Jueces y abogados afirman que la pandemia ha judicializado mucho la vida de las familias en los últimos dos años

por | marzo 6, 2022

Modificaciones de medidas ante la crisis económica, problemas de custodia compartida, sustracción de menores o litigios sobre absentismo escolar se han convertido en problemas para las familias españolas que han acabado en el juzgado a raíz de la pandemia del COVID-19.

Esta problemática y otras cuestiones han sido estudiadas las Jornadas que la Asociacion de Abogados de Familia (AEAFA), entidad que agrupa a más de 3000 abogados y que preside María Dolores Lozano Ortiz, ha celebrado en Madrid; concluyeron ayer sábado.

En esta oportunidad cerca de ochenta magistrados se acercaron a este evento para conocer de primera mano las novedades legislativas.

José Luis Seoane Spiegelberg y María de los Ángeles Parra Lucán, ambos titulares de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, abordaron cuestiones como el interés del menor y la reforma de la capacidad jurídica en la ley 8/2021 que afectan directamente a las familias.

En su intervención Parra indicó que “desde la ratificación de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Tribunal Supremo había venido interpretando el derecho interno para ajustar un ‘traje a medida’ de la capacidad de cada persona, según su situación y sus necesidades”.

El magistrado del Supremo, José Luis Seoane Spiegelberg, en un momento de su intervención.

La protección de las personas con discapacidad, con María Ángeles Parra Lucán, magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Modera

“Pero era el legislador, sin embargo, quien debía establecer el sistema de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad a que se refiere la Convención», apuntó.

“Esto es lo que hace la Ley de 2 de junio de 2021 (en vigor desde el 3 de septiembre de 2021) al adoptar un sistema basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones”, añadió la magistrada.

“La ley permite también que el juez fije ‘salvaguardias’, es decir, medidas de control para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que precisa el apoyo, así como para evitar los abusos, los conflictos de intereses y la influencia indebida”.

Y recuerda que ”El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia 589/2021, de 8 de septiembre, aplicando la nueva ley, ya ha tenido ocasión de señalar que, atendiendo a las singularidades de cada caso, puede estar justificada una intervención contraria a la voluntad manifestada por el interesado si es consecuencia del propio trastorno que lleva asociado la falta de conciencia de enfermedad”.

La presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano Ortiz, posa con José Luis Ferrer-Sama Pérez, que recibió, junto a otros compañeros, su diploma como ejerciente de 25 años en derecho de familia. Foto: AEAFA.

REFORMA DE LA DISCAPACIDAD LITIGIOSA

Sobre esta norma, Isabel Winkels, secretaria y socia fundadora de la Plataforma familia y Derecho (PF&D), vocal de la junta directiva de la Confederación por El Mejor Interés del Niño (CEMIN), y miembro de diversas asociaciones y foros jurídicos, nacionales e internacionales, como AEAFA y AIJUDEFA cree que esta norma puede generar litigiosidad. Malo para las familias.

Desde su punto de vista, “hay una indefinición brutal en muchos términos. Creemos que puede generar colapsos en los juzgados de incapacidad. Todavía no está claro como se va gestionar. La impresión es que seha trabajado más desde automatismos en lugar de buscar trajes a medida en cuanto a la modificación de la capacidad”.

Por lo que respecta a la ley de protección a la infancia, otra de las reformas de calado, cree que “ha tardado mucho en salir. Se podría haber concretado bastante más. Es imprescindible una jurisdicción de familia si se va a los Tribunales de instancia crear una sección especializada en infancia, familia y capacidad es imprescindible, especializando equipos, fiscales y los propios abogados».

Francisco Salinero, magistrado de la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección Primera, especializada en familias, destaca que “la judicialización de los asuntos se ha notado más en los juzgados que en la Audiencia. Las modificaciones de medidas han sido notables. La crisis económica influye en ello y obliga a reducir pensiones compensatorias o alimenticias”.

Este magistrado también es crítico con la reforma de la discapacidad. “Hay que recordar que el artículo 94 prohíbe visitas al progenitor de los hijos si está inmerso en un procedimiento penal en la Ley, mientras que en el artículo 96 la atribución del uso de la vivienda no se ha hecho bien, siguiendo las tesis del Supremo».

También aclara que estos dos artículos y el 91 han sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte de Vox, formación política que también ha recurrido ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Plano general de los asistentes a esta jornada de AEAFA que se celebró en el auditorio del Hotel Meliá Castilla de Madrid, colindante con el edifico de los juzgados de familia de la capital de España.

CRECE LA SUSTRACCIÓN DE MENORES

Adriana de Ruiter, abogada experta en Derecho Internacional de Familia y presidenta de la Asociación Profesional contra la Sustracción de Menores (ASIME), también asistente a esta jornada de AEAFA, afirma que “durante la pandemia ha crecido esta práctica pese a las restricciones de movilidad existente. Un cambio de residencia temporal se utiliza como excusa para llevarse al menor”.

Y aclara que España junto con Inglaterra y Alemania son países donde proliferan estas malas prácticas en relación con las familias.  

“Debe actuarse con rapidez para intentar recuperar al menor. Pese a que la ley que reforma la discapacidad fomenta la denuncia penal en estos casos, es mejor ir por la vía civil en este tipo de asuntos”, opina.

También revela que muchas de las ejecuciones de sentencia son forzosas, “con lo cual en muchos casos la policía acude a recoger a los menores a casa del progenitor infractor que intenta retrasar todo los posible el cumplimiento de ese fallo judicial”.

Para Jorge Marfil, abogado experto en temas de gestación subrogada, “no ha habido cambios en la normativa española sobre esta práctica. Ha habido menos solicitudes de inscripción en estos dos años. Uno de los países que más se iba mucho es a Ucrania. Ahora con la guerra, habrá padres angustiados porque no les llega esos hijos”.

La regresión de la gestación subrogada, por otra parte, «ha sido importante en estos meses. Este Gobierno no esta por la labor de aprobar ninguna norma. No hay que esperar nada de ellos. Seguimos con el mismo vacío legal. Sigo recomendando que las familias se vayan a EE.UU. que allí se puede arreglar, aunque sea más caro. Vienes con tu documentación, tu pasaporte y tu hijo. Y nacionalizado, para eso no tenemos precio”.

Otros problemas que han acabado en el juzgado “tienen que ver con la vacunación de los hijos. Tanto con padres y madres separados, que no estaban de acuerdo. Ahí los jueces no se han puesto de acuerdo en sus resoluciones

Delia Rodríguez, socia directora de Vestalia Abogados de Familia y secretaria general de la Asociacion Madrileña de Abogados de Familia e Infancia (AMAFI), destaca que al principio de la pandemia hubo un estallido de separaciones y divorcios provocados por esta situación.  “No estábamos acostumbrados a estar las 24 horas en el ambiente familiar”.

Recuerda que los juzgados tuvieron que asumir muchas demandas de modificaciones de medidas provocadas por la crisis económica.

«Se creó un procedimiento especial Covid que ha funcionado relativamente. Sin embargo, la parte de compensación de las visitas a los hijos desarrollo otro procedimiento que en algunos juzgados funcionó y en otros no», relata.

Otros problemas que han acabado en el juzgado “tienen que ver con la vacunación de los hijos. Tanto con padres y madres separados, que no estaban de acuerdo. Ahí los jueces no se han puesto de acuerdo en sus resoluciones. También en procedimientos de absentismo escolar que acabó en el juzgado en algunos casos”.

El exmagistrado, Pascual Ortuño, es un convencido de que la mediación solucionará muchos de los problemas de familia.

Pascual Ortuño, magistrado jubilado de la Audiencia Provincial de Barcelona y director de la Escuela Judicial entre 2009 y 2011, está convencido de la importancia de la mediación en sus conflictos. “La pandemia ha reducido los ánimos de conciliar y mediar entre las familias. Ha sido un momento nefasto para la mediación”, cuenta.

Este jurista confía que el proyecto de ley de eficiencia procesal cuaje y dé el soporte a la mediación que necesita. “Hay un déficit importante en materia de formación de derecho de familia en los jueces. En la Escuela Judicial dan tres temas. Hasta que no llegan a un destino no advierten la importancia de resolver bien estos conflictos».

Ortuño es otro convencido de la necesidad de impulsar una jurisdicción en familia donde jueces, fiscales, abogados y restos de operadores estén bien formados. Los poderes públicos deben apostar por ello: «Es igual de importante que la jurisdicción mercantil o laboral en estos momentos”.

Francisco Ruiz Jarabo, tras quince años como magistrado en juzgados de Madrid y Málaga, ejerce ahora como abogado.

Su testimonio es muy válido ante el impacto del Covid en las familias: “la crisis económica ha irrumpido con fuerza y las modificaciones de medidas se piden porque no hay dinero. También se han notado cierto desbarajuste en el régimen de visitas a los niños».

A su juicio, la normativa que reforma la discapacidad tiene problemáticas adicionales. “En el artículo 94 se castiga al progenitor que solo este en curso en un proceso de violencia de género a no ver a sus hijos. Esto es peligroso. Una vuelta de tuerca importante que puede desmembrar la familia”.

El derecho de familia, según Ruiz Jarabo es muy vocacional: “si no te gusta te repele y lo rechazas por toda la carga emocional que conlleva. De ahí que sea necesaria una especialización de todos los profesionales y se cree la jurisdicción que muchos profesionales luchamos por ella”, concluye.

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