El juez abre una investigación a Presencia por supuesto delito de falsedad en relación a su denuncia contra Delgado y Zapatero

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Tras recibir los Juzgados de Talavera de la Reina testimonio proveniente de la Audiencia Nacional (AN) por la posible comisión de un delito de falsedad por parte del exmagistrado Fernando Presencia Crespo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Talavera de la Reina ha incoado diligencias previas, una investigación.

El caso parte de la denuncia que interpuso Presencia y la Asociación Contra la Corrupción y Defensa de la Acción Pública (ACODAP), que preside, contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputándoles los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

La AN la rechazó por considerar que está basada en documentación falsa. El magistrado Joaquín Gadea Francés, del Juzgado Central de Instrucción 6, rechazó la admisión de la denuncia, destacando que los documentos que presentaba Presencia adolecen «de cualquier sustento mínimo que haga verosímil la denuncia, limitándose el denunciante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo mínimamente objetivo que permita apreciar ni siquiera de forma inicial su credibilidad, lo que conlleva a que se rechace de plano la apertura de un procedimiento penal para su comprobación, tal como pretende el denunciante».

Pero Gadea fue más allá y la remitió a los Juzgados de Talavera de la Reina para que allí –donde tiene su domicilio Presencia– el juez de instrucción al que le corresponda investigue si todo ha sido una invención, una denuncia falsa, y actúe judicialmente en consecuencia.

En este momento, no hay ninguna novedad judicial en el procedimiento, al estar las diligencias previas en una fase muy inicial.

Recientemente, Presencia, que fue expulsado dos veces de la carrera judicial por corrupción -en concreto por prevaricación, por dictar dos sentencias a sabiendas de que eran injustas- también ha saltado a primera plana tras atacar a los magistrados del Supremo que tienen la decisión final sobre su condena de 2 años y 10 meses de prisión que le impuso el Juzgado de lo Penal de Talavera de la Reina por delitos de calumnias y denuncia falsa contra el fiscal decano de ese municipio de Toledo, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, confirmada después en apelación por la Audiencia Provincial.

Como ha venido informando Confilegal, en los últimos meses, Presencia ha cargado, a través de su asociación, contra los 16 magistrados que componen la Sala de lo Penal, ha denunciado a 9 de ellos y recusado al resto. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, con estas prácticas el exmagistrado estaría tratando de impedir que la Sala de lo Penal pueda formar tribunal para enjuiciarlo en un futuro y con ello evitar su entrada en prisión, si el fallo final fuera la inadmisión de su recurso de casación, ya que tiene antecedentes penales.

Para sustanciar las denuncias aportó fotocopias de supuestos documentos que había recibido, de no se sabe qué procedencia, a través del buzón de su asociación.

Sin embargo, la denuncia pública de Marchena, en forma de escrito al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por las imputaciones «radicalmente falsas» y «calumniosas» vertidas por este expulsado de la carrera judicial contra los componentes de su Sala, dio un vuelco al caso, ya que, Lesmes ha enviado la denuncia a la Fiscalía General del Estado, según han informado a este diario fuentes del Consejo.

Denuncia que se une a otras que algunos magistrados habían presentado previamente contra Presencia ante la Fiscalía.

Cabe destacar también que el procurador de Presencia es Miguel Torres Álvarez, quien «compaginó» como abogado ejerciente sin poder serlo, como destapó Confilegal.

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