Interinos de Aragón se valen de la Directiva de alertadores de corrupción para frenar juicios y convocatorias de estabilización

por | septiembre 25, 2022

Una treintena de trabajadores temporales de Aragón, apoyados por la Federacion de Trabajadores de la Administración Pública del sindicato Confederación General de Trabajadores (CGT), y la Asociacion Profesional de Peritos Informáticos (ASPERTIC), han recurrido a la Directiva UE 2019/1937 de protección de los alertadores de corrupción, como medio para paralizar la maquinaria judicial en casos de interinos.

Su objetivo es el de combatir los ceses y despidos de interinos, hasta que se aclaren las cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y tambien de impedir que continuen los procesos selectivos de estabilización.

“Es muy posible que ese número de trabajadores se amplíe en los próximos días», aclara Javier Fernández, responsable jurídico de la Federación de Trabajadores de la Administración Pública de la organización sindical CGT.

Precisamente, el pasado 13 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional y, en consecuencia, que contribuyan a la lucha contra la corrupción, transponiendo la Directiva ‘Whistleblowing’ ––»los que tocan el pito», denunciantes, o en su moderna acepción, «alertadores de corrupción»–.

Fue aprobada en diciembre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha admitido a trámite, por primera vez, una demanda de interinos de Aragón por infringir la normativa europea. El procedimiento se sigue ante la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de ese órgano judicial, Procedimiento Ordinario 413/2022.

Han sido citados ya como partes demandadas el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación General de Aragón.

ASESORADOS POR ASPERTIC

Fernández aclara que “esta iniciativa se promueve desde este sindicato, asesorado por el abogado Josep Jover Padró, presidente de ASPERTIC, tras un año de trabajo”. 

El movimiento de esta pieza se produce en un momento en el que se están produciendo distintas convocatorias de los procesos de estabilización impulsados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Algunos fallos judiciales también están abriendo la esperanza al colectivo de trabajadores interinos para lograr su fijeza como profesionales siguiendo las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otra Directiva, la 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que acaba de trasponerse tras 20 años de carencia.

La idea es exportar esta iniciativa de Aragón, apelando a la Directiva de protección de los alertadores de corrupción, a otras ciudades españolas. La puesta en marcha de procedimientos, utilizando un buzón de denuncias externo de ASPERTIC, que administra personalmente Jover Padró. Los trabajadores en abuso de temporalidad denuncian sus situaciones por esta vía.

«La innovación y la apertura de una nueva vía jurídica, para un colectivo en fraude de ley, que puede superar con creces los 800.000 trabajadores, se encuentra en la aplicación de la Directica 2019/1937, la de denunciantes de corrupción, a trabajadores públicos en abuso de temporalidad, interinos o laborales, donde sus administraciones incumplen sistemáticamente el derecho de la Unión Europea”, explica Fernández.

La citada Directiva está diseñada para blindar las denuncias y proteger a los denunciantes mediante canales especiales, llamados buzones.

Son treinta trabajadores en abuso de temporalidad de la CGT los que han hecho uso de esta vía abierta a través de la Directiva de protección de alertadores de corrupción.

SUSPENSIÓN DE JUICIOS

En este contexto, algunos juzgados y tribunales están reconsiderando su postura y suspendiendo sus procedimientos hasta que el TJUE resuelva las cuestiones prejudiciales.

Esta es una tesis que ha defendido el abogado Javier Araúz de Robles en muchas de sus intervenciones algunas de ellas recogidas por esta publicación. 

Así han operado ya los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 2 de Valladolid y el 2 de Vitoria que, por fin, han accedido a la petición de este abogado de suspender los procedimientos. En el caso del segundo el juicio estaba previsto para el próximo 5 de octubre del 2022.

Sobre la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado 17 de lo Contencioso Administrativo de Barcelona, aclara que dicha cuestión se tramita con el numero C-322/22. «El TJUE dictó resolución el 1 de septiembre por el que, como parte interesada del procedimiento, nos ha concedido plazo para formular observaciones escritas junto con el Reino de España”, cuenta Araúz de Robles.

Esto significa que el proceso sigue su curso y es previsible que en el segundo semestre del 2023 se materialice la sentencia del tribunal de Luxemburgo que aclara dicha cuestión prejudicial, dejando claro si los abusos producidos en la contratación temporal en nuestro país merecen una sanción que, en este caso, Araúz ve en la forma de conversión de estos trabajadores temporales en empleados públicos fijos.

El abogado Javier Araúz es representante legal del colectivo de los interinos.

PAÍS VASCO, MENOS PLAZAS DE LAS OFERTADAS

En el País Vasco se publicaron los procesos de estabilización, el concurso oposición va por delante del de méritos en todos los cuerpos. “Intentamos suspender cautelarmente los exámenes porque consideramos que hay un grupo de personas que pueden entrar por concurso de méritos. En la realidad muchos de ellos se presentan a los dos procesos. Se han presentado 24.000 personas al ser turno libre, con un porcentaje de aprobado del 80 %», comenta Amaia Zarrabeitia, portavoz de Interinok Taldea, la central sindical vasca específica para empleados públicos temporales.

También es portavoz de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT), que aglutina a todos los sindicatos y plataformas que “trabajan para lograr la fijeza de los empleados públicos en fraude de ley por abuso de la temporalidad”.

Amaia Zarrabeitia, portavoz de Interinok Taldea, la central sindical vasca específica para empleados públicos temporales.

El problema de estos procesos es que permiten que se presente los funcionarios de carrera. “Al final lo que sucede es que estos funcionarios logran una plaza de un temporal en abuso. Es una promoción interna encubierta, En auxiliares administrativos la mitad de las plazas es por promoción interna. También se pueden presentar al concurso de méritos, con lo cual muchos de ellos en lugar de utilizar el concurso de traslados lograrán mejorar su situación profesional”, explica Zarrabeitia.

Desde el sindicato de interinos Interinok Taldea «se han recurrido las Ofertas Públicas de Empelo del 2019; 2021, 2022, las bases generales de todos los procesos,  así como las bases especificas de esos cinco procesos, ya admitidas por el juzgado.Y las nuevas bases para otros grupos que vamos a recurrirlas, al igual que la siguiente tanda que se pondrá en marcha en diciembre”.

El cálculo que se hace a falta de datos oficiales es que hay 4.500 personas en situación de abuso en Euskadi y las plazas que han salido no llegan a las 3.500.

INTERINOS CONVERTIDOS EN FIJOS

Pau Albert Marti, abogado con despacho en Sabadell, Barcelona, ha logrado ocho sentencias de fijeza en lo que va de año. La última fue dictada por Sonia Montañez Montañes Garvia, titular del Juzgado de lo Social Único de Manresa, Barcelona, en un fallo de 14 de septiembre pasado.

 “Sigue la sentencia del TSJ de Madrid que son las prejudiciales que se van a resolver este próximo verano. Ahí el TSJ destaca que el indefinido no fijo no es suficiente y hace una crítica al Supremo señalando que el hecho de superar un proceso selectivo para plaza temporal ya es suficiente para declarar la fijeza”.

En este fallo judicial “la trabajadora, periodista de profesión, lleva desde el 2005 trabajando. Superó un un concurso oposición. Quedó en primer lugar. Por lo tanto, ha superado un proceso suficiente como para reconocer la fijeza. Desde el 7 de noviembre de ese año, 2005, estaba encadenando contratos. En 2010 obtuvo un nombramiento por vacante. Ahora se reconoce su antigüedad por ser fija”, cuenta el abogado Marti.

Para este experto la vía judicial se ha convertido en la única para que los interinos logren su estabilidad laboral. En Cataluña los procesos de estabilización ya están en marcha y una parte importante del total de las 24.000 plazas de interinos, sobre el 95 %, ha logrado su plaza, pese a los primeros problemas existentes. Un modelo a seguir por otras Comunidades Autónomas.

El abogado Pau Albert Martí ha conseguido ocho sentencias de fijeza.

OPOSICIONES NULAS POR VÍA JUDICIAL

Por su parte, en Valladolid el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Valladolid ha anulado la convocatoria de celadores de medioambiente.

El magistrado Francisco Javier Zataraín, en un fallo de 30 de mayo pasado –sentencia 109/2022–, tomo esa decisión por no ser conforme a derecho.

Por vez primera se suspende un proceso selectivo de ingreso de turno libre. La Orden Pre1932/2021, de 28 de julio, convocada antes de la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad

Los argumentos, explica la abogada Eva Victoria Benito, “son dos: el primero la caducidad de la Oferta Pública de Empleo [OPE]; la Junta de Castilla-Leon aprovechó para convocar dentro del plazo de tres años desde que se convocó la propia OPE, pero una vez convocada muchas no se habían desarrollado. Esta impugnada. Aún no había lista de admitidos para los exámenes. La OPE es nula al haber caducado.”.

Otra cuestión importante es la falta de motivación “porque se sacan unas plazas en unos casos y en otros casos, no, en un cuerpo, como el de celadores, donde había muchas plazas vacantes. Nosotros pedimos varias veces en vía administrativa la relación de cuerpos de trabajo y su situación para argumentar sobre la idoneidad de las plazas convocadas, en vía judicial lo hemos logrado. Así se vio que había muchas plazas vacantes y que no estaban justificabas ofertadas que se ofertaban”.

La sentencia impugna un acto anterior tras un acuerdo de la Junta de Castilla-León de diciembre del 2018 y que se basa en la autorización que daba la Ley General de Presupuestos para sacar estas plazas. 

“Hemos impugnado la categoría de capataces de medio ambiente, con fallo en contra. Conseguimos por otra vía, al ser personal laboral, el reconocimiento de indefinido no fijo. Están impugnadas la de ingeniero técnico de Obras Públicas; en el desarrollo del proceso se dictan órdenes. La primera es de oferta. Se hace la relación de aspirantes con oferta de puestas de trabajo Ahí están impugnadas la del cuerpo superior de arquitectos de agentes medioambientales, entre otras. Todas por los mismos motivos, por estar en abuso de temporalidad. Habrá que ver que pasa con esa Ley de Presupuestos del 2018 y si vulnera la Directiva haría nulo todos los actos posteriores”, concluye.

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