El letrado Herrera precisa que Miguel Torres Álvarez ejerce de procurador y abogado de “forma consecutiva”  

por | marzo 5, 2022

El letrado Enrique Herrera Aguilar envió ayer otra “carta de rectificación” a Confilegal “rectificando” la anterior “carta de rectificación”, del jueves, en la que si algo queda claro es que, de claro, no queda nada.  

Herrera Aguilar niega que su cliente, Miguel Torres Álvarez, venga ejerciendo “simultáneamente” de abogado y procurador desde 2010, desde hace 11 años y 6 meses. Afirma que «es totalmente falso». Porque Torres Álvarez lo ha venido haciendo «de forma consecutiva».

Sin embargo, no hay constancia de que, para ejercer “consecutivamente”, la profesión de procurador y la de abogado se haya dado de baja, “consecutivamente”, en cada uno de los colegios ni que lo haya comunicado a ninguna de las corporaciones de derecho público.

Con ello, Herrera Aguilar está haciendo un ejercicio de trilerismo lingüístico.

Por otra parte, el censo del Consejo General de la Abogacía Española lo dice muy claro: Torres Álvarez figura colegiado como abogado desde el 9 de septiembre de 2010. Lo publicamos ayer. Pero es necesario recordarlo:

Pantallazo del Consejo General de la Abogacía Española en la que se puede ver con claridad que el procurador Miguel Torres Álvarez figura como ejerciente desde el 1 de septiembre de 2010 con el número 88.915 –en el Colegio de Abogados de Madrid, aunque no lo dice–. Es decir, desde hace 11 años y 6 meses. Y que la información es válida desde el 2 de marzo pasado. Hace tres días.

Si esto no implica que Torres Álvarez haya ejercido la abogacía desde esa fecha, entonces, ¿para qué se colegia como ejerciente?

Para dejarlo del todo claro: Torres Álvarez ha venido ejerciendo de abogado y procurador desde el 9 de septiembre de 2010. Por lo tanto, lo que hemos publicado en Confilegal es la verdad

Si un abogado se colegia como ejerciente en el Colegio de Abogados de Madrid es para ejercer como abogado cuando le interesa. No puede haber otra interpretación.

Para dejarlo del todo claro: Torres Álvarez ha venido ejerciendo de abogado y procurador desde el 9 de septiembre de 2010. Por lo tanto, lo que hemos publicado en Confilegal es la verdad.

LA LEY PROHÍBE QUE UN ABOGADO O PROCURADOR PUEDAN EJERCER LAS DOS PROFESIONES

La Ley 15/2021, desde el 23 de octubre pasado, lo prohíbe de forma expresa. Hay reserva de actividad. Se es una cosa o la otra, pero no las dos.

Así lo establece su artículo 1.4:  “NO SIENDO POSIBLE SIMULTANEAR NI LA COLEGIACIÓN COMO EJERCIENTE EN UN COLEGIO DE ABOGADOS Y EN UN COLEGIO DE PROCURADORES NI EL EJERCICIO DE AMBAS PROFESIONES”.

Lo ponemos en mayúscula y negrista para que quede claro porque algunos parecen no entender el español.

Y también con un pantallazo del artículo en cuestión:

A día de hoy, Torres Álvarez está colegiado en el Colegio de Procuradores de Guadalajara y en el Colegio de Abogados de Madrid. Y ejerce de forma simultánea y consecutiva que, para el caso, es lo mismo, de abogado y procurador.

El letrado Herrera vuelve a hacer otro ejercicio de trilerismo lingüístico cuando afirma, además, que le corresponde a la “Comisión Europea” autorizar “expresamente” cualquier “reserva de actividad no prevista en dicha Ley, lo que a día de hoy no ha sucedido”. Una opinión. Su opinión.

No queda claro si se refiere a la Ley de Enjuiciamiento Civil, reformada en 2009, o a la de 2021.

En cualquier caso, aquí la Comisión Europea no tiene nada que decir. La Ley vigente es la 15/2021, de 23 de octubre, y dice con claridad lo que dice: No se puede ser abogado y procurador al mismo tiempo.

Está prohibido.

NO PUEDE NEGAR QUE SU CLIENTE Y ÉL ESTÁN INVESTIGADOS

Por otra parte, en su carta del jueves, el letrado Herrera Aguilar negaba que hubiera una querella contra miembros de la Asociación de Defensa del Procurador, de la que forma parte Torres Álvarez y de la que es miembro el propio letrado.

“No es cierto que la ‘procura madrileña’ haya interpuesto ninguna querella contra miembros de la Asociación de Defensa del Procurador (ADP) por delito alguno”, escribía ayer el letrado.

Y falta a la verdad. Porque en el Juzgado de Instrucción 40 de Madrid, del que es titular el magistrado Enrique de la Hoz, tiene abiertas las diligencias previas 1830/2017 contra el propio letrado Herrera y el abogado-procurador Torres Álvarez por un presunto delito de falsificación de documento público.

Una denuncia que fue interpuesta por el Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) que, repito, está vivo. El magistrado decretó el sobreseimiento provisional sobre ambos dos, pero el ICPM lo ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, al igual que el letrado Herrera y su cliente, el abogado-procurador Torres Álvarez.  

Y en la misma, hoy por hoy, figuran como denunciados e investigados, los tres: Enrique Herrera Aguilar, Miguel Torres Álvarez e Isabel Martín Antón.

Por cierto, en esta causa el abogado-procurador aparece como procurador de sí mismo y de su amigo.

La Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación dice que «La rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar». Es evidente que lo que hace el letrado Herrera en «la carta de rectificación» –esta última– de la «carta de rectificación» anterior es rectificar lo irrectificable y es que Torres Álvarez figura como abogado y procurador colegiado desde el 9 de octubre de 2021, que tanto él como su cliente aparecen como investigados en la mencionada causa del Juzgado de Instrucción 40 y que, además, vierte opiniones jurídicas que no están cubiertas, en absoluto, por el mencionado derecho que invoca.

Dicho esto, desde Confilegal consideramos que el letrado Herrera Aguilar queda explicado muy bien, con sus propias palabras.

CARTA DE RECTIFICACIÓN DE LA CARTA DE RECTIFICACIÓN DEL LETRADO ENRIQUE HERRERA AGUILAR

Le remito la presente en representación de mi cliente D. Miguel Torres Álvarez, y en el mío propio, y en relación con la noticia publicada en su diario el día de hoy titulada “El abogado de Miguel Torres Álvarez reconoce en «una carta de rectificación» que éste es abogado y procurador ejerciente”, y al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para que en el plazo de tres días naturales siguientes al de la recepción de la presente proceda a publicarla sin comentarios ni apostillas.

No es cierto que D. Miguel Torres Alvarez venga ejerciendo simultáneamente como abogado y procurador de forma simultánea desde el año 2.010, y de hecho no lo ha hecho nunca.

Es totalmente falso que D. Miguel Torres Alvarez ejerza como abogado desde el 1 de septiembre de 2.010, por consiguiente es totalmente falso que lleve ejerciendo desde hace 11 años y seis meses.

El hecho de que le censo del Consejo General de la Abogacía Española indique que D. Miguel Torres Alvarez es colegiado en el ICAM desde el año 2.010 no implica que ejerciera la abogacía desde esa fecha.

Cualquier Ley española que contravenga normativa comunitaria resulta inaplicables por los Juzgados y Tribunales españoles en virtud del principio de primacía del derecho de la Unión, y en todo caso, la Ley 15/2021, de 23 de octubre, no establece el carácter retroactivo de la misma, con lo que obviamente no puede afectar a situaciones creadas previamente a su promulgación.

Efectivamente D. Miguel Torres Alvarez ejerce ambas profesiones de forma consecutiva, pero nunca simultáneamente, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 23 LEC, que en todo caso fue derogado por la Ley 17/2009, de 23 de diciembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que no prevé incompatibilidad alguna para el ejercicio por la misma persona de ambas profesiones, debiendo autorizar expresamente la Comisión Europea cualquier reserva de actividad no prevista en dicha Ley, lo que a día de hoy no ha sucedido.

Efectivamente el Juzgado de Instrucción nº 40 de Madrid ha archivado el procedimiento a que usted se refiere. En el caso de Dª. Isabel Martín Antón decretando el sobreseimiento libre -se la acusaba de falsificar su propia firma, entre otras- y en el caso de

D. Miguel y D. Enrique, se ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo, lo que hemos recurrido solicitando el sobreseimiento libre, porque se nos acusaba de falsificar las firmas de nuestros compañeros de la ADP que ante notario y tres veces ante el Juzgado han reconocido que las firmas cuya falsedad les imputaban los integrantes de la Junta de Gobierno del ICPM son suyas y realizadas por ellos. Todo ello con la aquiescencia del Ministerio Fiscal que así también lo ha solicitado.

Obviamente no se pueden convertir las dilgencias previas en procedimiento abreviado cuando a día de hoy el Juzgado ha decretado el sobreseimiento libre respecto de Dª. Isabel, ya confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid, y el Juzgado ha decretado el archivo y sobreseimiento provisional respecto de nosotros. Por otro lado dicho Juzgado de Instrucción nunca dictó resolución teniéndonos por investigados, ni nos informó de nuestra condición en la causa, ni por supuesto nos informó de sus derechos, consciente del nulo recorrido de la denuncia a la vista del acta notarial existente.

Obviamente ejerceremos inmediatamente las acciones civiles y penales legalmente previstas en relación con lo expuesto en su artículo.

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