El juez Adolfo Carretero medita embargar los bienes de los comisionistas por la compra de mascarillas

por | abril 8, 2022

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero Sánchez, medita embargar los bienes a los empresarios Luis Medina Abascal -hijo menor de Naty Abascal y el anterior duque de Feria Rafael Medina, ya fallecido- y Alberto Javier Luceño Cerón, contra los que la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado por presuntamente cobrar comisiones millonarias en la compra de material sanitario para la ciudad de Madrid durante la primera ola de la pandemia.

La Fiscalía ha pedido la medida para asegurar la recuperación de lo supuestamente estafado, y el magistrado medita hacerlo, según ha podido saber Confilegal de fuentes jurídicas.

El representante del Ministerio Público los acusa de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020.

El juez Adolfo Carretero citará a declarar a Luis Medina y a Alberto Luceño después de Semana Santa. Fuentes jurídicas señalan que se les llamará a declarar previsiblemente a partir del próximo 25 de abril, a falta de concretarse el señalamiento judicial. También tomará declaración a los testigos necesarios para esclarecer los hechos.

Las diligencias no son secretas y el magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que el Consistorio se personaría en la causa como perjudicado con el objetivo de «ejercer todas las acciones que correspondan para que en caso de que hubiera habido una estafa, el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero».

TRES CONTRATOS QUE COSTARON 10,8 MILLONES AL AYUNTAMIENTO

Según relata la Fiscalía en la querella, Alberto Luceño y Luis Medina, «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China». Señala que Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y «su amistad con un familiar del alcalde de Madrid», un extremo que ha negado la alcaldía.

La Fiscalía explica que se le facilitó el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones, y desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación».

Asimismo, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia, pero «en realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista», expone el representante del Ministerio Público.

Conforme a estas gestiones, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid -como compradora- y la compañía malaya EEE -como vendedora para adquirir material sanitario-.

Según la Fiscalía, las transferencias recibidas por Luis Medina corresponden a la comisión pactada entre la empresa EEE y él, de un dólar por mascarilla (un millón de dólares en total -915.000 euros-). «De esto se infiere que el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 dólares -2.460.647,16 euros- y que los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 dólares; es decir, el 148% del precio real del producto», manifiesta.

Añade que en el caso de los guantes de nitrilo, Alberto Luceño había asegurado al cargo del Ayuntamiento que se trataba de «guantes de 40 mm de longitud, de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo», pero que los guantes que se recibieron el 8 de abril de 2020 eran de «ínfima calidad y que solo llegaban hasta la muñeca».

La Fiscalía sostiene que también en este caso se había pactado una comisión igual para ambos querellados, por la que se obtendrían cuatro millones de dólares en comisiones (el 426% del precio real del producto), y a las que Medina y Luceño renunciaron para «intentar contentar al Ayuntamiento de Madrid», visto el fracaso de la operación y ante las quejas de la mala calidad de los guantes.

Apunta que también se pactaron comisiones de unos dos millones de dólares por la compra de test rápidos, pero que «la mayoría de las pruebas que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosas» y la persona del Ayuntamiento contactó con Luceño para que al menos ese lote se devolviera al vendedor y se recuperara el precio pagado por el mismo. De acuerdo a la Fiscalía, Luceño «contestó que el vendedor no estaba dispuesto a devolver el precio, pero sí a enviar una nueva remesa de reactivos para realizar los test. Sin embargo, no consta que hasta la fecha se hayan enviado nuevos reactivos ni que se haya corregido de otra manera el defecto de sensibilidad de los test».

EL MATERIAL QUE RECIBIÓ

Las operaciones, según explica el Ministerio Público, costaron al Ayuntamiento de Madrid unos 10,8 millones de euros, obteniendo «un millón de mascarillas que, a pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas»; así como dos millones y medio de pares de guantes de nitrilo, de calidad «muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido, y por los que este pagó aproximadamente el cuádruple del precio que tenían ese tipo de guantes en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas».

También recibió 250.000 test Covid-19, de los que casi una cuarta parte (60.000) eran inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7%), y otra parte importante (115.000) eran, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80%), manifiesta.

4,6 MILLONES DE EUROS EN COMISIONES, CON LOS QUE HABRÍA ADQUIRIDO BIENES DE LUJO

«Como contrapartida, Alberto Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 5.100.000 dólares -4,6 millones de euros-, mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal», asegura la Fiscalía.

Afirma que con este dinero, el empresario costeó una estancia en un hotel de Marbella con un coste de 60.000 euros y tres relojes Rolex con costes de 6.550 euros, 26.000 euros y 9.900 euros. El dinero también se destinó, según explica, a la compra de un Aston Martin DB11 (160.000,00 euros); un Ferrari 812 Superfast (355.000 euros), un Mercedes AMG GT 63S (149.999,01 euros); otro Mercedes SCL 300 (54.500 euros); un Range Rover Sport (102.000 euros); un KTM X BOW (91.800 euros); y un BMW I8 Roadster (121.000 euros)

Con excepción del Aston Martin, estos vehículos fueron facturados a la sociedad de la que Alberto Luceño es administrador y accionista único, y a la que imputó el cobro de las comisiones percibidas por las operaciones de compraventa de material sanitario», según apunta.

Asimismo, afirma que pagó una vivienda en Pozuelo de Alarcón con tres plazas de garaje y un trastero por más de un millón de euros, y se gastó otro millón de euros en la compra de más vehículos de alta gama como un Lamborghini Huracan Evo Spider y un Porsche Panamera.

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