El Supremo suspende el juicio de Reguant por un error en la tramitación de la causa

por | marzo 1, 2022

El Tribunal Supremo (TS) ha suspendido el juicio a la diputada de la CUP que se negó a responder a VOX en el juicio del ‘procés’, Eulàlia Reguant, al entender que «se ha podido producir un error en la tramitación de la causa» antes de que llegara al Alto Tribunal.

Los magistrados han atendido así a una de las cuestiones previas de la defensa, Daniel Amelang, quien alega una vulneración de los derechos procesales, toda vez que un juzgado madrileño abrió juicio oral sin ser competente para ello, ya que por la condición de aforada de la dirigente correspondía al Supremo.

«Con la finalidad de extremar las garantías, el tribunal va a apoyar la nulidad acordando la retroacción de las actuaciones», ha señalado el presidente del tribunal, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

El TS asignará ahora el procedimiento a un juez instructor, que tendrá que abrir pieza y pedir de nuevo a la Fiscalía que presente su escrito de acusación antes de decidir si acuerda la apertura del juicio oral.

El Supremo tenía previsto juzgar los días 1 y 2 de marzo a Reguant por un delito de desobediencia grave, por negarse a responder en calidad de testigo a las preguntas de VOX, que ejercitaba la acusación particular durante el juicio del ‘procés’, algo que es de obligado cumplimiento para los testigos, quienes deben responder con la verdad a todo lo que se les pregunte.

Esta obligatoriedad está regulada en el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y puede ser penada con hasta un año de cárcel o una multa de hasta 18 meses por un delito de desobediencia.

En febrero de 2019, el tribunal que juzgaba el ‘caso procés’ acordó una sanción de 2.500 euros para Reguant y el diputado de la CUP Antonio Baños, que también se negó a responder a VOX. Las sanciones fueron sufragadas con aportaciones de independentistas a la denominada «caja de solidaridad».

Reguant y Baños, en el juicio del ‘procés’.

En octubre de 2021, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 10 de Madrid, María Antonia de Torres Díez-Madroñero, elevó elevó al Supremo el caso de Reguant, que cuando ocurrieron los hechos era concejal del Ayuntamiento de Barcelona por la CUP, pero desde 2021 es diputada autonómica y, por tanto, aforada.

La Fiscalía la acusa de desobediencia grave. En un principio, pedía seis meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación, pero ha rebajado su petición de pena a cuatro meses.

Durante la sesión, la defensa ha mostrado su oposición a la modificación del escrito de acusación del Ministerio Público. «Se ha aportado de manera extemporánea y sorpresiva», ha señalado Daniel Amelang.

También ha pedido al Supremo que acordara la nulidad del juicio, al considerar que el escrito que presentó la Fiscalía en un primer momento y el auto de apertura de juicio oral son nulos. Desde su punto de vista, «se prescindió de las normas del procedimiento» al no enviar la causa al Alto Tribunal una vez se informó de que era aforada.

«Cuando se formula el escrito de acusación se obvia la condición de aforada. Consideramos que deben retrotraerse las actuaciones para dictarse un nuevo escrito de acusación y nuevo auto de apertura de juicio oral», ha manifestado, y ha alegado también que la vulneración de los derechos procesales de Reguant suponía la nulidad de las actuaciones.

La Fiscalía considera que en este caso «se han superado unos límites irrebasables que no pueden subsanarse» y que el auto de apertura de juicio oral «solo podía dictarse por un magistrado instructor del Supremo».

Así, el tribunal -integrado por los magistrados Miguel Colmenero (presidente), Susana Polo García (ponente), Vicente Magro Servet, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Ángel Luis Hurtado Adrián, Leopoldo Puente Segura y Javier Hernández García– ha acordado suspender el resto de la sesión de hoy y la prevista para mañana.

LA DIRIGENTE DE LA CUP INCUMPLIÓ UNA NORMA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, SUBRAYA LA FISCALÍA

Durante el juicio, la defensa de Reguant ha destacado el hecho de que ya fue sancionada con una multa de 2.500 euros, y ha asegurado que con este procedimiento penal se vulnera su derecho a la libertad ideológica y libertad de expresión.

La Fiscalía ha rechazado estas alegaciones y ha recordado que VOX ejercía la acusación popular. «Era una parte legítima», ha subrayado.

También ha señalado que las libertades alegadas por Reguant, ideológica y de expresión, tienen unas «limitaciones» establecidas en la Constitución.

«Esta claro que las libertades de Reguant no están amparadas en ninguno de los preceptos a los que se han alegado», ha expresado el fiscal Carmelo Quintana, y ha insistido en que la dirigente de la CUP «incumplió una norma que era de obligado cumplimiento».

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