Policía Nacional. La institución, de momento, ya dejó claro en su última memoria que los derechos de las víctimas “no están satisfechos” debido a estos asesinatos sin resolver.

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