Empresas españolas encuentran en las aplicaciones de Inteligencia Artificial su aliado para luchar contra falsificaciones

por | septiembre 23, 2022

Definir una estrategia a nivel normativo que contempla realidades como la regulación para la Inteligencia Artificial (IA) así como la puesta en marcha de un observatorio de tecnología y soluciones disponibles donde sea clave la colaboración publico privada, amén de reducir la dependencia tecnológica de nuestro país, son algunas conclusiones del estudio que ha analizado las aplicaciones de Inteligencia Artificial en defensa de las marcas y derechos de Propiedad Industrial

Este estudio, titulado «Estudio sobre Inteligencia Artificial y la defensa de los derechos de la Propiedad Industrial en España», está promovido desde el Centro de Estudios de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), ha sido realizado por profesionales de ClarkeModet, el mayor grupo internacional de IP en los mercados de habla hispana y portuguesa

En dicho informe se destaca que España puede ser una potencia mundial en estos servicios, pero tiene que superar su dependencia tecnológica.

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha creado un nuevo paradigma en la defensa de los derechos de Propiedad Industrial (PI) afectando tanto a los servicios disponibles en esta área -herramientas de vigilancia, mecanismos de protección basado en tecnología «Blockchain»,  como a los derechos a proteger -metaverso o marcas de tercera generación- e incluso al planteamiento de los titulares de los derechos -como avatares y robots.

Por su parte, Jose Antonio Gil, director de la OEPM, en declaraciones a Confilegal, afirma que “el estudio que hemos patrocinado señala el uso que puede tener las aplicaciones de IA en el mundo de la propiedad industrial. En este caso queda claro que hay una oferta amplia de aplicaciones que puede ayudar a la lucha contra las falsificaciones, como es el caso de las tecnologías blockchain”.

En su opinión “la tecnología, al igual que otras herramientas son un aliado importante para este tipo de conductas ilícitas, al igual que pueden mejorar la eficiencia de otros procesos. Todas las herramientas de IA tienen que ser humanocéntricas, deben estar controladas y ser responsables de sus resultados desde el ser humano”.

A su juicio “dado los costes de estas tecnologías y lo armonizados que están estos sistemas en Europa, es importante que utilizar sistema de este tipo a gran escala, por ejemplo, para la búsqueda patentes o rastreo de productos falsificados o la búsqueda de similitudes en marca tienen que comprarse y actualizar a escala europea. Deben ser las Oficina Europa de Patentes y la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE que al coordinar toda la red avancen en este tema”.

En cuanto a la futura Agencia que supervise el desarrollo de la IA en nuestro país, Gil señala que “este es un organismo que se creará al amparo del Ministerio de Economía y Transformación Digital. Desde esa entidad se buscará la regulación de la IA en nuestro país y dar códigos de buenas prácticas en los usos sectoriales que se haga de dicha tecnología. Es evidente que ayudará a modernizar nuestra administracion digital”.

Este experto se muestra partidario de que se ponga en marcha el observatorio que los expertos de ClarkeModet señalan en el estudio como punto de encuentro entre la colaboración pública y privada.

Sobre los riesgos legales que subyacen del uso de esta herramienta, el director de la OEPM subraya que “cualquier herramienta debe respetar los derechos fundamentales hay que evitar cualquier sesgo algorítimico que pueda llevar a la discriminación en cualquier situación”.

Junto a ello recuerda que “estamos hablando de tecnologías que deben parar ante la mas mínima exigencia de daño a los potenciales consumidores o usuarios y al mismo tiempo esta en el RGPD europeo que regula la privacidad en el continente europeo que debe integrarse en esta tecnología. La reflexión debe ir encaminada en que todas las herramientas deben ser humanocéntricas.

De izquierda a derecha, Marta Millan, directora del área jurídica y relaciones internacionales de la OEPM;  Jordi Momtaña, catedrático y responsable de Centro de Estudios de Andema; Coral Navarro, «IP Consultancy Especialist» de ClarkeModet; Gerard Guiu, director de Andema; y Benjamin Martinez, «Business Intelligence Director» de ClarkeModet.

Sinergias con el sector público

Para Gerard Guiu, director de Andema, “este es un estudio pionero que demuestra la colaboración que una entidad como la nuestra puede hacer con el sector público, presentado por la OEPM. Sirve también para arrancar nuestro Centro de Estudios que gestionará el catedrático emérito de Esade Universidad Ramón Llul, Jordi Montañá para identificar tendencias relacionadas con el mundo de las patentes y las marcas”.

La idea de Andema es ayudar al legislador en todo el desarrollo normativo que se avecina “nuestra entidad está integrada en una organización europea con instituciones similares en otros países. Lo que buscamos es compartir conocimientos y ofrecer nuestra colaboración tanto el legislador nacional de cada país como al comunitario”.

En esas conclusiones se habla de crear un observatorio como punto de encuentro de todos los interlocutores del mundo de la IA “nuestra idea es generar el debate y promover el punto de encuentro entre el sector público y privado, donde la colaboración también será abierta también con Universidades. La idea es identificar los temas y las tendencias que preocupan a nuestro sector”.

Sobre el problema de la regulación normativa de la IA y otras tecnologías “es complicado hacerlo realmente, la tecnología evoluciona de forma notable mientras que la burocracia española y europea ralentiza las tomas de decisiones. Lo tecnológico avanza mucho más rápido que lo legislativo. Seria importante contar con cobertura jurídica pare evitar cualquier asunto”.

Fruto de este estudio Guiu señala que “hemos identificado que estamos liderando el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial en la defensa de los derechos de propiedad intelectual y esto nos honra. Lo importante es que podamos mantenernos en esta línea”.

De acuerdo con el Dr. Jordi Montaña, catedrático emérito de ESADE y director del Centro de Estudios Andema: “la aplicación de la IA a la protección y defensa de la marca, de las empresas y, por ende, a la protección del consumidor final, supone una auténtica revolución que nos planteará nuevos retos casi a diario.

De ahí que sea un tema clave a estudiar para adelantarnos en la medida de lo posible a los riesgos y oportunidades que puedan surgir”.

Dependencia tecnológica

El estudio, el primero que se realiza bajo la supervisión del «think tank» de la asociación, destaca que nuestro país es líder en soluciones de vigilancia con IA aplicadas a la defensa de la propiedad industrial, sin embargo, ocupa el puesto 22º en cuanto al origen de patentes de IA.

Según Benjamín Martínez, «Business Intelligence Director» en ClarkeModet y uno de los autores del estudio junto con Coral Navarro, «IP Consutancy Especialist» de esta entidad, “a pesar de nuestra clara dependencia tecnológica, España ha sabido posicionarse como uno de los mayores proveedores de soluciones basadas en IA para la defensa de los derechos de Propiedad Industrial, especialmente en el mercado de habla hispana”.

“Pero para mantener esta posición es importante definir una estrategia clara y atacar nuestra principal debilidad, la dependencia tecnológica, como señalamos en las recomendaciones finales de este estudio”.

Este experto señala que “los actores implicados en el mundo de la propiedad industrial no tienen dudas de que la IA jugará un papel muy relevante en la creación de nuevas estrategias y métodos de protección de sus derechos”.

A pesar de ello, el 50 % de los encuestados para este estudio identifican el desconocimiento como la principal barrera para su adopción, alejadas de otras razones como el coste (24 %) la inseguridad jurídica (16 %) o su baja eficiencia (7 %), entre otros.

“La investigación nos muestra que hay grandes oportunidades en este mercado, con demandas no cubiertas por los servicios disponibles, especialmente en el área de protección donde las soluciones disponibles no cubren ni el 45 % de la demanda, comenta este experto”.

El informe revela que los usuarios son partidarios y reclaman que se regulen los nuevos mercados y tecnologías, así como que se refuercen los sistemas de protección tradicionales con las nuevas capacidades, pero a diferencia de lo que se pueda pensar, no hay una demanda real en otorgar derechos a los robots.

También señala que “en las diferentes partes del proceso de gestión de los derechos de propiedad industrial , la confianza de los usuarios en estas soluciones es muy desigual. Hay mucha confianza en su aplicación en los procesos más sistemáticos, como los de vigilancia y protección, pero aún hay mucha reticencia sobre su aplicación en área de actuaciones frente a terceros y, especialmente, sobre la resolución de conflictos”.

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