La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) acaba de ganar, para uno de sus afiliados, un contencioso-administrativo en el que se condena a la Guardia Civil a abonar a un agente los atrasos de la productividad estructural que le deben desde 2017.
Cuantía correspondiente a cada modalidad resultante de aplicar un porcentaje predeterminado sobre el complemento de destino del agente como consecuencia del incremento a través de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado aprobadas en 2017 y 2018, así como en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre de 2018, y el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020 por los que se aprobaron medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, explica.
La AEGC destaca que actualmente hay unas 30.000 instancias demandando estos atrasos y reclama el abono de oficio «para evitar recursos innecesarios»
Una subida que, según manifiesta esa asociación, «jamás ha aplicado la Dirección General alegando que no tiene presupuesto para su abono, pero callando que esta falta de remanente se debe a que nunca ha solicitado el incremento de su presupuesto, necesario para cumplir con la medida aprobada por el ejecutivo».
La AEGC denuncia que «la Guardia Civil podría colapsar la administración de Justicia en el ámbito Contencioso-Administrativo. «Si la Dirección General no abona estas diferencias de oficio, recurrirán a la vía de lo contencioso miles de guardias», señala a Confilegal el portavoz de esta asociación, Juan Amado.
Según las estimaciones de la AEGC, en estos momentos hay «unas 30.000 instancias demandando estos atrasos». «Instancias que terminaran en su mayoría en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que se verá innecesariamente colapsado y que ralentizarán su funcionamiento, perjudicando a todos los ciudadanos que tengan que recurrir a él», advierte.
«Esta situación dará un trabajo extra importante no sólo a la Justicia, también a la Dirección General que tendrá que contestar miles de recursos», apunta el portavoz de la AEGC.
Además, destaca que será costoso para el Estado, que no sólo tendrá que abonar los atrasos, ya que también deberá pagar las costas de los juicios porque cada una de las 30.000 instancias deberán resolverse ante el tribunal al no tener cabida la extensión de sentencia.
La AEGC reclama a la Dirección General de la Guardia Civil el abono de oficio «para evitar recursos innecesarios».
En la citada sentencia, número 165/2022, de 10 de febrero, el TSJ de Madrid da la razón a un socio de la AEGC que reclamaba el abono de todos los atrasos de esta subida de la productividad estructural, y «contradice la versión del abogado del Estado que defendía que el agente había cobrado correctamente ya que lo que no percibía por esta productividad se compensaba con la que recibía con la productividad por objetivos», destaca la AEGC.
Una teoría que no ha compartido el tribunal y que, a juicio de la AEGC, es «perversa, ya que lo que pretende el abogado del Estado es que los guardias civiles se paguen a sí mismos al considerar que las dos productividades son complementarias». «Y no es así, son totalmente independientes, no se compensan, como dice el representante del Estado. Es más, mientras la productividad estructural la cobran todos los componentes, la productividad por objetivos no la perciben todos, su abono está ligado a la consideración del superior», explica esta asociación.
En esta resolución, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, los magistrados María Teresa Delgado Velasco (presidenta), Cristina Cadenas Cortina, Ramón Fernández Florez, José Ramón Giménez Cabezón y Luis Fernández Antelo, que ha sido el ponente, reconocen al recurrente el derecho al abono de 1.304,48 euros, incrementado en su interés legal desde el momento de la reclamación inicial en vía administrativa. Todo ello, con expresa condena en costas a la Administración hasta el límite de 400 euros.
La AEGC lamenta que «una vez más, en la Guardia Civil son los agentes los que tienen que sufrir las consecuencias de la falta de previsión de la Benemérita», aunque en este caso, según manifiesta, «más que improvisación, lo que se ha producido es un acto intencionado ya que, a pesar de estar autorizado el incremento de la productividad estructural, no se ha solicitado el incremento presupuestario, tal vez con la esperanza de que los guardias no reclamasen y así ahorrarse miles de euros».
Desde la AEGC exigen a la Dirección General que «se deje de malgastar el dinero del contribuyente y se subsane ya esta situación pagando a los guardias civiles lo que justamente es suyo». Esta asociación no da crédito a que «estén obligando a los agentes a recurrir cuando ya existen sentencias que recogen el derecho a cobrar este complemento».
«Al contrario de lo que piensa el abogado del Estado, ni nuestro afiliado ni el resto de los agentes buscamos un ‘enriquecimiento injusto’, solo reclamamos lo que nos están arrebatando a sabiendas de que no tienen razón: La subida no se la ha inventado ningún guardia civil, la aprobó el propio Gobierno y, aunque estén acostumbrados a despojar a los agentes de sus derechos, está claro que no lo vamos a permitir», expresa.
Y reclama a la Dirección General el abono de oficio «para evitar recursos innecesarios que colapsen la Justicia».