La AN da la razón a un exdirectivo del BBVA y ordena al juez de Tándem que le permita acceder a nuevos correos

por | marzo 25, 2022

La Audiencia Nacional (AN) ha estimado el recurso de apelación del exdirectivo de BBVA Antonio Béjar González y ha ordenado al juez de Tándem que le facilite el acceso a los correos corporativos con las 12 personas que este ha propuesto -como el exCEO Ángel Cano o el que fuera jefe de Riesgo Corporativo Manuel Castro-, así como que se le entregue copia digitalizada de sus correos y agendas con las medidas de seguridad oportunas.

En un auto, dictado ayer, el tribunal de la Sala de lo Penal revoca así la decisión del magistrado instructor del caso Tándem, Manuel García-Castellón, que el pasado 4 denegó la práctica de estas diligencias, y que el exjefe de Riesgos del banco y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) recurrió pidiendo igualmente que se ampliase el listado de personas con las que se envió correos. Además, solicitó que se le facilitase dicha copia.

La Fiscalía se adhirió parcialmente a la petición de Béjar al entender que procedía el acceso al resto de correos, así como el establecimiento de una vía que le permitiese un acceso más respetuoso con los derechos de defensa del apelante.

La resolución la firman los magistrados Félix Alfonso Guevara Marcos (presidente), Carlos Frailo Coloma, y Carolina Rius Alarcó, que ha sido la ponente, quienes subrayan que estando la causa abierta y en trámite de instrucción, aún no finalizada, no puede considerarse que de accederse a esta petición ampliatoria de la parte apelante se pudiera generar una dilación indebida del procedimiento que vulnere los derechos constitucionales de las partes. 

Respecto al acceso a la entrega de copia digitalizada de los correos, los jueces ordenan que se le dé copia digitalizada de los correos y agendas cuyos originales se hallen a disposición del juzgado, con las medidas de seguridad que este órgano judicial estima oportunas.

LA SALA DE LO PENAL YA HABÍA CORREGIDO AL JUEZ

Fue el pasado mes de septiembre cuando el juez de Tándem autorizó a Béjar el acceso a sus correos corporativos, unos meses después de que la Sala de lo Penal corrigiese al magistrado, que inicialmente rechazó conceder esta petición. García-Castellón le concedió el acceso a los correos, pero únicamente en sede judicial, algo que ya fue recurrido por el exdirectivo, que se quejaba ante las dificultades para poder consultarlos con detenimiento.

Entre los correos electrónicos requeridos se encuentran algunos intercambiados con el jefe de auditoría interna de BBVA, Joaquín Gortari, el que fuera jefe de seguridad de la entidad Julio Corrochano o con la directora del departamento jurídico María Jesús Arriba de Paz.

Béjar, imputado en esta causa, alegaba que la denegación del acceso a esos documentos -en un principio quería poder tener acceso a todos sus correos en BBVA y DCN, y a agendas de sus secretarias- infringía los artículos 118 y 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el artículo 24.2 de la Constitución. Y destacaba que había resultado incriminado a raíz de una información que aportó el banco a la causa cuando la instrucción estaba secreta y antes de que la propia entidad bancaria fuera imputada.

Béjar ha acusado a la entidad de haberle imputado «hechos concretos y falsos» sobre la presunta contratación de Manuel Villarejo, ocultando al juez de Tándem de forma deliberada la carta de delegación de facultades en la que se detallaban cuáles eran sus funciones dentro del banco.

En un escrito del pasado lunes, la defensa de Béjar asegura que es «imposible» que el exdirectivo «se saltara ningún control del banco» cuando «aparecen más de una decena de personas de mayor nivel dentro del organigrama con conocimiento de los servicios prestados por Villarejo», empezando por el expresidente Francisco González.

«Puede aseverarse que el problema del banco no era de compliance, ni de cultura de cumplimiento normativo, sino que era un problema de gobierno corporativo. Los controles sólo se los saltaba quien, dada la estructura y funcionamiento de la entidad, podía», sostiene su defensa. Añade que «Béjar nunca tuvo poderes ni facultades delegadas para la contratación de proveedores ni para el pago de las facturas devengadas por éstos, por lo que las afirmaciones» de la directora de los servicios jurídicos del banco, María Jesús Arribas, «además de falsas, pueden dar lugar a acciones legales».

La presentación de este escrito llega después de que la Audiencia Nacional le autorizase para acceder a sus correos corporativos. En concreto, del análisis de los mismos Béjar dice haber encontrado las cartas de delegación de facultades que «sorprendentemente» ni el BBVA ni PwC «lograron encontrar» a pesar de la «infinidad de medios» que tienen a su alcance. Así, solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, que proceda a la incorporación de los dos correos reseñados en los que se demostraría cuales eran sus funciones en la entidad y cómo el propio banco las ocultó de forma deliberada.

ESTE EXDIRECTIVO ASEGURA QUE BBVA SÍ SE BENEFICIÓ CON LOS TRABAJOS DE CENYT

Tras el examen de más de 80.000 correos electrónicos, la defensa de Béjar remitió en febrero un escrito al juez en el que asegura que los contratos entre Cenyt y BBVA «tenían como objeto la localización de bienes de ciertos deudores del banco, actividad que el banco no era capaz de realizar por sí solo». «En ningún caso el objeto de los contratos era subcontratar a Cenyt para que negociase con los clientes el pago de las deudas, sino que los contratos se limitaron exclusivamente a la localización de bienes, tarea esencial para las gestiones de cobro que el banco realiza sean eficaces», precisa.

Así, insiste en que «los hallazgos de Cenyt fueron útiles y provechosos para BBVA y los importes que BBVA pagó a Cenyt le eran debidos», puesto que el grupo empresarial de Villarejo «realizó el trabajo contratado y localizó bienes de los deudores».

En su escrito, este exdirectivo de la entidad hace referencia a 62 mensajes que reflejan que «el presidente del banco conocía que ciertos grandes deudores morosos (o en situación de concurso de acreedores) habían ocultado sus bienes para evitar la acción de sus acreedores, particularmente el BBVA». En concreto, según expone, «los tres deudores objeto de los contratos eran grupos empresariales complejos, formados por un gran número de sociedades mercantiles con participaciones cruzadas y frecuentes operaciones societarias».

Afirma que en uno de esos casos, los trabajos de Cenyt permitieron al banco el «cobro en cash de 40 millones» de euros tras la firma de un acuerdo con Prasa. Además, según manifiesta, se «consiguió la adjudicación de las fincas Carboneras y Puerto del Toro siguiendo las instrucciones del presidente de BBVA».

«Por tanto, es falso decir que el banco no obtuvo provecho alguno de la contratación de Cenyt, ya que Cenyt localizó bienes, localización que sirvió al banco en la gestión recuperatoria y judicial que posteriormente llevó a cabo el propio banco con los clientes elegidos», sostiene Béjar.

Este exdirectivo deja claro este extremo después de que «en repetidas ocasiones el banco haya insistido en la idea de que no cobró nada de los clientes morosos a pesar de haber pagado las facturas de Cenyt», por lo que Béjar les acusa de faltar «a la verdad» en este asunto.

Noticias relacionadas:

El exconsejero delegado de BBVA Ángel Cano se ofrece a declarar ante el juez que investiga los trabajos de Villarejo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.