El Gobierno rectifica su respuesta a Cs sobre las dificultades del acceso al beneficio de justicia gratuita como consecuencia de las subidas del SMI

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El Gobierno ha rectificado su respuesta a Ciudadanos de que al elevarse el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se había producido la exclusión de determinados núcleos familiares del beneficio de justicia gratuita.

Ahora dice que «se produjo solamente en 2020», según ha trasladado al vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto del partido en el Congreso, Edmundo Bal Francés.

El Ejecutivo explica que «ese mismo año se puso solución a dicha circunstancia con la entrada en vigor de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que aumentó las cuantías del IPREM (que habían permanecido sin variar en 2018, 2019 y 2020)».

El Gobierno espera que las Cortes Generales aprueben el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 «para que entre en vigor una nueva actualización del IPREM».

Edmundo Bal formuló el pasado 3 de septiembre varias preguntas al Ejecutivo sobre las consecuencias de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en el acceso a la justicia gratuita, atendiendo las reivindicaciones de la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo), que llegó a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, por la dificultad para acceder a la justicia gratuita al no ajustarse el IPREM al salario mínimo.

Pidió al Gobierno que explicara, por escrito, qué medidas tiene previstas «para evitar que las anunciadas subidas del SMI no agraven las dificultades de acceso a la justicia gratuita de las personas con menos recursos».

Tras la primera respuesta del Gobierno confirmando los temores de Altodo, que ahora rectifica, esta asociación denunció el aumento del salario mínimo sin acompasarlo con el incremento del IPREM, dejando fuera del beneficio del acceso de justicia gratuita.

Volvió a denunciar este tema durante la entrega del premio que su asociación concede anualmente a quienes han contribuido a la dignificación del turno de oficio, que este año ha otorgado a Confilegal. Altodo señaló que el Gobierno reconoció lo que la asociación lleva meses denunciando.

«Es la primera vez que veo una corrección de errores de una respuesta del Gobierno», ha manifestado Bal a este diario.

El vicesecretario general de Cs, abogado del Estado en servicios especiales, hace hincapié en que el IPREM «lleva sin revalorizarse mucho tiempo, de manera que al no crecer proporcionalmente en la misma medida que el SMI hace que pequeñas subidas salariales dejen fuera del derecho a la justicia gratuita a muchas personas en esta época de pandemia donde mucha gente va a tener que litigar para resolver sus problemas». 

Denuncia que «el Gobierno no atiende así a los colectivos más desfavorecidos cuando la solución legal es sencillísima: Volver a inexar el derecho a la justicia gratuita al SMI y no al IPREM». 

Bal exige al Gobierno que «se deje ya de excusas, haga estas reformas (bien actualizar el IPREM, bien indexar al SMI) y no deje a nadie atrás respecto al acceso al servicio público de la Justicia».

Preguntado Juan Manuel Mayllo, presidente de Altodo, sobre la matización del Gobierno en su respuesta, señala en primer lugar «que es grave que el Ejecutivo reconozca que durante 2020, el año en el que se produjo la pandemia y más necesidad de ayuda jurídica tenían los ciudadanos, determinados grupos quedaron fuera del beneficio de justicia gratuita».

También destaca que «la solución que ha adoptado el Gobierno lo que ha hecho es que puedan acceder las familias monoparentales, pero deja fuera a las familias formadas por parejas con o sin hijos si los dos miembros de la unidad familiar cobran el salario mínimo».

Altodo entiende que el problema «sigue sin estar solucionado» y espera que la administración adopte las medidas necesarias para corregirlo.

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