El Supremo anula la sentencia que absolvió a la exjefa de ETA ‘Anboto’ de un atentado frustrado contra policías en 1985 en Vitoria

por | julio 20, 2022

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional que en marzo de 2021 (4/2021, de 29 de marzo) absolvió a la exjefa de ETA María Soledad Iparraguirre Guenetxea, alias ‘Anboto’, de un atentado con coche-bomba preparado en mayo de 1985 en las inmediaciones del polideportivo Mendizorroza, de Vitoria, por haber omitido “con una argumentación no racional” la valoración de una prueba dactiloscópica que “para el fiscal, con fundamento objetivo, tenía un alto valor”.

El objetivo del atentado era causar la muerte de un número no determinado de miembros de la Policía Nacional, todos ellos componentes del servicio de vigilancia que iba a prestarse con motivo del encuentro entre los equipos de fútbol de Vitoria y Lérida, y que constaba de tres furgonetas policiales con una dotación de varios agentes cada una.

El Supremo ha ordenado a la Audiencia Nacional que repita el juicio con un tribunal formado por diferentes magistrados y dicte nueva sentencia.

Así lo ha dictaminado el tribunal de la Sala de lo Penal, en una sentencia de 14 de julio (731/2022), que firman los magistrados Manuel Marchena Gómez (presidente), Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Vicente Magro Servet, Susana Polo García y Antonio del Moral García, que ha sido el ponente.

La causa se siguió contra Iparraguirre por 20 delitos de asesinato en grado de frustración, otro de atentado contra agentes de la autoridad y un delito de estragos.

Los terroristas iban a hacer estallar un coche-bomba inmediatamente antes de la hora de comienzo de la competición deportiva, concretamente a las 17.00 horas del 21 de mayo de 1985. Así, colocaron un coche-bomba enfrente de las taquillas del polideportivo vitoriano, pero la Policía, que había tenido noticia de los dos vehículos que los etarras acababan de robar para realizar la acción, localizaron el coche antes de que estallara y desactivaron el artefacto, que de estallar pudiera haber causado la muerte de un número indeterminado de personas y causado importantes destrozos materiales.

En otra reciente sentencia, 606/2022, de 16 de junio, ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, el Tribunal Supremo también ha anulado, por falta de motivación suficiente, la resolución de la Audiencia Nacional, de 14 de octubre de 2020, que absolvió a José Miguel Latasa Guetaria, alias ‘Fermín’, y a José Antonio López Ruiz, alias ‘Kubati’, de un atentado de ETA que costó la vida a dos guardias civiles, perpetrado el 26 de julio de 1986 en Arechavaleta (Guipúzcoa). Y ha ordenó igualmente a la AN dictar nueva sentencia.

ARGUMENTACIÓN «MANIFIESTAMENTE EQUIVOCADA»

La Fiscalía, cuyo recurso de casación ha estimado ahora el Supremo, reprochó a la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional que hubiese descartado valorar la prueba dactiloscópica sobre unas huellas encontradas en uno de los vehículos robados, que identificaban a Iparraguirre, con el argumento de que sería contradictoria con otro informe del mismo tipo realizado años antes en el que se recogía que no había huellas identificables en el vehículo que, sin duda alguna, había sido ocupado por autores del atentado enjuiciado.

El Alto Tribunal destaca que la argumentación de la sentencia “es manifiestamente equivocada”, ya que “parte de una premisa que, según salta a la vista, es falaz”, puesto que el primer informe no niega que existiesen huellas de la acusada, sino que las huellas se archivaron como anónimas. 

“La comparación pericial con las huellas indubitadas de la acusada solo se realizará a instancia del ministerio Fiscal años después. No existen dos informes contradictorios. Slo existe un único informe pericial. Es patente que el argumento blandido para descalificar una prueba incurre en un grave error que, constatado, permite anular la sentencia pues no se puede considerar que sea prueba irrelevante o no decisiva. Contar con ella altera de forma significativa el cuadro probatorio”, explican los magistrados.

La sentencia de la Audiencia Nacional (Sala Segunda) ahora anulada contó con el voto particular de uno de los tres magistrados que la dictó, Fernando Andreu Merelles, que consideró que había prueba concluyente «plena, válida, adecuada y suficiente» para considerar plenamente probado, y más allá de toda duda razonable, la participación de Iparraguirre como responsable, en concepto de autora, de los hechos enjuiciados, constitutivos de los delitos de asesinato, atentado y estragos de naturaleza terrorista.

Por otra parte, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado recientemente citar como investigados a Anboto y a otros dos exjefes de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, alias ‘Kantauri’; Miguel Albisu Iriarte, ‘Mikel Antza, que formaron parte del «Comité Ejecutivo» de la banda terrorista por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco hace ahora 25 años.

LAS CONDENAS QUE ACUMULA

Esta exjefa de ETA acumula una larga lista de condenas, entre ellas una de 122 años de prisión que le impuso la Audiencia Nacional por ordenar el asesinato del comandante del Ejército de Tierra, Luciano Cotizo Alonso, y suministrar el material explosivo para confeccionar el artefacto con el que se cometió el atentado, ocurrido en León en 1995; una sentencia que ya es firme. Por este crimen también fue condenado a 110 años de cárcel el etarra Sergio Polo Escobés.

Este fue el primer juicio al que Anboto se enfrentó en España tras ser entregada por Francia, donde estuvo 16 años en prisión por pertenencia a organización terrorista.

También ha sido condenada a 39 años de prisión por el asesinato del cartero de la localidad alavesa de Amurrio Estanislao Galíndez, cometido en junio de 1985. La AN consideró probado que en 1985 Iparraguirre se encontraba integrada en el Comando ‘Araba’ de ETA, y que junto con Juan Carlos Arruti y Jose Javier Arizcuren Ruiz, ya condenados por estos hechos, acordaron dar muerte al cartero de Amurrio.

A estas penas se suma otra de 61 años de cárcel por dos atentados. Uno, contra policías que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao, cometido en enero de 1995, en el que murió un agente y otro resultó gravemente herido, y otro cometido contra una entidad bancaria de Gecho (País Vasco) en 1994.

Además, pesa sobre ella otra condena de 46 años de prisión por dos asesinatos frustrados y un delito de estragos, por la colocación en mayo de 1987 de una bomba trampa a las puertas de un bar de la localidad guipuzcoana de Escoriaza.

En septiembre de 2021, ‘Anboto’ aceptó una pena de 15 años de prisión por haber dado la orden de atentar contra el Rey Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en octubre de 1997. Esta acción frustrada también contó con el sello del ‘comando Kattu’ y de los otros dos condenados en este proceso, Eneko Gogeaskoetxea Arronategui y Kepa Arronategi Azurmendi, que también habrían seguido las directrices de ‘Anboto’.

Iparraguirre fue detenida en el país galo en octubre de 2004 junto a su pareja, el que por entonces era máximo responsable del aparato político de la banda terrorista, Mikel Albisu, alias ‘Mikel Antza’. Éste último quedó en libertad en enero de 2021 tras cumplir como ella casi dos décadas de prisión por integración en organización terrorista.

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