El Tribunal Constitucional admite a trámite la demanda de amparo contra los señalamientos tardíos

por | mayo 11, 2022

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite la demanda de amparo presentada por un abogado sevillano, Daniel Sánchez Bernal, por tener que esperar más de tres años para un juicio.

En nombre de su cliente, un recién doctorado, solicitó el pasado mes de diciembre el amparo del tribunal de garantías al considerar que se ha vulnerado el derecho a una tutela judicial efectiva por tener que esperar más de tres años a que se celebre el juicio por una demanda laboral que presentó contra la Universidad de Sevilla.

El 24 de junio de 2021, el Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla admitió la demanda y anunció al abogado que el acto de conciliación y el juicio, en caso de que las partes no lleguen a acuerdo alguno, quedaban fijados para el 7 de noviembre de 2024.

Este letrado señala a Confilegal que los «señalamientos tardíos» son «intolerables», y afirma que la admisión a trámite de su demanda por parte del TC es «un gran triunfo para los justiciables, que son los únicos perjudicados».

Espera que el Tribunal Constitucional «garantice la tutela judicial efectiva y dé ejemplo resolviendo la demanda en un plazo razonable, que sea con anterioridad al juicio señalado». «De no ser así, ¿dónde quedaría la tutela judicial efectiva que garantiza nuestra Constitución», apunta.

Sánchez Bernal también pidió el pasado mes de diciembre apoyo institucional al Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS). Solicitó a la institución que le apoyara porque «no se puede permitir» que se estén señalando juicios para más de dos años vista y, según afirma, aún está esperando respuesta.

En este sentido, asegura que el Colegio «no puede aquietarse» y «tolerar que estos señalamientos se sigan produciendo», porque, a su juicio, «se irán agravando».

Además, este abogado ha solicitado auxilio al Defensor del Pueblo Andaluz «para que requiera al Colegio de Abogados de Sevilla que cumpla con su obligación de responder a su escrito».

También ha puesto el caso de los señalamientos tardíos en conocimiento del resto de colegios profesionales, y ha recibido el apoyo de «muchas instituciones, incluso de la Casa Real», pero lamenta que su propio Colegio «aún no se haya pronunciado».

También presentó dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por considerar un «auténtico despropósito» y un «atropello a los derechos de los justiciables» los juicios tardíos, y recuerda que fueron archivadas. En este sentido, lamenta que el órgano de gobierno de los jueces haya dado carpetazo a este asunto «cuando una de sus funciones es precisamente promover medidas para solucionar esta problemática». Según indica, el CGPJ le vino a decir que se quejara ante el órgano judicial que había señalado la fecha.

Daniel Sánchez Bernal piensa recurrir todos los señalamientos que le pongan más allá del presente año.

«Es notorio que la Administración de Justicia, al menos en lo que respecta al ámbito territorial de Sevilla, padece un mal endémico, la lentitud, la Justicia tardía que, entre todos, tenemos que curar porque una Justicia tardía, no es Justicia», sostiene este abogado.

Además, informa a este diario que en Sevilla, en la jurisdicción de lo Social se están señalando juicios para abril de 2026, en concreto en el Juzgado de lo Social 2, y en el orden civil se están admitiendo a trámite demandas en materia de cláusulas suelo señalando la audiencia previa sine die, como le han transmitido otros abogados para que lo recoja en su demanda de amparo ante el Constitucional.

Este letrado señala que siempre ha habido una alta litigiosidad, pero «no tan abrumadora como en la actualidad, con señalamientos a tres, cuatro o cinco años vista en Sevilla». En su opinión, «la solución no es tanto crear nuevos juzgados, sino reorganizar los medios materiales y humanos y, además, afianzar el anhelado expediente digital».

Según manifiesta, ayer tuvo un acto de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de la Junta de Andalucía en relación a un despido de un cliente en el que se valoraba la improcedencia del despido por, entre otras causas, no abonársele la indemnización. Tuvo la suerte de que la empresa reconociera la improcedencia del mismo. «¿Qué hubiese pasado si no lo hubiera reconocido? Que mi cliente se vería avocado a que su demanda se resolviera dentro de tres o cuatro años», plantea.

Sánchez Bernal también lamenta la «falta de empatía» que percibe por parte de los operadores jurídicos. De hecho, apunta que en el decreto del pasado mes de octubre sobre el caso que ha denunciado ante el TC, la letrada de la administración de Justicia afirma que la situación que ha llevado a las dilaciones existentes en los señalamientos es «sin duda perjudicial para el justiciable». Este letrado se pregunta por qué desestimó entonces el recurso, si está reconociendo que esta situación no se puede permitir por resultar perjudicial para el justiciable.

Según explica, la única solución que aportó la letrada de la administración de justicia pasa por «tomar nota» para el caso de que se produzca desistimiento o conciliación de juicios señalados con anterioridad y se pueda adelantar la fecha de este señalamiento.

En su recurso de amparo, este letrado hace hincapié en que «la solución de tomar nota no satisface ni resulta respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones, ni genera confianza ni seguridad jurídica en el justiciable que ha de resignarse a que su juicio se celebre dentro de tres años y medio».

«No podemos tolerar que siempre sea el justiciable el perjudicado y ante esto nos quedemos de brazos cruzados», concluye este letrado.

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