JJpD renueva su Ejecutiva en el 36º Congreso sobre migración y derechos humanos

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La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) celebró los pasados 2 y 3 de junio su 36º Congreso en Las Palmas de Gran Canaria, en el que renovó su Secretariado, como denominan a su Ejecutiva nacional.

Ha habido candidaturas de varias secciones territoriales y algunos candidatos se postularon a título individual.

Tras las elecciones, en las que pueden participar todos los asociados individual y directamente gracias al voto telemático, repite la portavoz, Ascensión Martín Sánchez, de 69 años, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU); Julia Saurí Martín, de 43 años, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Barakaldo (Vizcaya), y Mariano López Molina, de 41 años, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Las Palmas.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, inauguró el Congreso de JJpD. En la imagen, de izquierda a derecha: la viceconsejera de Justicia de Canarias, Carla Vallejo Torres; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el presidente del TSJ de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, y la magistrada Ascensión Martín Sánchez, portavoz de JJpD.

Se incorporan al Secretariado Edmundo Rodríguez Achútegui, de 59 años, magistrado de la Audiencia de Bilbao; Juan Vacas Larranz, de 42 años, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lérida; Diego Gutiérrez Alonso, 46 años, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Zaragoza; Concha Roig Angosto, de 59 años, magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia; Benjamín Sánchez Fernández, de 47 años, magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo, y Bibiana Segura Cros,  magistrada del Juzgado mixto número 5 de Hospitalet.

Dejan el Secretariado su viceportavoz hasta la fecha, Fernando de la Fuente Honrubia, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; Mercè Caso Señal, magistrada de la Audiencia de Barcelona; Marta Vicente de Gregorio, titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo; Isabel Tobeña Santamaría, magistrada del Juzgado de Instrucción 13 de Málaga, y Joaquim Bosch Grau, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Moncada (Valencia).

La carrera judicial la integran 5.200 jueces y magistrados. y JJpD cuenta con 504 afiliados (un 10%).

El Congreso, titulado ‘Migraciones, derechos humanos y desigualdades’, comenzó con una mesa redonda en materia de derechos humanos (DD HH), que contó con la participación de la juez afghana Gulalai Hotak, que ha tenido que huir de la persecución talibán, la abogada activista de derechos humanos Noor Ammar Lamarty, y el magistrado Luis Carlos Nieto, promotor de las jornadas sobre Derechos Humanos que anualmente se celebran en Motril (Granada). 

En cuanto a los acuerdos, JJpD ha acordado mantener la reivindicación de renovación «inmediata» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del desbloqueo entre los partidos mayoritarios para alcanzar el consenso necesario, como ha venido reivindicando desde que el Consejo está en funciones, desde hace tres años y medio.

Se reclamó que se adopte un sistema de renovación que funcione, y en el debate sobre el sistema de elección de los vocales judiciales se ha aprobado que se mantenga el sistema parlamentario porque entiende que es un reflejo de la sociedad, modificando las conclusiones del anterior Congreso, celebrado en Oviedo en 2014.

También se acordó que en las elecciones de cualquier clase a celebrar en la carrera judicial se habilite y permita el voto telemático, como ya es posible en otros casos, como el Comité de Ética Judicial, lo que facilitaría una mayor participación.

LLOP: ‘JJPD ME HA ENSEÑADO LA CONVICCIÓN POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DERECHOS’

El congreso fue inaugurado por la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien agradeció a esta asociación la invitación al acto y también haberle enseñado “la convicción de los valores democráticos y, sobre todo, de la igualdad de oportunidades y derechos para las personas”.

En este sentido, recordó que una gran parte de las víctimas de trata de seres humanos proviene de la República Federal de Nigeria, y anunció que la semana pasada el Ministerio que dirige firmó tres tratados bilaterales con este país, en el marco de la visita de su presidente y su ministro de Justicia a España: el tratado sobre traslado de personas condenadas, el tratado de extradición y el tratado de auxilio judicial en materia penal.

La ministra de Justicia también hizo a las consecuencias negativas que ha tenido la pandemia en la ciudadanía así como, en Canarias, la erupción del volcán que asoló la isla de La Palma, y puso en valor el trabajo del Gobierno para superar estas situaciones. En el caso del volcán de La Palma, donde muchas personas han perdido sus casas, la ministra ha alabado, además, el trabajo “excepcional” que están haciendo procuradores, abogados, notarios y registradores.

“La temática de los DDHH nunca pasa de moda, siempre hay que actuar reivindicándolos, con un compromiso inquebrantable, más ahora que hay partidos políticos que los niegan”, ha dicho Llop.

La ministra resaltó el compromiso “que JJpD tienen con la democratización del acceso a la Justicia y con la igualdad de oportunidades de todas las personas que tienen la vocación de impartir Justicia y que por circunstancias personales, sociales o económicas no pueden. En este sentido, recordó el reciente programa de becas puesto en marcha por el Ministerio. 

PROYECTOS LEGISLATIVOS

La titular de Justicia hizo alusión a algunas de las principales leyes en las que su gabinete trabaja en esta línea, como es la elaboración de una ley integral contra la trata, que ha encargado a la Comisión General de Codificación. A una sección especial de este órgano tiene el propósito también de encomendar un estudio sobre una ley abolicionista de la prostitución, según ha anunciado Llop.

La ministra también se refirió a uno de sus proyectos legislativos más importantes relacionados con el tema central del congreso, las migraciones: el anteproyecto de ley por el que se regula el procedimiento para la evaluación de la edad.

También se refirió a las tres leyes fundamentales -la de eficiencia procesal, organizativa y digital- que sustentan el plan Justicia 2030, un proyecto compartido y cogobernado entre el Ministerio y las comunidades autónomas (CCAA), y también con la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Con este proyecto hay un consenso político, podríamos decir que es un pacto de Estado por la Justicia, un proyecto de país”, ha destacado la ministra que, además, ha asegurado que son un modelo de cohesión social y territorial.

Asimismo, Llop aludió a la importancia que para el impulso de la Justicia tienen los fondos europeos, cuyo reparto ya han sido acordado por las CCAA. En concreto, ha apuntado, “vamos a transferir ahora 15 millones de euros a Canarias, 25 en total”.

Otra de las leyes a la que se refirió la ministra fue la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), cuya reforma impulsa su Ministerio, e hizo un llamamiento para que el informe del CGPJ sobre el anteproyecto sea remitido lo antes posibles para poder dar un impulso a ese texto y remitirlo al Consejo de Estado. 

La ministra también recordó en este foro de jueces la importancia de renovar el CGPJ que lleva caducado más de tres años: “Todavía hay quien sigue dañando las instituciones e intentado ejercer el poder por el poder, que es una muestra de debilidad y de miedo: ¿qué se teme, por qué se bloquea?”, señaló Llop, y destacó que “es urgente que se proceda a su renovación”.

En el acto, también intervinieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo; el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Canarias, Julio Manuel Pérez; y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. 

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