El Ministerio de Cultura cierra nuevo acuerdo de cesión de las obras de la baronesa Thyssen con sociedades de paraísos fiscales

por | abril 8, 2022

Son cuatro las sociedades vinculadas a paraísos fiscales con las que el Ministerio de Cultura presidido por Miquel Iceta, por medio de la Fundación Colección Thyssen Bornemisza, ha firmado acuerdos y compromisos para la cesión de las obras propiedad de la baronesa Thyssen a España: Omicron Collections Limited (domiciliada en las Islas Caymán), Nautilus Trustees Limited (en las Islas Cook), Coraldale Navigation Incorporated e Imiberia Anstalt (en el Principado de Liechtenstein).

La primera de ellas, fundada el 22 de septiembre de 1995, aparece vinculada a los «Papeles del Paraíso» (Paradise Papers), filtración masiva de datos de sociedades mercantiles vinculadas a paraísos fiscales, como se puede ver pinchando en este enlace, donde aparece información sobre sus administradores, apoderados, abogados y hasta auditores.

El 30 de enero de 2020 se publicó en el BOE la Orden CUD/77/2020 del Ministerio de Cultura y Deporte, de 28 de enero, por la que se otorga la Garantía del Estado a 426 obras para su exhibición en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza, en donde aparecen las mencionadas empresas «offshore» radicadas en «paraísos fiscales» como beneficiarias de las garantías otorgadas al Estado por las obras prestadas por la Baronesa Thyssen.

El valor económico total de dichos bienes, las 426 obras cubiertas por esta garantía, es de cuatrocientos un millones setecientos noventa y cuatro mil ciento treinta euros y noventa y tres céntimos (401.794.130,93 euros) según, se puede leer en la disposición segunda de dicha Orden pinchando en este enlace en azul.

Por su parte, en el acuerdo de Adjudicación del Contrato de Arrendamiento de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza por un valor estimado de 97.500.000 euros y un plazo de ejecución de 15 años, aparecen como adjudicatarios la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza (por un importe de 2.600 euros, cifra por cada año de los 15 del contrato), el barón Borja Thyssen-Bornemisza (por un importe de 9.750 por año) y las sociedades «offshore» OMICRON COLLECTIONS, S.L.U (5.514.600 por año) y NAUTILUS, S.L. (973.050 por año), identificadas como si fueran sociedades limitadas españolas, por el «S.L.», si bien en el apartado de país origen del producto o servicio se dice “Andorra”.

Véanse estos datos y más en este enlace primero y en este enlace segundo.

Esta práctica de operar de la baronesa Thyssen por medio de sociedades radicadas en paraísos fiscales la heredó de su difunto esposo, el barón Heini Thyssen, según se relata en un informe (“Mega-Rich use tax Havens to buy and sell masterpieces”, página 88 y siguientes, dentro del volumen “Inside the Global Offshore Money Maze”, editado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), como forma de ocultar su patrimonio y gestionarlo mejor de cara a las disputas familiares entre sus numerosas familias previas (y obviamente de pagar también menos impuestos), y de donde se deduce claramente que los propietarios reales y últimos de las obras alquiladas son la baronesa y su hijo el barón, todo ello consultable en este enlace.

100 MILLONES DE EUROS POR 15 AÑOS DE ALQUILER

En definitiva, el alquiler de unas 426 obras de arte de gusto no por todos compartido, nos va a costar a los españoles durante 15 años casi 100 millones de euros, y ese importe no se va a pagar directamente a sus dueños reales, la baronesa y a su hijo, el barón, con lo que deberían pagar directamente en España al menos por el Impuesto sobre la renta de los no residentes (IRNR) un parte sustancial de lo recibido, sino que se va a perder en los paraísos fiscales por medio de todo un entramado de sociedades «Offshore» elusivas, de los que posiblemente el Fisco español no verá mucho.

Esta es la realidad de lo que pasa cuando se opera con sociedades «Offshore» y lo más lamentable es que sea permitido y auspiciado directamente por el Ministerio de Cultura del socialista Miquel Iceta, que en vez de dedicar su dinero a autores españoles del presente, prefieren el efecto electoralista de ofrecer al público español una colección de arte extranjera cuando aquí el arte español está escondido en los sótanos.

Y para muestra un botón: el Museo del Prado tiene en total 34.680 obras, de las cuales apenas exhibe por falta de espacio en sus Salas un total de 1.739, según datos que me han sido informados por La Ley de Transparencia.

Es evidente que el titular de esa cartera ministerial carece de conocimiento fiscales, y creo que tampoco tiene estudios superiores que le permitan ver más allá de los cuadros que pueda observar o de los flashes de las fotos que le hicieron cuando se firmó este acuerdo.

Es preciso, por tanto, una norma imperativa en el futuro que prohíba taxativamente a entes públicos españoles pertenecientes a las Administraciones Públicas el contratar con sociedades «Offshore» radicadas en paraísos fiscales, tal y como por ejemplo hacen en Rusia.

El Arte también merece una protección fiscal y no podemos olvidar la cantidad de expolio artístico que sufrió España hasta 1939, en particular por esos intermediarios de subasteros en las principales plazas angloamericanas, como por ejemplo Nueva York y Londres.

Es fundamental un nuevo régimen legal que proteja a España de las prácticas fiscales depredadoras provenientes de paraísos fiscales que afectan al Arte que se exhibe en nuestros Museos.

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