El juez británico rechaza que el Rey emérito pueda recurrir el fallo sobre su inmunidad y ordena que siga el proceso

por | marzo 29, 2022

El juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Justicia de Londres, ha acordado hoy que el Rey emérito Juan Carlos I no pueda recurrir su decisión de seguir adelante con el proceso abierto contra él por la demanda de su examiga Corinna Larsen por supuesto acoso al entender que carece de la inmunidad propia de los soberanos.

No obstante, la defensa de Juan Carlos I, a cargo del bufete Clifford Chance, puede pedir el permiso para recurrir el dictamen de Nicklin del pasado jueves de que no goza de tal inmunidad en Reino Unido tras su abdicación en 2014. Según ha informado su defensa, encabezada por Daniel Bethlehem, pedirán autorización para recurrir «lo antes posible» y, si esta corte lo autoriza, presentarán el recurso antes del 30 de mayo.

El juez Nicklin rechazó darle el permiso para recurrir al considerar que había quedado claro que los actos que se le atribuyen al emérito se llevaron a cabo a nivel personal y no fueron de carácter de Estado.

Los abogados de la demandante han pedido en la sesión de hoy que la parte contraria se haga cargo de las costas judiciales por 299.000 euros, pero el juez ha señalado que este aspecto se dirimirá más adelante, y ha puntalizado que ambas partes «tienen recursos suficientes».

En su demanda, Corinna Larsen acusa tanto al Rey emérito como a los servicios secretos españoles de «vigilancia ilegal» en el Reino Unido y de hostigarla desde 2012 mediante amenazas, difamación y espionaje encubierto.

Larsen pidió a los tribunales que reclamaran al Rey emérito una indemnización -cuyo montante no ha trascendido- por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» y por la contratación a «exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno» para que interviniesen con el fin de «poner fin al acoso» que dice haber recibido por parte de Juan Carlos I.

Asegura que el CNI, su entonces titular Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el de Juan Carlos I, la pusieron tanto a ella como a personas de su entorno «bajo vigilancia física que incluía vehículos y personal vigilancia, invadir su propiedad en la que residía y espiar en sus teléfonos y ordenadores».

En su auto del pasado 24 de marzo, el juez Nicklin indicó que después de su abdicación, si bien el emérito «ha disfrutado de cierto estatus y privilegios» previstos en el Real Decreto 470/2014, y sigue formando parte de la Familia Real Española con el «estatus especial y sin precedentes de rey emérito», es igualmente claro que «sólo hay un Rey de España y jefe del Estado de España y, desde el 19 de junio de 2014, ese es su hijo, el Rey Felipe VI«.

Rechazaba así que el estatus de emérito pueda ser considerado como de soberano y sumaba a esto que la inmunidad personal está restringida a los actos que realice alguien como jefe de Estado. El juez aludió a una sentencia relativa a Augusto Pinochet para recordar que «sería una afrenta a la dignidad y soberanía del Estado que personifica y una negación de la igualdad de los Estados soberanos» si no puede ser sometido a la jurisdicción de los tribunales por actos públicos o asuntos privados.

Nicklin puso como ejemplo que de hacer caso de los argumentos de la defensa del emérito, Juan Carlos I podría entrar en una joyería de Hatton Garden y robar un anillo de diamantes, sin que tuviera que hacer frente a ningún proceso civil o penal en esta jurisdicción. También destacó que la defensa del emérito en ningun caso ha presentado evidencia de que sea miembro de la Casa del Rey Felipe VI: «No se ha presentado ninguna prueba por o en nombre del Estado español, o el Rey Felipe VI, afirmando que el acusado es parte de la Casa del Rey».

En su resolución, el juez pidió a la demandante que aclare los hechos que imputa al exjefe del CNI Félix Sanz Roldán.

Tras la decisión de hoy del juez Nicklin, el abogado de Larsen, Robin Rathmell, ha manifestado que el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado los recientes intentos por parte de Juan Carlos I de frustrar el avance de la denuncia. Así, ha valorado positivamente las decisiones del juez en el procedimiento y espera que sirvan para que se limite acciones encaminadas a producir demoras en el mismo.

Recientemente, la Fiscalía ha archivado todas las investigaciones sobre el Rey emérito en España. La inviolabilidad, las prescripciones y regularizaciones fiscales diluyen los indicios de delito contra Juan Carlos I.

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