La Asociación de Fiscales (AF) ha recurrido la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de suspender sine dine la constitución de la Comisión de Ética de la Carrera Fiscal, órgano independiente que marcará las pautas del Código Ético de los fiscales y que estará integrado por seis miembros de la Carrera y un académico.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, manifiesta a Confilegal que «no existe razón jurídica que avale la suspensión» y achaca la decisión de Delgado «a que quizás no le ha gustado el resultado de las elecciones al haber sido elegidos miembros de esta asociación y por eso suspende sin plazo la constitución y pretende también influir en el proceso de selección del miembro externo».

El pasado 17 de diciembre fueron elegidos los 6 fiscales que la integrarán: Consuelo Madrigal, Vicente Garrido, Antonio Mateos, Marta Valcarce, Abelina Alia, y Diana Lanceros. La elección de los componentes de la misma se realizó mediante un procedimiento abierto a toda la Carrera, resultando los candidatos elegidos, pertenecientes a la Asociación de Fiscales.

Está pendiente la designación del miembro externo, que, según las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión de Ética Fiscal, debería ser elegido por la Comisión en el acto de constitución.

El 7 de febrero, la fiscal general acordó, por decreto, la suspensión del plazo establecido para la constitución -30 días desde la proclamación de la candidatura elegida- alegando que había que proceder a la elección del miembro externo -académico-, para lo que diseñaría un sistema de selección.

«La fiscal general se atribuye para sí el proceso de selección del miembro externo, que debería ser elegido por dicha Comisión, según las reglas de funcionamiento, teniendo en cuenta el deber de imparcialidad que debe ostentar la fiscal general que no debería interferir directa o indirectamente en este procedimiento porque la Comisión de Ética es un órgano independiente de la Fiscalía General», señala Dexeus.

Así, la AF denuncia que Delgado «quiere arrogarse funciones que no le corresponden» e insiste en que la suspensión se ha dado «tras no conseguir ningún tipo de representación la asociación a la que ella perteneció, la Unión Progresista de Fiscales (UPF)».

Frente a esta situación, el lunes interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de Delgado y pide que se deje sin efecto para que así se pueda proceder a la constitución de la Comisión.

En cuanto a sus funciones, este órgano tiene por objeto la interpretación del Código Ético del Ministerio Fiscal a través de la emisión de dictámenes e informes, de forma similar al órgano que ya existe en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que realiza recomendaciones sobre actuación de los jueces respecto a los medios de comunicación, asistencia a eventos públicos, etc.