El PSOE pretende modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que Delgado sea fiscal de Sala del Supremo cuando cese como fiscal general

por | marzo 30, 2022

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados ha presentado una enmienda al Anteproyecto de Ley de Reforma Concursal en la que propone la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para que quien ostente el cargo de fiscal general del Estado, al ser cesado del mismo adquiera la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo si procede de la Carrera Fiscal, como es el caso de Dolores Delgado, exministra de Justicia y exdiputada por ese partido.

Se trata de la enmienda 603, registrada por el PSOE el pasado 16 de marzo.

La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El cargo de fiscal de Sala del Tribunal Supremo es la máxima categoría profesional y retributiva de la Carrera Fiscal. Delgado es fiscal de segunda categoría. Actualmente está en servicios especiales.

El Anteproyecto de Ley de Reforma Concursal ha sido elaborado y presentado por el Ministerio de Justicia, que se enfrenta a más de 600 enmiendas.

Llama la atención que en una enmienda a una ley mercantil, el PSOE introduzca una reforma al Estatuto Orgánico, que de aprobarse beneficiaría a Delgado, que saltó del Ministerio a la Fiscalía General del Estado directamente.

Del Ministerio de Justicia depende la aprobación de un nuevo Estatuto Orgánico o una modificación estatutaria, de la que ha de emitir informe el Consejo Fiscal. En este caso, el PSOE, por la vía de enmienda, evita ese trámite.

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la Carrera Fiscal, lleva tiempo reclamando un nuevo Estatuto Orgánico para adecuarlo a los tiempos «atendiendo a la necesidad de regular en profundidad los requisitos para el nombramiento del fiscal general del Estado, para evitar las puertas giratorias, de forma que se limite al máximo la posibilidad de injerencia del Poder Ejecutivo sobre dicha figura».

Además, reivindica la autonomía frente al Ministerio de Justicia a nivel presupuestario, de gestión y de reglamentación, y adaptar la institución a la investigación penal que se pretende atribuir a los fiscales. También exige una nueva regulación que limite el poder absoluto del fiscal general del Estado y establezca verdaderos contrapesos frente al mismo.

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