El impacto de la pandemia mantiene colapsada la jurisdicción social: necesita más medios y juzgados

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Las alertas se han disparado en la jurisdicción social. Un informe elaborado por el sindicato UGT subraya que la duración media de procedimientos urgentes se alarga hasta 6 meses, y la de los ordinarios hasta los 11 meses.

La sobrecarga de trabajo para los jueces es tan notable que, a duras penas, sacan adelante los cientos de asuntos que les llegan.

Es preocupante para los trabajadores que ven un retraso en la estimación de sus procedimientos y también es complicado para los abogados que no siempre gestionan con diligencia estos asuntos.

El panorama puede complicarse más si en este otoño al que estamos llegando se recrudece la crisis económica y los cierres de empresa, lo que podría generar más conflictividad social y más actividad en nuestros juzgados

Fernando Luján, secretario confederal de UGT, advierte que “la situación es preocupante. La jurisdicción social está abandonada. No se invierte en los medios económicos necesarios. La oficina judicial no se pone en funcionamiento con las nuevas tecnologías. Los recursos humanos son escasos. Habría que incrementar la plantilla judicial, tanto de jueces, como de letrados de la Administración de Justicia como de funcionarios”.

En su opinión, “la coyuntura se torció desde 2010, con la crisis económica, donde se habilitaron juzgados por la tarde. En 2012, se fue deteriorando, aunque la  puntilla ha sido la pandemia, en estos dos últimos años. Y no ha habido medios para atenderlo. Tampoco se ha puesto en marcha una oficina judicial virtual ni se ha modificado la ley procesal que es de 2011 y que podría mejorarse”.

Desde UGT se reclama que se apruebe el Proyecto Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, con objeto de mejorar este servicio público esencial y reducir los tiempos de los procedimientos

Según Luján, deben crearse nuevos juzgados de lo Social. “A todo esto el Consejo General del Poder Judicial [CGPJ] está en funciones, casi en plena parálisis, porque no puede nombrar a magistrados del Supremo. Se van a producir vacantes por jubilación. Eso implica que aquellos aspectos de la reforma laboral que interprete el Tribunal Supremo podría verse al final de la década”.

En dicho informe, se subraya que la duración media de los procedimientos ha crecido de forma notable. La mayor duración se produce en Andalucía, pero también en Baleares y Murcia.

Desde UGT se reclama que se apruebe el Proyecto Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, con objeto de mejorar este servicio público esencial y reducir los tiempos de los procedimientos.

Al mismo tiempo ponen el acento sobre la necesidad de aumentar el número de recursos materiales y humanos de la Administración de Justicia. “Esto pasaría por crear más tribunales de instancia y oficinas judiciales digitales”, comenta Luján.

También se pide que se renueve el CGPJ, cuyo papel debe ser entre otras cuestiones el de fomentar y vigilar la tutela judicial social para que llegue efectivamente a las personas trabajadoras y a las empresas.

Fernando Luján, secretario confederal de UGT.

UGT también recuerda su demanda de recuperar la regulación de los salarios de tramitación, previa a la reforma laboral impuesta por el Gobierno del Partido Popular en 2012, porque eso ayudaría a que los trabajadores puedan obtener una reparación material de las dilaciones indebidas que se produzcan en los juzgados y no tengan que soportar un menor peso de negociación en conciliaciones y mediaciones previas.

UGT también defiende impulsar los medios de solución de conflictos extrajudiciales, como forma de alcanzar una pronta solución a los conflictos evitando su excesiva judicialización. Algo que deben promover las Administraciones Públicas.

Los jueces reclaman más medios

Según Carlos Javier Galán, magistrado del Juzgado de lo Social 2 de Algeciras, “en las últimas décadas, las crisis económicas, la supresión de los salarios de tramitación con el efecto disuasorio que tenían, la mayor complejidad de las relaciones laborales, la mayor complejidad legislativa, etc., cambios a los que no han acompañado ni las necesarias adaptaciones procesales ni una adecuada dotación de medios, han elevado la carga que padecen los juzgados de lo social y a unos tiempos de respuesta elevados, que en algunos lugares son particularmente inaceptables”.

Indica que, en la actualidad, el módulo que el CGPJ considera adecuado para un juzgado de lo Social es de 800 asuntos, incluidas ejecuciones.

“En nuestro órgano judicial generalmente superamos el millar. Hay otras ciudades donde están muy por encima”, revela.

“Los tribunales de instancia podrían ser una solución muy interesante para optimizar los medios y, sin embargo, tal y como se han diseñado se pueden acabar convirtiendo en un mero cambio de nomenclatura”, asegura el magistrado Carlos Javier Galán

Habitualmente señala que “los juicios en casi todos los juzgados suelen celebrarse dos días por semana, porque compartimos salas y porque hay que contar con el resto de días para hacer las sentencias y el resto de trabajo”-

También destaca que “la mayor parte de los juzgados de lo Social suelen señalar en torno a 12 juicios cada día. En nuestro caso hemos estado en unos 15 de media, aproximadamente”.

A su juicio, “los tribunales de instancia podrían ser una solución muy interesante para optimizar los medios y, sin embargo, tal y como se han diseñado se pueden acabar convirtiendo en un mero cambio de nomenclatura”.

También recuerda que “en la jurisdicción Social, donde ya existe desde siempre una cultura negociadora, deberían potenciarse y profesionalizarse los medios extrajudiciales de resolución de conflictos, para que no todo termine en pleitos y porque las soluciones de este tipo son más satisfactorias para las partes en algunos casos».

Carlos Javier Galán es magistrado del Juzgado de lo Social 2 de Algeciras.

Galán propone algunas reformas procesales “para adecuar el procedimiento social a las nuevas realidades».

Es partidario que revisar el sistema de  notificaciones. En cuanto a las vistas, «se pueden agilizar regulando mejor la prueba e incluso prescindir de las mismas en algunos casos, por ejemplo en asuntos administrativos donde sólo haya prueba, asi como mejoras de las ejecuciones de las sentencias y excepciones procesales que surjan”.

Este jurista considera que “las Administraciones Públicas deberían ser un modelo de cumplimiento y no provocar ellas mismas una parte nada desdeñable de la litigiosidad, algo que se ha tomado como normal y que a mi juicio no lo es en absoluto. De hecho recuerda que uno de cinco pleitos tiene que ver con la Seguridad Social”.

Los abogados, contrariados

Por su parte, Alicia Moro, asociada senior de Sagardoy Abogados, dedica tres días de su semana laboral a los juicios. “Muchos de los procedimientos laborales son de escasa cuantía. Hablamos de reclamaciones de cantidad; de impagados. Junto con procedimientos de derechos fundamentales y de Seguridad Social, que cada vez son más. Da la sensación que ahora se discute todo. El procedimiento laboral ha perdido su agilidad que le era característico”, señala

Sobre los procedimientos monitorios que se aplican a asuntos menores de 6.000 euros, esta abogada opina que “muchos de estas reclamaciones tienen esa cuantía y llegan a los juzgados, pero no se tramitan por el monitorio. Se ha utilizado muy poco y no ha sido todo lo ágil que se planteaba. Es un fallo importante porque en la práctica no se ha conseguido agilizar esta jurisdicción”.

“La pandemia ha sido una etapa importante en cuanto a la suspensión de procedimientos sobre derechos fundamentales, todavía no se ha absorbido esos procedimientos que se suspendieron. No se ha vuelto a la normalidad”, cuenta Alicia Moro

En cuanto a los señalamientos, reconoce que “depende del juzgado donde toque. Ahora puede darse la circunstancia de que un procedimiento de reclamación de cantidad se vea antes que un despido, metidos por la misma causa y trabajador, cuanto no se podían acumular las demandas, pese a que el despido es un procedimiento urgente”.

Este tipo de asuntos “en primera instancia pueden tener una duración de once meses, desde la presentación de la demanda y la sentencia. Eso en Madrid. Ahora acabamos recibir un procedimiento de reclamación de cantidad en Almería para julio del 2026. Andalucía tiene muchos problemas de gestión de juicios. Las dilaciones son importantes”.

Alicia Moro es abogada Asociada de Sagardoy e integrante de la Junta Directiva de ASNALA.

Esta jurista es consciente del aumento de la litigiosidad y de la amplitud del concepto de lo social tras la aprobación de la Ley de Jurisdicción Social en 2011.

“La pandemia ha sido una etapa importante en cuanto a la suspensión de procedimientos sobre derechos fundamentales, todavía no se ha absorbido esos procedimientos que se suspendieron. No se ha vuelto a la normalidad”.

En cuanto a las soluciones, esta abogada señala que los juzgados necesitan refuerzos estables y más medios. “Nuestro colectivo puede hacer mucho para resolver este tipo de cuestiones. A la hora de plantear las demandas hay que hacer un análisis de si hay que pedir toda la prueba que se pide. Muchas de las suspensiones de los procedimientos son evitables porque hay casos donde no se citan a todas las partes de la demanda”, remacha.

GRADUADOS SOCIALES, ACTORES CLAVE

Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales, resalta que el colapso de la jurisdicción social es impresionante. “Cada vez se ha ido incrementando más y durante la pandemia se ha consolidado una bolsa de asuntos pendientes de todo tipo. La solución pasa no solo por tener más juzgados y funcionarios y jueces, sino por la colaboración de todos los operadores jurídicos”.

Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales

Para este experto, “el Ministerio de Justicia esta contribuyendo con unas leyes de eficacia digital y procesal que van a venir muy bien. Al mismo tiempo el papel de los graduados sociales puede ser clave. Además de la colaboración con el Ministerio de Justicia en el desarrollo de estas normativas, también seria interesante nuestra incorporación al turno de justicia, en este caso con la representación técnica gratuita de todos los justiciables”.

El presidente de los Graduados Sociales señala que su colectivo estaría dispuesto a colaborar de la manera que fuera necesaria para descongestionar en la jurisdicción social en la medida que nos corresponda, pero no solo acompañando y representando al justiciable, sino colaborando con el Ministerio de Justicia  de una manera decisiva para  que nuestra aportación fuera más plena en este contexto”.

Desde su punto de vista  no cree que la recuperación de los salarios de tramitación que reclaman varios operadores jurídicos fuera útil en este afán por recuperar la jurisdicción social. “Sin embargo, el potenciar los métodos extrajudiciales antes del pleito es una alternativa en la que nuestros profesionales pueden colaborar.”

Galbaldón cree que “hay que implantar la mediación de forma decidida en la jurisdicción social, también hay que retomar la conciliación administrativa. No puede ser un mero trámite que no sirva para agilizar el proceso. Los graduados sociales podemos ayudar a que esa conciliación administrativa sea efectiva”.

En opinion de este jurista “esta claro que la jurisdicción laboral va a tener un otoño caliente con más actividad pese a la congestión de los juzgados. En este contexto el papel de los graduados sociales es de ser un actor clave para colaborar con todas las cuestiones que se van a poner en marcha. Una justicia que es lenta no es justicia y reduce los derechos de los ciudadanos”

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