El TSJ de la Comunidad Valenciana da luz verde a la imputación de Mónica Oltra por encubrimiento de abusos a una menor

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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Supeiror de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para investigar a la aforada Mónica Oltra, vicepresidenta del Consejo de la Generalitat valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, y a otras 13 personas por la existencia de «una serie de indicios plurales» que «hacen sospechar la posible existencia de un concierto» entre Oltra y diversos funcionarios para proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada».

Oltra ha sido citada a declarar el próximo 6 de julio a las 10 de la mañana ante el magistrado instructor, Antonio Ferrer Gutiérrez, a quien le ha correspondido tal responsabilidad, abriendo la fase conocida de diligencias previas; de investigación.

El magistrado asumirá el sumario elaborado previamente por el titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, “con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario”. 

Ferrer Gutiérrez ha formado parte del tribunal, junto con Pilar de la Oliva -presidenta del TSJCV- y Vicente Torres Cervera. Los tres han valorado que los indicios incriminatorios eran suficientes para abrir la causa contra la líder de Compromís.

La Sala asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la Consejeria y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos “una conexidad inescindible”. 

Mónica Oltra tiene ante sí tres acusaciones: El Ministerio Fiscal, la Asociación Gobiérnate, de la que es líder Cristina Segui, y el Partido Político Vox.

El TSJCV confirmó el pasado mes de marzo los cinco años de prisión impuestos al educador, Luis Eduardo Ramírez Icardi, exmarido de Oltra por abusos sexuales a una menor tutelada por un delito continuado de abuso sexual, con prevalimiento, a menor de 16 años, con la circunstancia atenuante simple de reparación del daño.

Ramírez Icardi fue juzgado en dos ocasiones. En la primera, en noviembre de 2019, ya fue condenado a cinco años por abusos sexuales. El TSJ ordenó repetir el juicio para la práctica de una serie de pruebas. En la nueva vista, la fiscal añadió a una circunstancia agravante de prevalimiento. Y la Audiencia de Valencia lo volvió a condenar.

La causa contra Oltra fue iniciada por la Asociación Gobiernate mediante querella por cuatro delitos: Un delito contra la integridad moral, otro delito contra la Administración de Justicia en las modalidades de encubrimiento y obstrucción a la justicia, un delito por prevaricación administrativa y otro de malversación de fondos públicos.

La sentencia contra Ramírez Icardi reveló, según Gobiernate, que estando suspendido el expediente disciplinario al marido de Oltra, ésta articuló un expediente paralelo y extemporáneo «con el objeto de construir una imagen distorsionada de la víctima, de denigrarla y hacerla pasar por una mentirosa y una perturbada, cuando en realidad es todo lo contrario».

Una articulación en la que tomaron parte varias personas de su entorno. Por eso, Gobiernate acusó también a la señora Gascó, quien habría sido a persona que ordenó la práctica del expediente parajudicial; Carmen Fenollosa Egea, directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Castellón, de la consejería de Oltra; Francisco Soriano, jefe de la Sección del Menor de la Consellería; María José Navarro, técnico jurídico de la Consellería e instructora del expediente parajudicial; Isabel Añón Miranda, psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores víctimas de abusos sexuales de la Consellería, firmante del informe; Inmaculada Martín, psicóloga de la secciono del menor de la Dirección Territorial de Igualdad de la Consellereía; Isabel Domingo Martín, directora del Centro Niño Jesus, donde sucedieron los hechos ; y Ana Isabel Junquera Márquez, psicóloga del Centro Niño Jesús.

Acusación que después amplió a cinco personas más.

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