Jesús Villegas: ‘Jourová ha dejado claro que hay que reformar el sistema de elección del CGPJ antes de renovar’

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«Jourová no tiene pelos en la lengua, habla con absoluta claridad y ha advertido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español, de la misma manera de los consejos de la magistratura de los otros miembros de la Unión Europea, debe ser elegido mayoritariamente por los jueces a fin de evitar el riesgo de politización y presiones en la Justicia. Lo contrario equivale a infracción de la normativa comunitaria». Así lo manifiesta da Confilegal el magistrado Jesús Manuel Villegas Fernández, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ).

Esta plataforma, formada por magistrados, fiscales, catedráticos, abogados, así como otros ciudadanos ajenos al ámbito jurídico, viene reclamando desde hace años que se cumpla con las exigencias de Europa, lo que incluye que se modifique el sistema de elección de los vocales del CGPJ de procedencia judicial -12 de un total de 20- para que sean los jueces directamente quienes les nombren, como la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, «ha dejado claro que hay que hacer antes de renovar».

Jourová reiteró el martes en la Comisión de Justicia del Congreso que es «clave» renovar el CGPJ para evitar que se perciba como «politizado» e instó a estudiar como prioritario el sistema de nombramiento de sus veinte vocales, ahora elegidos por las Cortes, para que se ajuste a los estándares europeos, promovidos por el Consejo de Europa y que implican que al menos la mitad de los miembros de este órgano de gobierno sean designados por los jueces.

«Cualquier otra interpretación de sus palabras es un intento de tergiversación o de manipulación», sentencia este magistrado.

Villegas sostiene que «a la luz de la normativa europea, la situación actual de España es insostenible porque nos encontramos en la ilegalidad internacional» e insta a poner fin de una vez a esta grave anomalía democrática que supone tanto el actual sistema de elección como la no renovación

VILLEGAS CARGA CONTRA LA ‘VORACIDAD INSTITUCIONAL’ DE LOS POLÍTICOS: ‘LO QUIEREN ACAPARAR TODO’

Por su parte, el Gobierno defiende el modelo de CGPJ que hay en la actualidad por ser «absolutamente democrático» y representar que el Poder Judicial, como todos los poderes del Estado, emana del pueblo, y que el nombramiento de los vocales emana de los representantes de los ciudadanos en el Parlamento, según declaró la ministra de Justicia, Pilar Llop, el pasado 2 de junio, en la inauguración del Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

«El CGPJ no es un poder de los jueces ni de los colectivos de la Justicia, es un poder de los ciudadanos españoles. Dicho esto, defendemos el cordón umbilical que une el sentir ciudadano con el sentir que tienen que tener los vocales del Consejo», concluyó Llop. Un sistema que también defiende ahora JJpD, que reivindica la renovación «inmediata» del CGPJ y que ha aprobado en su Congreso que se mantenga el sistema parlamentario porque entiende que es un reflejo de la sociedad, modificando así las conclusiones del anterior Congreso, celebrado en Oviedo en 2014.

Villegas califica de «voracidad intitucional» las palabras de la ministra. «Es querer comerse todo el órgano de gobierno de los jueces. Lo quieren controlar en su totalidad, mientras que lo que dice Europa y lo que decimos en la Plataforma es que tienen que ser elegidos del órgano de gobierno solamente una parte por los políticos y otra por los jueces, de manera que se consigue un equilibrio», señala el secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid.

Y hace hincapié en que «cuando todo es elegido solamente por una parte, por los políticos en este caso, se desequilibra la balanza».

Frente a la «voracidad institucional», Villegas defiende el equilibrio entre designación por parte de los jueces y los políticos, y recuerda que son necesarios menos votos parlamentarios para aprobar una modificación normativa que para designar nuevos vocales (mayoría frente a 3/5).

Además, alerta sobre la «ligereza de los políticos que pueden situar al Estado español en una situación de responsabilidad frente a la Unión Europea». «Los políticos no tienen en cuenta la eventual responsabilidad ante la UE en la que podría incurrir el Estado español a causa de su obstinación», subraya.

La PCIJ también avisó el pasado mes de abril a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, del «riesgo de nulidad» del proceso de renovación del CGPJ. Afirma que renovar sin una previa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial «acarrearía con toda seguridad la nulidad de los nombramientos».

Esta plataforma publicó ayer un comunicado destacando también que las manifestaciones de la vicepresidenta de la Comisión Europea son «claras y contundentes, no dejan lugar a interpretaciones interesadas», y que por eso, a los partidarios del actual modelo, que consagra el control político del máximo órgano de gobierno judicial, «no les queda más remedio que callar».

En él, recuerda que las instituciones europeas ya alertaron en 2021 al Reino de España de la peligrosa deriva a que conducía su alejamiento de los principios jurídicos y estándares europeos sobre independencia judicial y separación de poderes, y que desde Plataforma Cívica por la Independencia Judicial han venido denunciado tales incumplimientos, tanto por escrito como con entrevistas personales, ante los representantes de la Comisión Europea encargados de elaborar en 2021 y 2022 el Informe sobre el Estado de Derecho y ante el Parlamento Europeo, donde mantienen una petición formal abierta con motivo de la aprobación de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que limitó las funciones del CGPJ actual, «actuaciones estas más recientes en el contexto de una labor de denuncia que se prolonga ya desde hace más de un decenio».

En manos de los políticos está que se cumplan las indicaciones de las instituciones europeas. La PCIJ espera que tomen nota de las palabras de la Comisaria europea, «pues es mucho lo que nos jugamos».

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— PCIJ (@PCIndepJudicial) June 15, 2022

Esta plataforma, presidida por el notario Rodrigo Tena, fue constituida en mayo de 2011 por un grupo de juristas «preocupados por la espiral de politización y pérdida de independencia de la Justicia española». Según consta en su web, «no tiene otra finalidad que la de luchar por mejorar el estado de la Administración de Justicia y garantizar su plena independencia eliminando cualquier atisbo de politización dentro del Poder Judicial».

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