El juez del caso Ghali mantiene como investigada a la exministra González Laya

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El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, instructor del caso Ghali, ha acordado el archivo provisional de la investigación sobre el exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino. Sin embargo, ha desestimado la petición de la Abogacía del Estado de cerrar las diligencias sobre la exministra Arancha González Laya.

En un auto del 10 de marzo, el magistrado Rafael Lasala Albasini ha desestimado parcialmente la solicitud que hicieron los servicios jurídicos del Estado, que pedían el archivo de la investigación sobre ambos en el marco del procedimiento sobre la entrada en España del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Lasala concluye que todo parece apuntar a que Villarino tan solo fue informado desde Interior de la pendencia de causas penales contra Ghali cuando ya llevaba varios días en España

Los servicios jurídicos del Estado insistían en que los hechos acreditados en el marco de la investigación «no son constitutivos de delito alguno» y que procede, por tanto, que «no se alargue innecesariamente una instrucción» respecto de sus defendidos, «por las afecciones y consecuencias desfavorables que para ellos supone».

El líder del Frente Polisario llegó el 18 de abril de 2020 en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche. 

La madrugada del 2 de junio salió de España rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El instructor de la Audiencia Nacional no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que apuntaran a Ghali.

La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh), por su parte, ha recurrido ante el Tribunal Supremo el archivo para Ghali de la querella por genocidio.

La ministra González Laya declaró como investigada el pasado mes de octubre y afirmó que la entrada de Ghali en España fue «de acuerdo con la Ley». Se negó a contestar a las acusaciones acogiéndose a la Ley de Secretos Oficiales. En una reciente entrevista en la Cadena Ser ha asegurado que la entrada del líder del Frente Polisario fue una decisión «política» y ha defendido que España tiene «una tradición humanitaria» a la que «no quiere renunciar».

LA FISCALÍA PEDÍA EL ARCHIVO PROVISIONAL RESPECTO A AMBOS, LAS ACUSACIONES POPULARES SE OPONÍAN

La Fiscalía pidió el archivo provisional respecto a ambos investigados, mientras que las acusaciones populares se opusieron.

El magistrado coincide con el Ministerio Fiscal en que sería oportuno el archivo provisional «al menos en cuanto a la falsedad documental atribuida a los dos representados por la Abogacía», en referencia a la exministra y su exjefe de gabinete.

«Hasta el momento no se ha conseguido indicio alguno de que participaran en la falsificación de un documento de identificación personal o en la presentación del mismo en el Hospital de San Pedro, de Logroño», manifiesta.

El juez considera que «tampoco cabe hablar de un encubrimiento de los delitos por los que se investigaba a Brahim Ghali en dos causas distintas de un Juzgado Central de Instrucción». Señala que el encubrimiento implica que los investigados debían conocer la comisión del delito, «algo difícilmente predicable».

En cuanto a la posible prevaricación, que ha sido el motivo principal de la instrucción hasta el momento, el juez indica que «no es fácilmente apreciable, sobre todo respecto de Camilo Villarino por lo que más adelante se dirá, si bien aún no puede desecharse su existencia al momento actual».

El juez Lasala explica que «lo realmente trascendente a los efectos de la prevaricación» es aclarar si se decidió asistir a Brahim Ghali y permitir su acceso a España «a sabiendas de que estaba interesada su declaración como investigado en dos causas penales e intentada su localización en varias ocasiones, acordando no comunicar nada al Juzgado Central de Instrucción» y «asegurando igualmente las condiciones necesarias para que nadie lo pudiera hacer».

ACCIÓN DIRIGIDA POR SÁNCHEZ

El juez expone que, teniendo en cuenta que participaron autoridades y funcionarios de Exteriores, Interior y Defensa, lo que le dice la ley es que «el presidente del Gobierno dirigía esta actuación conjunta».

Señala que promovida la cuestión por la titular de Asuntos Exteriores tras recibir una llamada desde Argelia, la decisión última correspondía al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «sabiendo los ministros de Interior y de Defensa que por tal decisión habían de comunicar a determinadas Autoridades y funcionarios de sus departamentos que siguieran las instrucciones que diera Camilo Villarino sobre este particular».

El magistrado indica que «todo parece apuntar» a que Villarino «tan solo fue informado desde el Ministerio de Interior de la pendencia de causas penales contra Ghali cuando ya llevaba varios días en España (…) sin que antes se le hubiera informado sobre tal particular por quien le escogió como profesional muy cualificado para gestionar la llegada a España».

El juez concluye que Villarino es «alguien ajeno al núcleo de personas que hubieran sabido del interés judicial sobre Brahim Ghali».

El instructor expone que es «poco» lo que se ha conseguido en el marco de la investigación y que, a la espera de alguna diligencia encaminada fundamentalmente hacia la acreditación de la posible falsedad y otra sobre ficheros policiales, «es sumamente improbable encontrar algún indicio más, más aún cuando han sido invocados frecuentemente deberes de secreto profesional cuando no la Ley de Secretos Oficiales».

Indica que las gestiones del Ejecutivo «reflejan la buena voluntad de quien decide ayudar al enfermo y una actitud humanamente irreprochable», pero destaca que el médico responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Logroño llegó a advertir de que la atención médica que Ghali había recibido en Argelia era «prácticamente» la misma que hubiera recibido en Logroño.

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